Desde que se supo de la gravedad de la pandemia y las medidas que algunos países estaban tomando para evitar la crisis económica, sostuve que México debía adelantarse y construir un diálogo con quienes generan empleo: las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes); es decir, crear junto con los empresarios y los inversionistas los mecanismos que mitigaran las dificultades económicas que se proyectaban.
El acuerdo era fundamental para evitar que las empresas y los comercios cerraran y se produjera la pérdida de empleo, más cuando en 2019 la economía mexicana se contrajo 0.1%. Siempre he sostenido que el gobierno debió implementar un agresivo programa de apoyo a los generadores de empleo y que este debía incluir, entre otras cosas, un aplazamiento de impuestos, prórroga de créditos obtenidos antes de la pandemia, otorgar préstamos a tasas bajas, considerar algún subsidio a la nómina y otorgar un salario solidario para los trabajadores, pero también un subsidio temporal en el costo de los servicios básicos de los millones de hogares: luz, agua y renta.
Hoy, que está por terminar el primer mes del segundo semestre de 2020 y los datos oficiales sobre la pérdida de empleo no son muy halagadores, no se tiene contemplado ningún programa de apoyo a las mipymes. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde febrero (cuando había en el país 20’613,536 empleos) se han perdido 1’140,677 empleos formales (en marzo 130,593; en abril, 555,247; en mayo, 344,526, y según el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 20 de julio, 27,000 empleos). Estos datos son solamente de trabajadores registrados con seguridad social, pero existen más estadísticas.
La primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que publicó en junio, muestra que 12.5 millones de personas perdieron su empleo en abril. Según el INEGI, estas personas estaban en un estado de suspensión laboral debido a la pandemia, no tenían ingresos para subsistir el aislamiento ni la certeza de que a su término lograrían tener un empleo.
La covid-19 ha impactado severamente a los que menos tienen, ya que más de 10 millones de personas se suman a la población que carecen de recursos para adquirir la canasta básica, pagar sus servicios o adquirir bienes; el análisis realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que para el segundo trimestre de 2020 el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentó del 37.3% al 45.8%.
Este alargamiento de la pandemia y la crisis económica también repercutirá en otras áreas fundamentales para el crecimiento de un país: la educación. Al elevarse la cantidad de empresas que ya no abrirán, y con ello el desempleo, el incremento de personas en pobreza también impactará negativamente en la educación básica a distancia, ya que sin los recursos suficientes para satisfacer las necesidades más apremiantes, el contratar los servicios de alguna herramienta tecnológica será imposible para los hogares más pobres.
Al igual que en el país, en Sinaloa la situación es grave. De 590,235 empleos formales que se tenían en marzo, se han quedado sin trabajo 61,230 personas (en abril, 21,900; en mayo, 24,122, y en junio, 15,208). Ante estos datos, el futuro no se ve muy claro, pues el trabajo formal escasea, el desempleo va en aumento y se vislumbra que las condiciones de los trabajadores formales serán mucho más estrictas para obtener contratos laborales estables.
Por otro lado, es importante resaltar que aunque la reforma de pensiones, hecho por el presidente y el Consejo Coordinador Empresarial, es considerada como un avance, esta sólo beneficiará al 24% de la Población Económicamente Activa (PEA) que cuentan con una afore y que empezaron a trabajar desde 1997. Recordemos que la PEA se divide en el 60% que trabaja de manera informal, el 12% que tiene aún el régimen de 1972, el 4% que labora para el gobierno y el 24% que cotiza bajo la ley de 1997.
¿Por qué abordar el tema de pensiones ante la crisis económica? Los pronósticos de crecimiento no son nada favorables. Algunos analistas señalan que la economía decrecerá del 8% al 11%, se estima que más de 500 mil empresas cerrarán, el desempleo es el más alto en muchos años y las personas que no contarán con una pensión digna por parte de la seguridad social es del 74%, y si a esto le sumamos las medidas de la reforma de pensiones (que entrarán en vigor en 2022 y durará 8 años para su implementación total): el incremento del porcentaje del salario de retiro del 6.5% al 15%, la reducción de las semanas requeridas para el retiro (de 1250 a 750 semanas), el aumento de la pensión —en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario de cotización— del 80% (al pasar de 2289 a 4345 pesos), las mipymes tendrán que hacer un gran esfuerzo por sobrevivir y recuperarse pronto.
Así pues, la realidad es que hoy el trabajo escasea, pues no hay una política económica que genere certidumbre entre los inversionistas, los programas sociales para abatir la pobreza y la inseguridad no están dando resultados. Por ello, es importante que se reconsidere el papel del sector público en esta crisis económica.
Recordemos que el Estado es el responsable de garantizar la cobertura universal de salud, de canalizar un presupuesto justo a la educación, de garantizar que los trabajadores tengan empleo con protección social; sin embargo, estos objetivos no los puede lograr solo, por lo que es necesario y fundamental para el desarrollo del país lograr acuerdos con los empresarios, los inversionistas y con todas las mipymes.
Considero que este es un buen momento para replantear lo que no funciona y volver a trazar las estrategias y planes de crecimiento económico, así como cambiar la mentalidad ante los nuevos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo y adaptarnos, sobre todo para que los más desfavorecidos puedan tener mayores oportunidades de sobrevivir. Si puede quédese en casa.
