Definitivamente nadie puede negar que apenas al terminar la cuarta parte del actual gobierno federal, hay suficientes pruebas de que México camina hacia un nuevo régimen social, económico y político, dejando atrás un viejo modelo de relaciones sociales.
El reciente anuncio de la existencia de un acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno, para presentar una iniciativa de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que fortalezca el sistema de pensiones, comunica una revolución en la esfera laboral de nuestro país. Contra todos los pronósticos de opositores que le apostaban a que el Gobierno promovería un esquema de estatización en el manejo de las afores, el sorpresivo acuerdo tripartita significa reformar el actual régimen de inversión para diversificar riesgos y permitir que las afores puedan invertir en más instrumentos financieros que les permitan obtener mejores rendimientos. No solo eso, hay el compromiso de que habrá una reducción del cobro de comisiones a estándares internacionales en un plazo breve.
El incremento total de la tasa de cotización del 6.5 al 15 por ciento, donde la parte patronal eleva dicha aportación del 5.15 al 13.87 por ciento y la modificación de la composición de la aportación del Gobierno para beneficiar a los de menores ingresos, habla de un acuerdo que echa por tierra la opinión de una mala relación entre empresarios y el jefe del Poder Ejecutivo federal.
Y un tercer gran beneficio para los trabajadores es la reducción impresionante de 1,250 semanas (25 años) a 750 (15 años) de cotización para el acceso a una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores con derecho a una pensión se incrementan de 56 a 97 por ciento y la pensión garantizada incrementa su cobertura de 34 a 82 por ciento de los trabajadores.
Este círculo virtuoso se complementa con la reforma al artículo cuarto constitucional de este año, para que los adultos mayores tengan el derecho a recibir una pensión que apoye sus gastos de manutención en la vejez. Por su carácter universal, estos recursos, junto a la pensión laboral, contribuyen a consolidar un ingreso digno y decoroso para este sector de la población, después de concluir su etapa económicamente activa.
Es importante señalar que la justicia laboral empezó a llegar desde los primeros meses del gobierno lopezobradorista y la instalación de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Primero fue la presentación de una nueva política salarial al incrementar hasta el 16% el salario mínimo en 2019 y hasta el 20% en 2020, cuando desde 1976 el poder adquisitivo del salario perdió más del 70%. Es importante destacar que con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el mundo laboral se seguirá transformando. Incrementar los salarios es un compromiso ineludible en ello.
En el marco de la llamada cuarta transformación se ha invertido la concepción en la relación trabajo-capital. El viejo régimen corporativista le apostó a la depresión salarial. Bajos salarios, decían, para atraer la inversión y mantener la competitividad. El incremento de la productividad se basaba en miserables salarios de los trabajadores y la carencia de derechos sindicales. Ahora, el factor salarial, su incremento es lo que aporta a la productividad y al combate de la desigualdad social.
Por ello la reforma laboral de 2019 se hizo en favor de los trabajadores y la economía del país, echando por tierra la reforma peñanietista. En ella se establecieron normas que rigen el derecho individual al trabajo, el derecho colectivo, que implica la libre sindicalización y el derecho al voto libre y secreto para elegir a los dirigentes y una reforma procesal profunda que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje y crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En esta reforma sobresale la intervención del Poder Judicial en los juicios laborales. Asimismo la prohibición de descuentos salariales a los trabajadores y el reconocimiento formal al trabajo del hogar, entre otros temas relevantes que buscan mejorar las relaciones laborales, con preferencia en los intereses de los trabajadores.
Para cerrar esta etapa de cambios, en la semana que corre, el Senado de la República nombra al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para cumplir con el mandato de la reforma laboral de 2019. Y será en los primeros días del mes de septiembre cuando discutirá y aprobará la minuta de reforma para fortalecer el sistema de pensiones en México. A pesar de la crisis sanitaria, será un año esperanzador para los trabajadores, lo que deberá reflejarse en su calidad de vida y la de sus familias. He aquí una nueva muestra de la expansión del estado de bienestar en México.
