/ martes 15 de octubre de 2019

Revocación de mandato

Si todo sigue como lo planeado, hoy en el Senado de la República se analizarán, discutirán y aprobarán las reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitan regular la revocación de mandato.

De acuerdo con el dictamen, serán los ciudadanos quienes deberán solicitar la revocación de mandato al Instituto Nacional Electoral (INE), y para ello tendrán que recolectar las firmas del 3% del padrón electoral nacional, lo que equivale a más de 2 600,000 firmas. La consulta la implementará el INE y la recolección de firmas deberá ser entregada al instituto tres meses antes de que se realice dicha consulta.

El porcentaje requerido es un exceso si consideramos que para formar un partido político solo se requiere el 0.26% del padrón electoral. En caso de que se revoque el mandato al presidente de la República, será el presidente del Congreso de la Unión quien asumiría el puesto para concluir el mandato de quien fue removido, y convocaría de inmediato a elecciones. La revocación deberá ocurrir en los primeros tres meses del cuarto año de ejercicio de su mandato y se podrá solicitar por una sola ocasión.

En caso de los gobernadores, el dictamen señala que la solicitud ciudadana sea a la mitad del mandato constitucional y las legislaturas locales serán las que definirán el porcentaje mínimo de firmas para solicitar la revocación.

Un servidor, acompañado de los ciudadanos Rosario Sánchez Zataraín y Robespierre Lizárraga Otero, con el apoyo de 227,000 sinaloenses, presentamos una iniciativa ciudadana en México, el 25 de septiembre de 2014, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato.

Esta iniciativa se propone reformar el artículo 41 de la Constitución Política, pero agregaba un apartado B para que la revocación de mandato abarcara al presidente de la República, los senadores, los diputados federales, los gobernadores, los diputados locales, los presidentes municipales, los síndicos procuradores, los regidores y los funcionarios de primer nivel de los tres órdenes de gobierno, así como para los titulares de los organismos autónomos y descentralizados.

En esta propuesta ciudadana propusimos que las autoridades idóneas para llevar el procedimiento de revocación de mandato sean el INE, en materia federal, y las autoridades electorales locales, las que podrían constituirse como los órganos responsables.

Esta iniciativa ciudadana no fue tomada en cuenta por una razón: la cámara de origen de la iniciativa que se discutirá en el Senado fue la de diputados, y los senadores en su revisión no pueden adherir otra propuesta de iniciativa cuyo origen no sea la Cámara Alta.

Considero que este avance legislativo es fundamental para la vida política democrática de nuestro país. Sin embargo, dicho esfuerzo resulta insuficiente, ya que se excluye a los demás funcionarios que fueron elegidos mediante el voto de los ciudadanos y que, en un momento de su mandato, pueden hacer uso indebido de su poder, y no existe un procedimiento para quitarlo. Si el pueblo pone, que el pueblo los pueda quitar.

La importancia de la revocación de mandato reside en el control ciudadano sobre el ejercicio del poder. De esta manera, los votantes pueden fiscalizar a quienes toman las decisiones públicas, estableciendo un nexo de responsabilidad entre el funcionario público y sus gobernados. Por tanto, si no se cumple con los programas de gobierno, o lo está haciendo mal, el pueblo puede dar por terminado su mandato.

En pocas palabras, de aprobarse hoy estas reformas, la revocación de mandato será un instrumento que la Carta Magna les otorgue a los ciudadanos para que el presidente de México y muchos otros funcionarios cumplan con su obligación de Estado.

De haber existido la revocación de mandato, como los sinaloenses lo propusimos, muchos de los actuales presidentes municipales ya habrían sido removidos.

En suma, la revocación de mandato la debemos de considerar como la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos y las autoridades, las cuales fueron elegidas mediante el voto ciudadano.

Que pasen una excelente semana.

Si todo sigue como lo planeado, hoy en el Senado de la República se analizarán, discutirán y aprobarán las reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitan regular la revocación de mandato.

De acuerdo con el dictamen, serán los ciudadanos quienes deberán solicitar la revocación de mandato al Instituto Nacional Electoral (INE), y para ello tendrán que recolectar las firmas del 3% del padrón electoral nacional, lo que equivale a más de 2 600,000 firmas. La consulta la implementará el INE y la recolección de firmas deberá ser entregada al instituto tres meses antes de que se realice dicha consulta.

El porcentaje requerido es un exceso si consideramos que para formar un partido político solo se requiere el 0.26% del padrón electoral. En caso de que se revoque el mandato al presidente de la República, será el presidente del Congreso de la Unión quien asumiría el puesto para concluir el mandato de quien fue removido, y convocaría de inmediato a elecciones. La revocación deberá ocurrir en los primeros tres meses del cuarto año de ejercicio de su mandato y se podrá solicitar por una sola ocasión.

En caso de los gobernadores, el dictamen señala que la solicitud ciudadana sea a la mitad del mandato constitucional y las legislaturas locales serán las que definirán el porcentaje mínimo de firmas para solicitar la revocación.

Un servidor, acompañado de los ciudadanos Rosario Sánchez Zataraín y Robespierre Lizárraga Otero, con el apoyo de 227,000 sinaloenses, presentamos una iniciativa ciudadana en México, el 25 de septiembre de 2014, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato.

Esta iniciativa se propone reformar el artículo 41 de la Constitución Política, pero agregaba un apartado B para que la revocación de mandato abarcara al presidente de la República, los senadores, los diputados federales, los gobernadores, los diputados locales, los presidentes municipales, los síndicos procuradores, los regidores y los funcionarios de primer nivel de los tres órdenes de gobierno, así como para los titulares de los organismos autónomos y descentralizados.

En esta propuesta ciudadana propusimos que las autoridades idóneas para llevar el procedimiento de revocación de mandato sean el INE, en materia federal, y las autoridades electorales locales, las que podrían constituirse como los órganos responsables.

Esta iniciativa ciudadana no fue tomada en cuenta por una razón: la cámara de origen de la iniciativa que se discutirá en el Senado fue la de diputados, y los senadores en su revisión no pueden adherir otra propuesta de iniciativa cuyo origen no sea la Cámara Alta.

Considero que este avance legislativo es fundamental para la vida política democrática de nuestro país. Sin embargo, dicho esfuerzo resulta insuficiente, ya que se excluye a los demás funcionarios que fueron elegidos mediante el voto de los ciudadanos y que, en un momento de su mandato, pueden hacer uso indebido de su poder, y no existe un procedimiento para quitarlo. Si el pueblo pone, que el pueblo los pueda quitar.

La importancia de la revocación de mandato reside en el control ciudadano sobre el ejercicio del poder. De esta manera, los votantes pueden fiscalizar a quienes toman las decisiones públicas, estableciendo un nexo de responsabilidad entre el funcionario público y sus gobernados. Por tanto, si no se cumple con los programas de gobierno, o lo está haciendo mal, el pueblo puede dar por terminado su mandato.

En pocas palabras, de aprobarse hoy estas reformas, la revocación de mandato será un instrumento que la Carta Magna les otorgue a los ciudadanos para que el presidente de México y muchos otros funcionarios cumplan con su obligación de Estado.

De haber existido la revocación de mandato, como los sinaloenses lo propusimos, muchos de los actuales presidentes municipales ya habrían sido removidos.

En suma, la revocación de mandato la debemos de considerar como la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos y las autoridades, las cuales fueron elegidas mediante el voto ciudadano.

Que pasen una excelente semana.

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