/ martes 28 de abril de 2020

Por un gran acuerdo nacional ante la pandemia

Con la aparición del COVID-19 a finales de diciembre, el mundo está viviendo situaciones extraordinarias, entre ellos conflictos económicos no vistos en los últimos cien años. Todos los países están siendo afectados y los gobiernos obligados a tomar drásticas medidas como cerrar oficinas y negocios no esenciales e impedir que los ciudadanos salgan a la calle.

En México, a pesar de que su aparición fue a finales de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo estaba bien y que el sector salud estaba preparado, pero la realidad se impuso y demostró un contexto adverso que preocupó a los ciudadanos, a los empresarios, pero sobre todo a los trabajadores del sector salud que no contaban ni cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia.

Desde principios del año, los medios de comunicación y los trabajadores de salud estuvieron señalando las deficiencias de los hospitales y las clínicas públicas del país, pero también los inversionistas —ante los nulos resultados económicos de 2019— se mostraron preocupados porque desde el Ejecutivo federal las señales no eran claras y no generaban confianza en quienes crean millones de empleos.

Muchas voces se han pronunciado para que las medidas económicas que el gobierno instrumente incluyan propuestas de la sociedad, los organismos empresariales, los gobernadores y hasta de los analistas, para que la recuperación sea mucho más rápida y afecte menos a los trabajadores.

El 22 de abril, el presidente publicó un decreto donde da a conocer un plan para enfrentar la crisis económica y el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, donde se establece que se reducirán los sueldos de altos funcionarios y no tendrán aguinaldos, desde subdirectores hasta la presidencia; no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros; se cancelarán 10 subsecretarías —sin decir cuáles—, entre otras acciones.

Hasta hoy, las medidas económicas decretadas no trastocan las propuestas que diversos sectores han estado reiterando como la suspensión de la obra del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de las seis refinerías, la construcción de 100 universidades públicas, la terminación del tren México-Toluca, el espacio cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, el aeropuerto de Santa Lucía, el rescate de Pemex, entre otros proyectos.

En un momento dado se habló de una tregua para concentrarse en encontrar las mejores medidas para enfrentar la pandemia, lo que implicaba un gran acuerdo de los mexicanos. Sin embargo, la tregua planteada no duró ni siquiera un día y por lógica no se alcanzó a concretar ese acuerdo nacional que la mayoría espera.

Para muchos empresarios, las medidas unilaterales que el gobierno está tomando pone en riesgo la convivencia democrática. El pasado jueves el presidente envió una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual tiene el objetivo fundamental, en caso de “emergencia económica”, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda reorientar el Presupuesto de Egresos y destinarlo a programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno en turno.

Con esta iniciativa, la Cámara de Diputados estaría renunciando a la autorización de la reasignación del gasto, dejando sin facultad, control y responsabilidad al Poder Legislativo sobre los recursos que ejerce la federación, atentando así contra la división de poderes, los contrapesos y el orden constitucional. Así lo demuestra la adición del artículo 21 TER de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

“En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

Con esta medida, la Cámara de Diputados no podrá objetar el destino del presupuesto asignado, pues el Ejecutivo podrá cambiarlo argumentando “emergencia económica”.

Aunque reconocemos la alta representación popular con la que llegó al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, también debe entenderse que hay muchas voces que exigen se escuchen y atiendan las propuestas que sectores importantes de la sociedad le han hecho llegar.

Señor presidente, considero importante realizar una pausa en el camino y convocar a todas las voces para llegar a un Acuerdo Nacional sin romper el orden constitucional ni atentar contra la división de poderes. En las democracias actuales juegan un papel significativo los contrapesos políticos y la plena división de poderes, y por ello estoy convencido de que, en el marco del gran problema que vive el mundo, el diálogo es una vía adecuada para salir avante.

Señor presidente, no podemos dejar que se pongan en riesgo las instituciones de un país que mucho nos ha costado construir. Esta nación no es propiedad de grupos políticos; eso es, precisamente, lo que hemos criticado y luchado por años, y usted en especial le ha hecho un valioso aporte a la transformación de la nación.

Es la hora de que fortalezcamos la división de poderes, es momento de no permitir que las instituciones se debiliten, es momento de reconocer los contrapesos para poder trabajar en unidad por el bien de México.

Gracias, y a cuidarse y a cuidar a la familia.

Con la aparición del COVID-19 a finales de diciembre, el mundo está viviendo situaciones extraordinarias, entre ellos conflictos económicos no vistos en los últimos cien años. Todos los países están siendo afectados y los gobiernos obligados a tomar drásticas medidas como cerrar oficinas y negocios no esenciales e impedir que los ciudadanos salgan a la calle.

En México, a pesar de que su aparición fue a finales de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo estaba bien y que el sector salud estaba preparado, pero la realidad se impuso y demostró un contexto adverso que preocupó a los ciudadanos, a los empresarios, pero sobre todo a los trabajadores del sector salud que no contaban ni cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia.

Desde principios del año, los medios de comunicación y los trabajadores de salud estuvieron señalando las deficiencias de los hospitales y las clínicas públicas del país, pero también los inversionistas —ante los nulos resultados económicos de 2019— se mostraron preocupados porque desde el Ejecutivo federal las señales no eran claras y no generaban confianza en quienes crean millones de empleos.

Muchas voces se han pronunciado para que las medidas económicas que el gobierno instrumente incluyan propuestas de la sociedad, los organismos empresariales, los gobernadores y hasta de los analistas, para que la recuperación sea mucho más rápida y afecte menos a los trabajadores.

El 22 de abril, el presidente publicó un decreto donde da a conocer un plan para enfrentar la crisis económica y el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, donde se establece que se reducirán los sueldos de altos funcionarios y no tendrán aguinaldos, desde subdirectores hasta la presidencia; no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros; se cancelarán 10 subsecretarías —sin decir cuáles—, entre otras acciones.

Hasta hoy, las medidas económicas decretadas no trastocan las propuestas que diversos sectores han estado reiterando como la suspensión de la obra del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de las seis refinerías, la construcción de 100 universidades públicas, la terminación del tren México-Toluca, el espacio cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, el aeropuerto de Santa Lucía, el rescate de Pemex, entre otros proyectos.

En un momento dado se habló de una tregua para concentrarse en encontrar las mejores medidas para enfrentar la pandemia, lo que implicaba un gran acuerdo de los mexicanos. Sin embargo, la tregua planteada no duró ni siquiera un día y por lógica no se alcanzó a concretar ese acuerdo nacional que la mayoría espera.

Para muchos empresarios, las medidas unilaterales que el gobierno está tomando pone en riesgo la convivencia democrática. El pasado jueves el presidente envió una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual tiene el objetivo fundamental, en caso de “emergencia económica”, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda reorientar el Presupuesto de Egresos y destinarlo a programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno en turno.

Con esta iniciativa, la Cámara de Diputados estaría renunciando a la autorización de la reasignación del gasto, dejando sin facultad, control y responsabilidad al Poder Legislativo sobre los recursos que ejerce la federación, atentando así contra la división de poderes, los contrapesos y el orden constitucional. Así lo demuestra la adición del artículo 21 TER de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

“En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

Con esta medida, la Cámara de Diputados no podrá objetar el destino del presupuesto asignado, pues el Ejecutivo podrá cambiarlo argumentando “emergencia económica”.

Aunque reconocemos la alta representación popular con la que llegó al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, también debe entenderse que hay muchas voces que exigen se escuchen y atiendan las propuestas que sectores importantes de la sociedad le han hecho llegar.

Señor presidente, considero importante realizar una pausa en el camino y convocar a todas las voces para llegar a un Acuerdo Nacional sin romper el orden constitucional ni atentar contra la división de poderes. En las democracias actuales juegan un papel significativo los contrapesos políticos y la plena división de poderes, y por ello estoy convencido de que, en el marco del gran problema que vive el mundo, el diálogo es una vía adecuada para salir avante.

Señor presidente, no podemos dejar que se pongan en riesgo las instituciones de un país que mucho nos ha costado construir. Esta nación no es propiedad de grupos políticos; eso es, precisamente, lo que hemos criticado y luchado por años, y usted en especial le ha hecho un valioso aporte a la transformación de la nación.

Es la hora de que fortalezcamos la división de poderes, es momento de no permitir que las instituciones se debiliten, es momento de reconocer los contrapesos para poder trabajar en unidad por el bien de México.

Gracias, y a cuidarse y a cuidar a la familia.