Ante la judicialización que hicieran la oposición y algunos empresarios dueños de empresas privadas de electricidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual modificaría el despacho de las centrales eléctricas para dar prioridad a la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad sobre la de los privados, publicada como decreto en marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, el pasado 30 de septiembre, una nueva iniciativa de reforma, ahora de rango constitucional en materia eléctrica.
La iniciativa propone cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta entrega comentaré dichos cambios de manera sucinta.
En primer lugar, se asume que la seguridad energética es un tema de seguridad nacional, por lo que se recupera el control del Estado mexicano sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), hoy en manos de particulares: “El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna”. La CFE se convierte en un “organismo del Estado” y retoma la planeación y control del SEN. La CFE adquiere “personalidad jurídica y patrimonio propio, es responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); así como de su planeación y control, será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración”.
Se reunifica la Comisión Federal de Electricidad. Lo que significa que la CFE será un solo organismo y desaparecen las subsidiarias que habían generado una separación legal que impedía la comunicación entre estos organismos y, por tanto, el apoyo y el intercambio de información. Dice la iniciativa: “la CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Subsistirán la subsidiaria CFE-Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales Energía, CFE-Internacional y CFE-Capital. Esta reunificación y recuperación de la rectoría del Estado también implica que “los órganos reguladores coordinados en materia energética” como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control Eléctrico (Cenace), pasan a integrarse a la Secretaría de Energía (Sener).
Actualmente la CFE participa con el 38% de la generación eléctrica pues no es despachada, es decir, no se le permite generar energía en condiciones de “piso parejo”. Los generadores privados se han apoderado de dos terceras partes de los grandes consumidores que generan mayores ingresos; además tienen a las cadenas comerciales (supermercados). Esto no es resultado de un mejor servicio de los privados, sino del no pago del transporte, del flete eléctrico llamado porteo, lo que representa una pérdida para CFE y un subsidio para los privados ya que la CRE obliga a la CFE a cobrar apenas el 40 o 50 por ciento del costo de la transmisión de la energía producida por los privados.
En la propuesta de reforma se especifica que la CFE recuperará su participación mayoritaria en la generación de energía “generando al menos el 54% de la que requiere el país y el sector privado participará hasta en el 46% de la generación que requiera el país”. También en esta disposición se propone que “el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”. Aquí también adquiere sentido la concepción de que la seguridad energética es parte esencial de la seguridad nacional.
También, señala la iniciativa, la CFE “estará a cargo de la ejecución de la transición energética” y se determina “cancelar los Certificados de Energías Limpias (CEL). Estos cambios son muy importantes ya que en la actualidad dicha transición energética depende de las empresas privadas casi al cien por ciento y con un alto costo para la CFE. Lo explico: los CEL son bonos o subsidios a empresas privadas que producen energías solar y eólica, es decir, con el pretexto de generar “energías limpias” se llevó al sector a la completa bursatilización, con cargo a la CFE.
La CFE ha pagado más de seis mil millones de pesos en CEL desde 2013 a la fecha; en 20 años serían más de cien mil millones de pesos. Está claro para el Gobierno federal, y así lo reconoce en la iniciativa, que México debe contribuir a la mitigación del cambio climático, por ello se asume el compromiso de que sea la CFE la que esté a cargo de la Transición Energética, lo que hoy no puede hacer, pues no despacha energías limpias, a pesar de que tiene energía hidroeléctrica, geotermia, nuclear y otras.
Son diez las centrales hidroeléctricas que tenemos y no se han utilizado: 215 000 millones de pesos es el costo de la subutilización, por no usar las hidroeléctricas y 223 000 millones más se pierden por comprar más cara la energía. Es claro que la electricidad es más barata pero no es despachada por la CFE. Más del 30 por ciento de energías limpias puede producir la CFE, sin problema, y puede llegar hasta el 55%. Por ello el presidente ha instruido reconstruir las diez centrales hidroeléctricas y hacer parques fotovoltaicos como el de Sonora.
Hay en nuestro país 46.2 millones de usuarios de electricidad, que en general reciben a altos costos la electricidad, que es producida mayormente por privados y en su mayoría extranjeros, que por cierto, han sido financiados en importantes porcentajes por la Banca de Desarrollo de México y, como hemos comentado, no pagan totalmente los costos de la red eléctrica. Por ello, en la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se propone que sea la CFE la que determine las tarifas, tanto de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales. Porque, por si no lo sabe usted querido lector, actualmente la CFE solo recibe los reclamos de las altas tarifas pero es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano “autónomo”, la que impone dichas tarifas.
Finalmente, no olvidemos que el modelo diseñado en la reforma peñanietista, que fue votada por mayoría gracias a los sobornos a legisladores, es exactamente como el modelo español que ahora está “haciendo agua”. Los usuarios allá dependen totalmente de los privados, no tienen empresa pública de electricidad y enfrentan hoy una escalada de precios de los combustibles durante los últimos meses, que está generando una crisis social de pronósticos reservados. Mientras tanto, las empresas privadas amenazan con cerrar sus plantas si el gobierno entrara a regular los precios a la baja, sobre todo para los usuarios populares.
La iniciativa del presidente se anticipa y evita que esto pase en México, al proponer recuperar el control del Sistema Eléctrico Nacional. Por lo pronto, estemos al pendiente de la discusión en la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República, en las próximas semanas.
