Poder autoritario: impunidad y violencia

Dentro de la teoría política, Hannah Arendt argumentaba que nadie consagrado a pensar sobre la Historia y la Política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos, y a primera vista resulta más que sorprendente que la violencia haya sido singularizada tan escasas veces para su especial consideración y análisis.

Paradójicamente, la compulsión de López Obrador por centralizar y acaparar todo el poder en su persona, en detrimento, sojuzgamiento o cooptación del poder asignado constitucionalmente a las demás instituciones –además de la presidencia de la república- que forman parte del Estado mexicano, parecería una acumulación descomunal de poder político, que sin embargo ha producido en la realidad de nuestro país enormes vacíos de autoridad. Uno de estos vacíos, son notorios y preocupantes cuando se habla de los índices intolerables de violencia e inseguridad en que se vive en México. La paradoja estriba en que ese gran poder acumulado se traduce en su némesis: el poder –del Estado- no tiene poder para castigar el crimen, perseguir el delito, reparar los daños y asegurar su no repetición, esto es, produce impunidad. La impunidad es la falta de castigo, de ahí que lo impune sea lo que queda sin castigo. Madrileño exiliado en México después de la Guerra Civil española, Constancio Bernaldo de Quirós, jurista, sociólogo, escritor y eminente criminalista, fija tres categorías de impunidades de hecho, que atestiguamos hoy en día: “la primera, donde los crímenes que pasan desconocidos a los ojos de la justicia y que pasarán siempre, más o menos, aunque aquella tuviere más ojos que tuvo Argos; la segunda, en la que los crímenes que se conocen pero cuyos autores escapan a la acción de la justicia por no haber sido determinada su personalidad o por no haber sido aprehendidos, y la tercera, que los delitos cuyos autores son conocidos, pero que no se persiguen ni se penan, por la excepción abusiva debida a la organización política y social, propia de cada tiempo”.

En otra entrega de esta columna, citaba a Hannah Arendt, quien decía que el poder y la violencia son opuestos, donde uno domina absolutamente falta el otro. “La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso acaba por hacer desaparecer al poder. La violencia puede destruir al poder; es absolutamente incapaz de crearlo”.

Y la violencia no para, ni se castiga. Armando Linares, director de Monitor Michoacán, con sede en Zitácuaro, fue asesinado este martes. El periodista, de acuerdo con los primeros reportes, fue atacado enfrente de su familia. Con Linares suman dos los periodistas que han sido asesinados en Michoacán en el presente año y se convierte en el octavo del país. De acuerdo con la organización Causa en Común, más de 10 mil habitantes pertenecientes a por lo menos 20 comunidades de Jerez, Zacatecas, han sido desplazados por la violencia e inseguridad. Balaceras y masacres en Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Colima, Sonora, Baja California, Morelos, Querétaro y Oaxaca.

El 10 de marzo, el Parlamento Europeo, formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros, emitió una resolución en la que “Expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, el deterioro de los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho en México”, y se determinó a nuestro país el lugar más peligroso y letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Esta resolución fue aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. El Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de Derecho Humanos. El Parlamento “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra periodistas y su labor”, además que “la violencia generalizada en México sigue intensificándose, como se mostró durante las elecciones locales y regionales de junio de 2021, y que la situación del Estado de Derecho se está deteriorando de forma grave; que un número preocupante y dramático de periodistas y defensores de los derechos humanos, en particular los que investigan casos de corrupción que implican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de cárteles delictivos de la droga, especialmente a nivel local, son apercibidos, acosados, amenazados, violados, atacados, hechos desaparecer e incluso asesinados, y vigilados por autoridades gubernamentales o grupos delictivos; que el 27 de febrero de 2022 se produjo una masacre en la que diecisiete personas fueron asesinadas”. Y en el Considerando B de la resolución del Parlamento, se dice: “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, según diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales; que, según Reporteros Sin Fronteras, en 2021 y por tercer año consecutivo, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021”. No tiene caso comentar la manera pedestre, falsa, cerril y provinciana en que López Obrador, literalmente sobre las rodillas, contestó oficialmente a la resolución del Parlamento Europeo.

Las primeras ocho posiciones del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en el año 2021 son ocupadas por ciudades mexicanas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., dio a conocer el informe anual sobre el ranking 2021 de las “50 ciudades más violentas del mundo”, de las cuales 18 están ubicadas en México, donde se evalúa la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Las primeras ocho posiciones de este ranking las ocupan ciudades de México. En primer lugar se ubica Zamora (Michoacán), en segundo lugar se posicionó Ciudad Obregón, seguido de Zacatecas capital, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan.

A nivel mundial, México destaca -negativamente- por su aguda vulnerabilidad al crimen organizado. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2021, el cual evalúa a los 193 estados miembros de la ONU, países en conflicto y Estados frágiles experimentan una vulnerabilidad aguda al crimen organizado. La República Democrática del Congo fue identificada como el país más afectado por el crimen organizado, seguida de Colombia, Myanmar, México y Nigeria, al igual que Afganistán, Irak y Siria. En el Índice, se dice que las democracias tienen niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los Estados autoritarios. La buena gobernanza, demostrada por Estados que son participativos, responsables, eficaces y basados en el Estado de derecho, sienta las bases sobre las cuales desarrollar y fortalecer marcos institucionales y no estatales para mejorar la sociedad y contrarrestar el crimen organizado. Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice “es aquella entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia, lo que sugiere que dichos actores pueden estar socavando la capacidad y la resiliencia del Estado para prevenir los flujos ilícitos”.

Este poder ideologizado al extremo, se aísla también de los países democráticos y ha resultado incapaz de mostrar solidaridad efectiva –no solo discursiva- con la invadida, violentada y lastimada Ucrania. Tampoco hay una condena a Rusia por parte del Senado mexicano –controlado por Morena-, como sí lo hizo este martes, el Senado de Estados Unidos (superando la división existente), quien aprobó por unanimidad una resolución que condena al presidente ruso Vladimir Putin como un criminal de guerra. La resolución, presentada por el senador republicano Lindsey Graham y respaldada por senadores de ambos partidos, alentó a la Corte Penal Internacional en La Haya y a otras naciones a que señalen al ejército ruso en cualquier investigación de crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa de Ucrania.

Ese poder omnímodo que se gesta en el país, da paso a la violencia, que destruye todo, por ello debemos repudiarlo y exigir vivir dentro de las reglas del Estado de Derecho. Por ello es que vemos, con el politólogo Mario Stoppino, que la violencia suspende las reglas del orden social constituido, cualquiera que éste sea: “con el arma dramática y terrible de la violencia, los hombres que la emplean destrozan la ley y se convierten ellos mismos en legisladores en nombre de la justicia”.