Como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, venturosamente en nuestro país hemos avanzado mucho hacia reglas electorales sólidas en materia de paridad de género, al grado de que la actual legislatura federal es prácticamente paritaria y en muchos congresos locales esta realidad se encuentra hoy muy extendida. Incluso las salvaguardas para garantizar este principio se han ido perfeccionando en cada proceso electoral.
Pero junto a esta buena nueva, en este año las autoridades electorales han estado aprobando lineamientos muy interesantes, de índole progresivo y garantista, para avanzar en esa otra esfera de la democracia que es la inclusión social, velando para que los diversos sectores o colectivos de la sociedad civil se sientan representados en los órganos de gobierno, y sobre todo en las cámaras legislativas, cuya naturaleza es precisamente ser un espejo de la representación popular.
De manera genérica, en el ámbito constitucional, el principio de inclusión social y no discriminación ha alcanzado una definición de muy amplio espectro a partir de la histórica reforma en materia de derechos humanos de 2011, que actualizó el artículo 1, in fine, de nuestra Carta Magna en los siguientes términos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Para este proceso electoral, las máximas autoridades electorales del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han dejado de emitir resoluciones que implican la ampliación de espacios a sectores que legítimamente han luchado por defender sus derechos humanos de naturaleza política. El ejemplo más claro de esta mecánica de cambio político es la resolución del INE del pasado 15 de enero (INE/CG18/2021), que puntualiza una serie de acciones afirmativas en las siguientes materias y términos:
- Los partidos nacionales deberán garantizar la participación de personas indígenas en por lo menos 21 de los 28 distritos electorales federales con población indígena, de los cuales 11 deben ser del género femenino, ampliando además esta obligación a sus candidaturas de representación proporcional.
- Deberán postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales que conforman el país, así como también una por el principio de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones plurinominales, debiendo ubicarla dentro de los primeros 10 lugares de la lista
- En materia de diversidad sexual, deberán postular cuando menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales y deben postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones.
- En materia de discapacidad, deberán postular a personas con discapacidad en seis de los 300 distritos electorales, y en las listas por la vía de representación proporcional deben postular, en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales, a dos fórmulas conformadas por personas con discapacidad, ubicándose, además, dentro de los 10 lugares de la lista respectiva.
- Y por último, deberán registrar una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en cada una de las listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales dentro de los primeros 10 lugares. De las cinco personas postuladas, tres deberán ser de distinto género. Aquí la paradoja será que los migrantes podrán ejercer el derecho a ser votados para diputados, pero no tendrán derecho a votar por ellos mismos, pues ese derecho sólo lo pueden ejercer al día de hoy para senadores y presidente de la república.
A modo de corolario, podemos decir que este 2021 no sólo estaremos ante la elección más grande que haya tenido México, donde ejercerán su derecho a votar cerca de 95 millones de electores, y se elegirán a 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputados locales, 1,906 ayuntamientos y 16 alcaldías, sino que tendremos la mayor confluencia de acciones afirmativas para garantizar un mínimo de representación a muy diferentes colectivos sociales de nuestro país.
A nivel local, en Sinaloa, gracias a una lucha vigorosa política y judicial del Partido Sinaloense (PAS), los indígenas sinaloenses tendrán acceso a la representación política, y hace unos días igualmente se garantizó este derecho a las personas de la diversidad sexual. En el Partido Sinaloense seguiremos luchando porque todos los sectores sociales tengan derecho a la representación política de sus intereses. Prueba de ello es la reciente iniciativa presentada por la diputada Angélica Díaz Quiñónez, cuyo objetivo es extender el derecho al voto en el extranjero para todos los migrantes sinaloenses.
Desde nuestra incorporación en la vida política, en el PAS hemos sido pioneros en la concreción de la paridad de género, y desde el inicio de nuestro proyecto inscribimos en nuestra declaración de principios como uno de nuestros cinco postulados básicos, representado cromáticamente por el color morado, la “Inclusión social y rechazo a cualquier forma de discriminación e intolerancia”. Enhorabuena y a seguir avanzando en la progresividad de los derechos.
