La historia de nuestro país está llena de desacuerdos entre el Ejecutivo federal y los representantes del Ejecutivo estatal. La relación entre los gobernadores y el presidente siempre ha sido complicada, más cuando no son del mismo partido. Siempre se ha tenido la impresión de que existe una gran inequidad hacia estos, en especial al momento de asignar el presupuesto, lo que los convierte muchas veces en entes vulnerables y dependientes de las decisiones que se tomen desde el centro del país.
Por la contingencia sanitaria, estamos viviendo una realidad imprevista, lo cual ha aumentado las discrepancias. Todos los estados han sufrido un desgaste excepcional frente a las políticas implementadas, fricciones que muchos consideran como insalvables, por lo que la confrontación se convierte hoy en una forma para imponer el interés unilateralmente. Los desencuentros van en ascenso.
Ante este escenario, es importante resaltar el contexto antes de la pandemia. Desde 2019, algunos de los problemas era la falta de crecimiento y la cancelación de obras en proceso, como el aeropuerto de Texcoco (con un avance del 30%), la cancelación de la planta Constellation Brands (con un avance del 65%), la disminución y cancelación de apoyos (sobre todo el de las estancias infantiles y organizaciones civiles que atienden a mujeres y niñas víctimas de la violencia).
Desde inicio de 2020, aplaudí la decisión de hacer universal la atención gratuita en el sistema de salud con medicamentos a toda la población, y para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pero su implementación no ha sido nada fácil. Primero, porque no solucionó los problemas de presupuesto (al contrario, se redujo), los de infraestructura hospitalaria, la falta de personal y mucho menos, tuvo reglas para operar; segundo, por la llegada de la pandemia para la que no estábamos preparados.
Al inicio de esta emergencia sanitaria, el presidente implementó acciones para obtener recursos y enfrentar la falta de infraestructura en el sector salud y evitar que la gente se siga enfermando; no obstante, estas medidas no han tenido buenos resultados, ya que tras 102 días de la pandemia, hay protestas por falta de equipo de protección. En México han muerto (hasta el domingo 7) 13,699 personas y se encuentran contagiadas 117,103.
Las medidas para recaudar recursos han sido la reducción del salario a altos funcionarios; la cancelación de prestaciones de fin de año a los servidores públicos, desde el subsecretario hasta el presidente; la reducción de 75% del presupuesto a las partidas de materiales y suministros; la cancelación de 10 subsecretarías sin despedir a nadie y sin decir cuales; el cierre de oficinas no esenciales y el personal se quedó en casa con un exhorto para que se pagara su sueldo; la rigurosa aplicación de la Ley de Austeridad Republicana; el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,556 millones de pesos. También se anunciaron tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media, la creación de dos millones de nuevos empleos, entre otras acciones.
El gasto que no se redujo y se mantuvo son programas sociales y de inversión: la pensión para bienestar de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, Sembrando Vida, el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, las becas para el bienestar “Benito Juárez”, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, las tandas para el bienestar, el Banco del Bienestar, la atención médica y medicamentos gratuitos, la producción para el bienestar, los precios de garantía, la distribución de fertilizantes y el apoyo a pescadores, la Guardia Nacional, el aeropuerto Gral. Felipe Ángeles, la producción petrolera, la rehabilitación de las seis refinerías, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren de Guadalajara, Internet para todos, el desarrollo del Istmo, la Zona Libre de la Frontera Norte, el espacio cultural de Los Pinos y el bosque de Chapultepec y la defensa de los derechos humanos. Estas son las medidas que sostienen al gobierno del presidente y la Cuarta Transformación.
Sin embargo, la realidad que se vive desde las instituciones y el resto de la población es muy diferente. La sociedad más vulnerable está muy lejos de ser beneficiada, como defiende el presidente, pues los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) afirman que más de 12 millones de personas dejaron de laborar en abril y dejaron de percibir ingresos. Estos datos solo confirman lo que he venido sosteniendo: que el 56% de los trabajos en México son informales y que, de no tomarse medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, el nivel de desempleo puede ser mayor.
Soy de la convicción que la política debe servir para hallar soluciones, y que las acciones de los políticos deben orientarse a la población más vulnerable.
Llegó el momento de escuchar a todas las partes: a los gobernadores, que son los que enfrentan en primer plano la pandemia y los problemas económicos; a los empresarios, obligados a sostener el sueldo de sus empleados sin ningún apoyo oficial; a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, así como los órganos autónomos como el INEGI y la CNDH y los partidos políticos. Solo con la medición de los resultados y la evaluación de las propuestas se puede llegar a un consenso a favor de la población.
La “nueva normalidad” no nos exenta de las diferencias entre los gobernantes, pero estas deben de servir para coadyuvar a la recuperación de la nación. De nada nos sirve conocer los desacuerdos todos los días ni de señalar culpables. Lo que debemos hacer es fomentar las coincidencias para solucionar los conflictos.
Culiacán Sinaloa, a 9 de junio del 2020.
Gracias y quédense en casa.
