Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador criticó duramente la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. El ahora titular del ejecutivo federal, afirmó que “El ejército no es para eso” y le recriminó a la institución castrense supuestas violaciones a los derechos humanos en que incurrió en el combate contra el narcotráfico.
Como candidato, López Obrador señaló que el ejército y la marina deberían ser retirados paulatinamente de las tareas de seguridad pública y estableció el compromiso de regresar a las tropas a sus cuarteles. En su incontinencia declarativa, fue incluso más allá y afirmó que “Si por mi fuera desaparecería el ejército”.
Al asumir la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador se olvidó de esta y de muchas otras promesas de campaña. No solo no retiró a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, sino que fortaleció y legalizó su participación.
El problema ahora es que el protagonismo del ejército y la marina no ha quedado ahí. Resulta paradójico, y preocupante, que en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación las fuerzas armadas cubran cada vez más espacios en nuestra vida pública.
López Obrador se ha enemistado con gobernadores, empresarios, académicos y científicos, medios de comunicación, intelectuales y creadores, núcleos feministas y en general con las organizaciones de la sociedad civil. Por increíble que parezca, el gran aliado de la 4T son las fuerzas armadas.
No es casualidad que en las principales acciones, programas y obras de infraestructura del actual gobierno federal, el ejército tenga un papel determinante. Andrés Manuel López Obrador le ha encomendado a las fuerzas armadas nuevas atribuciones, como el combate al huachicol; la distribución de combustible, fertilizantes y libros de texto; la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de los cuarteles de la Guardia Nacional, de las sucursales del Banco de Bienestar y de dos tramos del Tren Maya; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la remodelación y administración de hospitales; el control de los puertos y aduanas.
Como podemos advertir, se trata de un cúmulo de funciones que normalmente deben ser cumplidas por diversas áreas civiles del gobierno federal. Pero no es así. Asistimos a una creciente y peligrosa militarización de la gestión pública.
La pregunta es: ¿por qué el presidente de la república deja de lado a las instancias administrativas civiles y otorga todas estas nuevas atribuciones a las fuerzas armadas? Son varias las razones que se esgrimen. En principio, el traído y llevado argumento del combate a la opacidad y la corrupción. Se asegura que la intervención del ejército y la marina en todas estas tareas garantiza austeridad, ahorros presupuestales y transparencia.
Junto a la creencia en la “incorruptibilidad” de las fuerzas armadas, se invoca también el principio de eficacia. López Obrador confía en que el orden y disciplina que distingue a las instituciones castrenses, se traduzca en buenos resultados en el cumplimiento de estas nuevas funciones.
Es evidente que muchos de estos supuestos son discutibles. Quizá por la naturaleza de sus funciones, el ejército y la marina no han sido nunca un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. No hay tampoco ninguna garantía de que sean inmunes a la corrupción.
La militarización de la vida pública que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es altamente riesgosa, porque expone innecesariamente a las fuerzas armadas, que serán sometidas a una evaluación de su despeño en tareas que no le son esenciales. Los posibles errores y cuestionamientos pueden erosionar a las instituciones castrenses, que han merecido siempre la mayor confianza de los mexicanos.
El riesgo se incrementa por el empoderamiento inusitado y excesivo de las fuerzas armadas, que no solo controlan en los hechos la seguridad pública, sino que han tenido un fortalecimiento presupuestal sin precedentes en los últimos años.
Mientras que a las dependencias civiles de la administración pública federal se les exige una austeridad extrema y se les recortan recursos, en el 2020 el presupuesto de la SEDENA se incremento en 7.71% respecto a 2018 y el de la SEMAR se elevó en 7.19% en el mismo período.
López Obrador tiene consideraciones especiales a las fuerzas armadas. El presidente de la república promovió la extinción de 109 fideicomisos y fondos, que tienen que ver con distintas materias, pero los fideicomisos de las instituciones castrenses no se tocaron.
La alianza del ejecutivo federal con el ejército y la marina, implica un grave regreso al México postrevolucionario, donde los militares jugaron un rol decisivo en todos los campos de la vida pública, hasta 1946 en que arribó un presidente civil.
Hoy vemos un creciente protagonismo de las fuerzas armadas y ello es preocupante. Si algo nos ha enseñado la historia es que para toda democracia, más para una incipiente y frágil como la nuestra, siempre será más conveniente que el ejército y la marina cumplan sus funciones constitucionales y legales y no invadan el ámbito de competencia de las instancias civiles.
