/ martes 11 de junio de 2019

Malecón El Patrimonio Cultural Documental de la Nación

En estos días ya no se puede dudar de que nuestro país sea poseedor de una gran tradición archivística, heredada tanto de los pobladores del México prehispánico como de la corona española. Gracias a esto es posible contar con importantes archivos históricos, entre ellos por supuesto el Archivo General de la Nación, que hacen posible el ejercicio de la investigación histórica sobre temas económicos, políticos y sociales desde las fuentes primarias.

Los archivos son patrimonio cultural, aunque legalmente se les ha considerado patrimonio histórico administrativo, dependiendo de su naturaleza. ¿Pero acaso no hay documentos que desde su origen ya tienen características históricas? como las actas constitutivas, los convenios y contratos, las escrituras, las actas de juntas de gobierno, etc.

Los archivos dan fe de los actos públicos y privados del gobierno y la sociedad, para que desde el origen de la producción de los mismos, se generen políticas institucionales que garanticen no sólo la adecuada integración de documentos y expedientes, sino que una vez que estos hayan cumplido su vida útil administrativa, reciban un tratamiento adecuado, de acuerdo con la valoración de los mismos.

Con frecuencia las limitaciones presupuestales, el poco espacio y poco o nulo conocimiento hacen que los archivos se conviertan en lugares relegados a un segundo término, dentro de las prioridades de los gobiernos en turno; frecuentemente las áreas que los albergan carecen de la seguridad necesaria para la conservación y resguardo de los documentos.

Es obligación de las instituciones generadoras resguardar correctamente su información, evitando el saqueo de propios y extraños, porque en ellos se resguarda la memoria colectiva, sean archivos públicos gubernamentales, de instituciones educativas, religiosas, políticas o incluso archivos privados. Los archivos son la columna vertebral de las instituciones.

El funcionario que no lo entienda, estará tentado a enviar al bote de la basura los papeles viejos por desconocer su importancia, o los documentos recientes por voluminosos, o condenarlos a su desaparición mediante el abandono en lugares inimaginables (desde bodegas en mal estado, hasta sanitarios y baños desmantelados o áreas de trastos viejos) porque ya no le son útiles o, muchas veces, porque no corresponden a su gestión.

Los archivos deben ser espacios sociales de recuperación de la memoria de la cultura, tanto tangible como intangible; sin embargo, los archivos de la gestión cultural no existen, o se encuentran dispersos, lo que imposibilita su uso como parte medular para la toma de decisiones.

Los que estamos en esto sabemos que no podemos proponernos rumbo personal ni social, sin que sepamos quiénes somos y a dónde queremos llegar, y queremos llegar, a donde se construyan espacios que hagan posible una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones; es necesario hacer de nuestro país un espacio más democrático y abierto a todas las manifestaciones culturales, que su gran diversidad amerita.

Conocemos que todos los archivos poseen además de documentos impresos o escritos, colecciones de diversa índole, múltiples acervos: desde fotografías, planos, carteles, mapas, dibujos, partituras, libros, recortes periodísticos, revistas y periódicos, que requieren un tratamiento distinto al archivístico.

Bien sabemos que las instituciones como las personas tienen un ciclo de vida, pero no habrá archivos muertos si se logra que, en vez de horrendos montones de papeles polvorientos, tengamos acervos disponibles para la recuperación de la memoria colectiva de nuestras instituciones, apoyados en verdaderos sistemas de redes de archivos, con el respaldo de la tecnología de la información.

Los archivos son patrimonio de la nación, por lo que las instituciones están obligadas a que sean espacios en los que se pueda encontrar información ordenada y clasificada, abiertos a la consulta; con las restricciones que imponen las normas de resguardo de datos personales.

Con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se les ha dado un impulso que sin embargo no acaba de permear en todas las instancias.

Todavía encontramos nichos de resistencia. En cuanto a los edificios depositarios de los acervos documentales, mucho se ha argumentado la imposibilidad de construir edificios de acuerdo a las necesidades archivísticas, sin embargo, los que lo vivimos sabemos que para nuestro patrimonio cultural documental, tanto archivos administrativos como históricos, bien vale la pena construir edificios adecuados a las normas internacionales de preservación documental del nivel del Archivo General de la Nación, con especialistas de la documentación, la historia, la arquitectura, el patrimonio cultural.

Cualquier Ley General o Estatal de Cultura debiera incluir, como una obligación insoslayable, la adecuada preservación de los archivos, Generales, Nacionales, Estatales o Municipales; o todavía mejor: la promulgación de una Ley Estatal de Archivos. malecon@live.com.mx Los archivos deben ser espacios sociales de recuperación de la memoria de la cultura, tanto tangible como intangible; sin embargo, los archivos de la gestión cultural no existen, o se encuentran dispersos, lo que imposibilita su uso como parte medular para la toma de decisiones.

En estos días ya no se puede dudar de que nuestro país sea poseedor de una gran tradición archivística, heredada tanto de los pobladores del México prehispánico como de la corona española. Gracias a esto es posible contar con importantes archivos históricos, entre ellos por supuesto el Archivo General de la Nación, que hacen posible el ejercicio de la investigación histórica sobre temas económicos, políticos y sociales desde las fuentes primarias.

Los archivos son patrimonio cultural, aunque legalmente se les ha considerado patrimonio histórico administrativo, dependiendo de su naturaleza. ¿Pero acaso no hay documentos que desde su origen ya tienen características históricas? como las actas constitutivas, los convenios y contratos, las escrituras, las actas de juntas de gobierno, etc.

Los archivos dan fe de los actos públicos y privados del gobierno y la sociedad, para que desde el origen de la producción de los mismos, se generen políticas institucionales que garanticen no sólo la adecuada integración de documentos y expedientes, sino que una vez que estos hayan cumplido su vida útil administrativa, reciban un tratamiento adecuado, de acuerdo con la valoración de los mismos.

Con frecuencia las limitaciones presupuestales, el poco espacio y poco o nulo conocimiento hacen que los archivos se conviertan en lugares relegados a un segundo término, dentro de las prioridades de los gobiernos en turno; frecuentemente las áreas que los albergan carecen de la seguridad necesaria para la conservación y resguardo de los documentos.

Es obligación de las instituciones generadoras resguardar correctamente su información, evitando el saqueo de propios y extraños, porque en ellos se resguarda la memoria colectiva, sean archivos públicos gubernamentales, de instituciones educativas, religiosas, políticas o incluso archivos privados. Los archivos son la columna vertebral de las instituciones.

El funcionario que no lo entienda, estará tentado a enviar al bote de la basura los papeles viejos por desconocer su importancia, o los documentos recientes por voluminosos, o condenarlos a su desaparición mediante el abandono en lugares inimaginables (desde bodegas en mal estado, hasta sanitarios y baños desmantelados o áreas de trastos viejos) porque ya no le son útiles o, muchas veces, porque no corresponden a su gestión.

Los archivos deben ser espacios sociales de recuperación de la memoria de la cultura, tanto tangible como intangible; sin embargo, los archivos de la gestión cultural no existen, o se encuentran dispersos, lo que imposibilita su uso como parte medular para la toma de decisiones.

Los que estamos en esto sabemos que no podemos proponernos rumbo personal ni social, sin que sepamos quiénes somos y a dónde queremos llegar, y queremos llegar, a donde se construyan espacios que hagan posible una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones; es necesario hacer de nuestro país un espacio más democrático y abierto a todas las manifestaciones culturales, que su gran diversidad amerita.

Conocemos que todos los archivos poseen además de documentos impresos o escritos, colecciones de diversa índole, múltiples acervos: desde fotografías, planos, carteles, mapas, dibujos, partituras, libros, recortes periodísticos, revistas y periódicos, que requieren un tratamiento distinto al archivístico.

Bien sabemos que las instituciones como las personas tienen un ciclo de vida, pero no habrá archivos muertos si se logra que, en vez de horrendos montones de papeles polvorientos, tengamos acervos disponibles para la recuperación de la memoria colectiva de nuestras instituciones, apoyados en verdaderos sistemas de redes de archivos, con el respaldo de la tecnología de la información.

Los archivos son patrimonio de la nación, por lo que las instituciones están obligadas a que sean espacios en los que se pueda encontrar información ordenada y clasificada, abiertos a la consulta; con las restricciones que imponen las normas de resguardo de datos personales.

Con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se les ha dado un impulso que sin embargo no acaba de permear en todas las instancias.

Todavía encontramos nichos de resistencia. En cuanto a los edificios depositarios de los acervos documentales, mucho se ha argumentado la imposibilidad de construir edificios de acuerdo a las necesidades archivísticas, sin embargo, los que lo vivimos sabemos que para nuestro patrimonio cultural documental, tanto archivos administrativos como históricos, bien vale la pena construir edificios adecuados a las normas internacionales de preservación documental del nivel del Archivo General de la Nación, con especialistas de la documentación, la historia, la arquitectura, el patrimonio cultural.

Cualquier Ley General o Estatal de Cultura debiera incluir, como una obligación insoslayable, la adecuada preservación de los archivos, Generales, Nacionales, Estatales o Municipales; o todavía mejor: la promulgación de una Ley Estatal de Archivos. malecon@live.com.mx Los archivos deben ser espacios sociales de recuperación de la memoria de la cultura, tanto tangible como intangible; sin embargo, los archivos de la gestión cultural no existen, o se encuentran dispersos, lo que imposibilita su uso como parte medular para la toma de decisiones.