/ martes 5 de noviembre de 2019

Ley Bonilla: una incongruencia jurídica

Una de las principales quejas ciudadanas era que cada año había una elección en el país: cuando no había comicios para presidente de la República, senadores y diputados, había para gobernador, diputados locales o presidentes municipales. Los partidos políticos siempre estaban en campaña y el gasto electoral era muy costoso. Para evitar esto, los legisladores federales realizaron reformas a la Carta Magna para que las elecciones locales concurrieran con las elecciones federales intermedias.

Con estas reformas, la Constitución obligó a los estados a cambiar el calendario electoral. Todos los estados realizaron reformas a sus legislaciones, y estas deberán coincidir en 2021.

Estas mismas reformas constitucionales las realizó la XXI Legislatura del Congreso de Baja California el 11 de septiembre de 2014 y se publicaron en el Periódico Oficial de esa entidad como Decreto 112, cuyo artículo octavo transitorio establece que “Para efectos de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Como todos sabemos, el pasado 2 de junio en el estado vecino se llevaron a cabo elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados locales. La gubernatura la ganó el candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdez, para el periodo 2019-2021.

Una vez que le otorgaron la constancia de gobernador electo, se inició una gran operación política en el Congreso de Baja California para reformar la Constitución local para que el periodo de gobierno no fuera por dos años, sino por cinco, conociéndose esta reforma como la Ley Bonilla.

De este modo, el 9 de julio se efectuó dicha reforma por parte de 25 diputados de las siguientes fracciones: 12 del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno del PRD, uno del PT, uno de Transformemos Baja California, uno del Partido de Baja California y un independiente.

Sin embargo, la Ley Bonilla trasgrede el artículo 105 de la Carta Magna, que en uno de sus párrafos señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El 2 de octubre, la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección a gobernador de Baja california por dos años y no por cinco, como pedía Jaime Bonilla.

Ante estos hechos, el 13 de octubre, el Congreso del Estado de Baja California realizó una consulta ciudadana para preguntar a los bajacalifornianos si estaban de acuerdo con la ampliación de dos a cinco años para el gobierno de Jaime Bonilla, que inicia el 1 de noviembre.

A esta consulta solo se presentaron 53,419 ciudadanos de los 2,833,000 inscritos. De esa pequeña participación, el 83% votó para que se ampliara a cinco años la gubernatura, el 15.32% para que se quedara en dos años y 0.43% fueron votos nulos. No obstante, dicha consulta no tuvo algún control: no había padrón electoral, tinta indeleble, no pedían credencial de elector ni había mamparas, y además, solo se instalaron 250 casillas.

Ante la polémica generada por la consulta, los senadores avalaron la minuta enviada desde la Cámara de Diputados, la cual establece que en el caso de consultas populares regionales o locales de trascendencia, estas deben ser convocadas por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y estas deben ser aprobadas por la mayoría del Congreso estatal y aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Considero que lo que está pasando en Baja California es un grave atropello a la democracia y es un acierto que varias instituciones y organismos sociales hayan levantado alguna controversia que cuestione la Ley Bonilla.

Muchos de los analistas políticos consideran a Baja California como un “laboratorio” de lo que puede ocurrir en un futuro con la Constitución federal. Cuando vivimos en un Estado de derecho, el conjunto de normas establecidas se cumple; cuando realizamos una reforma constitucional es con el propósito de mirar hacia el futuro y regular lo que nos parece mal, pero en ningún momento hacemos reformas para aplicar la ley en el pasado. En pocas palabras, la ley no puede aplicarse de manera retroactiva.

En días pasados, el Congreso de Baja California envió al Poder Ejecutivo la reforma constitucional que amplía el gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años. El gobernador Francisco Vega declaró que será el viernes 18 cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la decisión final está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que debemos estar atentos sobre si se imponen la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.

Acciones que hablan del respeto a las reformas legislativas electorales mencionadas, son: el Lic. Quirino Ordaz Coppel será Gobernador constitucional de Sinaloa, del 1° de enero del 2017 al 31 de octubre del 2021, 4 años 10 meses, y el Lic. Andrés Manuel López Obrador será Presidente Constitucional de la República Mexicana solamente 5 años y 10 meses, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de 2024.

5 de noviembre del 2019

Gracias y que pasen una excelente semana.

Una de las principales quejas ciudadanas era que cada año había una elección en el país: cuando no había comicios para presidente de la República, senadores y diputados, había para gobernador, diputados locales o presidentes municipales. Los partidos políticos siempre estaban en campaña y el gasto electoral era muy costoso. Para evitar esto, los legisladores federales realizaron reformas a la Carta Magna para que las elecciones locales concurrieran con las elecciones federales intermedias.

Con estas reformas, la Constitución obligó a los estados a cambiar el calendario electoral. Todos los estados realizaron reformas a sus legislaciones, y estas deberán coincidir en 2021.

Estas mismas reformas constitucionales las realizó la XXI Legislatura del Congreso de Baja California el 11 de septiembre de 2014 y se publicaron en el Periódico Oficial de esa entidad como Decreto 112, cuyo artículo octavo transitorio establece que “Para efectos de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Como todos sabemos, el pasado 2 de junio en el estado vecino se llevaron a cabo elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados locales. La gubernatura la ganó el candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdez, para el periodo 2019-2021.

Una vez que le otorgaron la constancia de gobernador electo, se inició una gran operación política en el Congreso de Baja California para reformar la Constitución local para que el periodo de gobierno no fuera por dos años, sino por cinco, conociéndose esta reforma como la Ley Bonilla.

De este modo, el 9 de julio se efectuó dicha reforma por parte de 25 diputados de las siguientes fracciones: 12 del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno del PRD, uno del PT, uno de Transformemos Baja California, uno del Partido de Baja California y un independiente.

Sin embargo, la Ley Bonilla trasgrede el artículo 105 de la Carta Magna, que en uno de sus párrafos señala: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El 2 de octubre, la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección a gobernador de Baja california por dos años y no por cinco, como pedía Jaime Bonilla.

Ante estos hechos, el 13 de octubre, el Congreso del Estado de Baja California realizó una consulta ciudadana para preguntar a los bajacalifornianos si estaban de acuerdo con la ampliación de dos a cinco años para el gobierno de Jaime Bonilla, que inicia el 1 de noviembre.

A esta consulta solo se presentaron 53,419 ciudadanos de los 2,833,000 inscritos. De esa pequeña participación, el 83% votó para que se ampliara a cinco años la gubernatura, el 15.32% para que se quedara en dos años y 0.43% fueron votos nulos. No obstante, dicha consulta no tuvo algún control: no había padrón electoral, tinta indeleble, no pedían credencial de elector ni había mamparas, y además, solo se instalaron 250 casillas.

Ante la polémica generada por la consulta, los senadores avalaron la minuta enviada desde la Cámara de Diputados, la cual establece que en el caso de consultas populares regionales o locales de trascendencia, estas deben ser convocadas por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y estas deben ser aprobadas por la mayoría del Congreso estatal y aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Considero que lo que está pasando en Baja California es un grave atropello a la democracia y es un acierto que varias instituciones y organismos sociales hayan levantado alguna controversia que cuestione la Ley Bonilla.

Muchos de los analistas políticos consideran a Baja California como un “laboratorio” de lo que puede ocurrir en un futuro con la Constitución federal. Cuando vivimos en un Estado de derecho, el conjunto de normas establecidas se cumple; cuando realizamos una reforma constitucional es con el propósito de mirar hacia el futuro y regular lo que nos parece mal, pero en ningún momento hacemos reformas para aplicar la ley en el pasado. En pocas palabras, la ley no puede aplicarse de manera retroactiva.

En días pasados, el Congreso de Baja California envió al Poder Ejecutivo la reforma constitucional que amplía el gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años. El gobernador Francisco Vega declaró que será el viernes 18 cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, la decisión final está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que debemos estar atentos sobre si se imponen la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.

Acciones que hablan del respeto a las reformas legislativas electorales mencionadas, son: el Lic. Quirino Ordaz Coppel será Gobernador constitucional de Sinaloa, del 1° de enero del 2017 al 31 de octubre del 2021, 4 años 10 meses, y el Lic. Andrés Manuel López Obrador será Presidente Constitucional de la República Mexicana solamente 5 años y 10 meses, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de 2024.

5 de noviembre del 2019

Gracias y que pasen una excelente semana.

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