Una de las iniciativas de reforma constitucional más importantes que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la que se refiere a la materia electoral. No será nada fácil aprobarla en el Congreso de la Unión pues para ello se requiere la voluntad de la oposición o de una parte de la misma. Hay un doble reto en el tema ya que se trata de que las mismas fuerzas políticas estén dispuestas a reformar la materia y autorreformarse, al mismo tiempo.
En los últimos cuatro años las pérdidas electorales que la oposición ha tenido, han sido muy grandes, sobre todo para el PRI, ya que gobierno que pone en juego en cada proceso electoral lo pierde; en el caso del PAN ha perdido el 50% de los gobiernos que ha puesto en juego. Como hemos dicho en otras entregas, es muy probable que lleguemos al final del sexenio y el PRI solo gobierne uno o dos estados del país. Cuando, justamente hace cuatro años gobernaba 14 estados. En el caso del PAN gobernaba 13 estados y seguramente llegará a 2024 gobernando no más de 4.
Por todo lo anterior, se antoja complicado que estas fuerzas políticas quieran autorreformarse, seguramente habrán de apostarle en el futuro inmediato a mantener presencia en el Congreso de la Unión. Sin embargo, al no tener presencia en los gobiernos de los estados tampoco podrán mantenerse en el parlamento mexicano, después de 2024, por lo que habrán de aprovechar los próximos dos años con la actual composición donde su presencia es definitiva para apoyar o impedir reformas constitucionales.
Por ello, es de alta relevancia la aprobación, la semana pasada, de la minuta para reformar la Ley General de Partidos Políticos y la de Presupuesto, para permitir que los partidos políticos puedan renunciar a parte de su financiamiento o reintegrar sus remanentes a la Tesorería de la Federación para que esta, a su vez, los destine a atender desastres naturales.
Se trata de orientar recursos adicionales a los que ya se ejercen en la atención a fenómenos climáticos que cada vez son más costosos para el erario. La ONU ha advertido en diversas ocasiones que los desastres naturales son más recurrentes en el mundo, debido al incremento del cambio climático. Por ejemplo, el reporte más reciente del Atlas de Mortalidad y de Pérdidas económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos de la Organización Meteorológica Mundial, señala que desde hace 50 años los desastres naturales se han quintuplicado en el mundo, lo que ha conllevado retrocesos en el desarrollo económico de algunos países.
Tan solo en 2020, el costo de los desastres naturales ocurridos en México fue de más de 31 860 millones de pesos mexicanos, lo que representó un valor tres veces superior a lo reportado en 2019. Sin embargo, los años más costosos para el país en el tema de catástrofes naturales fueron el año 2010 (pérdidas por más de 92 000 millones de pesos) y 2017 (pérdidas por más de 88 000 millones de pesos), debido a los golpes de los huracanes Alex, Karl y Mathew, y a los terremotos del 7 y 19 de septiembre (Fuente: Cenapred).
Estas cifras nos obligan a plantearnos la necesidad de contar con recursos adicionales y extraordinarios para poder mitigar el impacto que los desastres naturales tienen en la sociedad y esta reforma permitiría poder hacer uso de dinero para esos eventos tan inesperados y desafortunados, sobre todo para las comunidades más vulnerables en materia de vivienda y protección civil.
Por otro lado es importante considerar que desde hace varios años, la ciudadanía ha cuestionado fuertemente lo oneroso que resulta sostener el actual sistema de partidos y los órganos electorales, cuando vivimos en un país con altos índices de pobreza, y que si hacemos un análisis comparado, vamos a encontrar que el nuestro es el sistema electoral más caro del mundo.
Solo para que tengamos una idea, en este año 2022 el presupuesto de los partidos políticos para actividades ordinarias es de 5543 millones 960 204 pesos. Si todos los partidos decidieran reintegrar tan solo el 10 por ciento de su financiamiento para este rubro, se podría contar con 554 millones 396 020 pesos adicionales para hacer frente a las catástrofes anuales.
Recordemos que el año pasado Morena intentó devolver 547 millones 726 006 pesos, lo que en términos del presupuesto resultaría equivalente a 228 219 mensualidades de la beca Benito Juárez o 214 719 mensualidades de la pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, y que el INE rechazó esta devolución con el argumento de que la ley lo impedía. Justamente allí nació esta iniciativa que ya ha sido aprobada por las dos cámaras legislativas, para que no haya pretextos para el rechazo de los reintegros financieros que en el futuro quieren realizar el partido Morena o cualquier otro instituto político.
Esta reforma, además, tiene la virtud de hacer ver a la sociedad cuál es el nivel de compromiso que tienen los partidos políticos y cuáles de ellos están dispuestos a renunciar a sus privilegios para ayudar de forma directa y oportuna a la población afectada por algún fenómeno natural. Pero no solo eso, también representa un anticipo de lo que puede ser una reforma electoral profunda, que modifique las reglas actuales y se recupere la confianza en las instituciones políticas que dan vida a nuestra democracia.
