En 1966, en Madrid, apareció la primera edición de este libro, el primero de su autor, que había sido –como otros muchos en aquel entonces- previamente objeto de secuestro y censura por decisión de la dictadura franquista: Estado de Derecho y sociedad democrática del eminente profesor de Filosofía del Derecho Elías Díaz (1934). Lleva más de 16 reediciones en la editorial Taurus y, la última que yo consulto, es de 1998.
En este importante libro, en donde se tratan las diferentes concepciones y ventajas del liberalismo, de la democracia y del Estado de derecho, también se analiza precisamente como el contraste conceptual necesario, lo que es opuesto a tales ideas políticas, siendo el irracionalismo político del fascismo, que según Elías Díaz lleva lógicamente a la implantación de la arbitrariedad y el terror, lo que llama la atención al caracterizar el estilo de gobierno que marca a la administración de López Obrador. La arbitrariedad es afán totalitario y éste implica, por tanto, el uso y la exaltación de la violencia y el terror como sistema de control, así como la eliminación de las minorías disidentes de todo tipo y por supuesto, también de los individuos que critican o se enfrentan al sistema.
Dice Elías Díaz que la filosofía y la cultura del fascismo constituyen una explícita defensa de la filosofía irracionalista; no para mostrar lo irracional de la realidad, sino para exaltar y glorificar lo irracional. Su desprecio hacia la razón, el constante ataque al “estéril intelectualismo”, la exaltación de los elementos emocionales, instintivos, son aspectos y manifestaciones frecuentes.
Muchas de las decisiones y de los actos de gobierno de López Obrador tienen esas características que se describen como políticamente irracionales, basadas más en la arbitrariedad (tergiversando, torciendo o de plano incumpliendo el Estado de Derecho) y en un despliegue del poder orientado a causar terror en sus enemigos políticos y en cualquiera que disienta o se oponga a sus caprichos. Hay que estar de acuerdo con él totalmente, de manera acrítica, para no ser sujetos de esa dictadura del terror similar en su metodología y fines con la que Robespierre trató a los “enemigos del Estado” en tiempos de la Revolución Francesa.
La persecución criminal que hace el gobierno en contra de los 31 científicos, acusándolos de delincuencia organizada, es la última de la cruzada del terror y la irracionalidad puestas en marcha. La lista ya es larga, pero empezó con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, frenando uno de los polos más importantes de crecimiento en el sexenio, con el argumento banal de que ahí había corrupción, sin que hasta la fecha haya una sola carpeta de investigación abierta al respecto. Lo mismo sucede con el desabasto de medicinas, la gestión caprichosa e improductiva del presupuesto, la salida masiva de capitales, la falta de creación y recuperación del empleo, la falta de crecimiento económico, la persecución de adversarios políticos como en el caso de Ricardo Anaya o la protección a narcos y desentendimiento de las tareas sustanciales de la seguridad pública.
Se trata, en Derecho, como lo ha explicado magníficamente el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, de la aplicación en esta administración, de lo que se conoce como “derecho penal del enemigo”, expresión que se utiliza para definir el uso del sistema penal en contra de quienes sean considerados enemigos del Estado, reducir los derechos humanos, dificultar la defensa, confinar a los procesados y revertir las cargas de la prueba, para que prácticamente corresponda al acusado probar su inocencia. “En momentos de fuerte presión ideológica donde se incrementa el autoritarismo –apunta Cossío-, se crean tipos penales para incriminar a quienes, a juicio de los correspondientes gobernantes, implique una amenaza a su programa. Por ejemplo, en la Alemania nazi, a las conductas que no mostraban subordinación a Hitler o al nacionalsocialismo, y en México, a la llamada disolución social”.
O sea, en lugar del imperio de la ley -sigue Elías Díaz-, “imposición de la voluntad carismática del líder; la ley deja de ser producto irracional emanado de un órgano democrático y representativo para convertirse en decisión (en ese sentido ético puede decirse que más bien irracional) dictada sin posible apelación por un jefe absoluto al servicio siempre de intereses económicos muy concretos. En un sistema de este tipo, donde la total concentración de poder sustituye a la anterior liberal distribución de poderes y contrapesos, se carece de la necesaria garantía jurídica y, en consecuencia, los derechos humanos quedan realmente limitados a niveles inadmisibles, cuando no salvajemente negados y ultrajados; las libertades se anulan en la práctica. Asimismo, actos perfectamente legales en un estado de derecho se transforman automáticamente en actos delictivos (delitos políticos) duramente perseguidos […] Aparece el carácter antidemocrático de la ideología fascista, inspirada en una concepción aristocratizante, oligárquica y elitista de la sociedad y de la historia. La sociedad aparece dividida y jerarquizada casi por naturaleza entre una masa amorfa, impersonal, estúpida y adocenada, fatal y necesariamente irrecuperable, y una élite o minoría dirigente, protagonista, elegida y privilegiada. La única función de la masa parece ser aclamar y dejarse gobernar; la única función de la élite es mantener su “personalidad” (estilo), conservar el orden económico capitalista y mandar carismáticamente”.
