/ miércoles 24 de febrero de 2021

La misoginia omnipresente

El legado (de la no violencia) no es individual, sino colectivo,

de una cantidad de gente que se mantuvo unida para proclamar

que nunca se rendirán ante las fuerzas del racismo y la desigualdad.

Angela Davis

Es innegable el papel de la libertad de expresión en nuestra democracia: un derecho fundamental que, aunque inherente, no es ilimitado a partir de lo establecido en nuestras leyes porque con determinadas expresiones pueden afectar a otra persona vulnerándola en sus derechos.

El fuero constitucional fue creado como una herramienta para facilitar el ejercicio de las y los servidores públicos en su libre manifestación de ideas, lo cual conlleva un uso responsable; es por eso que las manifestaciones discriminatorias y denostativas son contrarias a lo establecido en el primer postulado constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

No obstante, existen personas que desde un cargo público transitan entre el fuero y la impunidad, y así minimizan toda acción violenta, particularmente en contra de las mujeres en la esfera pública y en los tres niveles de gobierno.

Hay quienes han ocupado el fuero derivado de una función pública para cometer delitos tan arteros como la violación; Félix Salgado Macedonio se ha escudado en esta figura constitucional para eludir un proceso legal y el sistema, hay que decirlo, lo ha premiado dándole el beneficio de la posibilidad de otro cargo público.

Otro caso es el de Gerardo Fernández Noroña, que como legislador y en innumerables ocasiones, se ha expresado de manera ofensiva en contra de sus compañeras legisladoras, señalando que su fuero constitucional se lo permite, lo que es una falacia: la libre expresión de una persona servidora pública debe conducirse de manera respetuosa, como lo señala la ley y el propio Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

En Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, también ha dado muestra de su falta de probidad y de perspectiva de género al vulnerar los derechos políticos y laborales de una de sus compañeras desde distintas modalidades.

Es así que, a pesar de existir figuras jurídicas que protegen la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, todavía hay quienes se escudan cobardemente ante la autoridad y el fuero que les da un cargo público.

Ciertamente, en todos estos casos se aprecia la misoginia omnipresente en nuestro sistema para hacer justicia, así como la errática conceptualización y materialización del poder público que vulnera y atropella derechos. Lo grave es que son justamente las autoridades quienes deberían de dar ejemplo de probidad.

Las recientes amenazas del autoritarismo y el uso faccioso del fuero son una afrenta contra la democracia, justo hoy que asume el reto de incluir de manera plena a las mujeres.

El legado (de la no violencia) no es individual, sino colectivo,

de una cantidad de gente que se mantuvo unida para proclamar

que nunca se rendirán ante las fuerzas del racismo y la desigualdad.

Angela Davis

Es innegable el papel de la libertad de expresión en nuestra democracia: un derecho fundamental que, aunque inherente, no es ilimitado a partir de lo establecido en nuestras leyes porque con determinadas expresiones pueden afectar a otra persona vulnerándola en sus derechos.

El fuero constitucional fue creado como una herramienta para facilitar el ejercicio de las y los servidores públicos en su libre manifestación de ideas, lo cual conlleva un uso responsable; es por eso que las manifestaciones discriminatorias y denostativas son contrarias a lo establecido en el primer postulado constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

No obstante, existen personas que desde un cargo público transitan entre el fuero y la impunidad, y así minimizan toda acción violenta, particularmente en contra de las mujeres en la esfera pública y en los tres niveles de gobierno.

Hay quienes han ocupado el fuero derivado de una función pública para cometer delitos tan arteros como la violación; Félix Salgado Macedonio se ha escudado en esta figura constitucional para eludir un proceso legal y el sistema, hay que decirlo, lo ha premiado dándole el beneficio de la posibilidad de otro cargo público.

Otro caso es el de Gerardo Fernández Noroña, que como legislador y en innumerables ocasiones, se ha expresado de manera ofensiva en contra de sus compañeras legisladoras, señalando que su fuero constitucional se lo permite, lo que es una falacia: la libre expresión de una persona servidora pública debe conducirse de manera respetuosa, como lo señala la ley y el propio Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

En Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, también ha dado muestra de su falta de probidad y de perspectiva de género al vulnerar los derechos políticos y laborales de una de sus compañeras desde distintas modalidades.

Es así que, a pesar de existir figuras jurídicas que protegen la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, todavía hay quienes se escudan cobardemente ante la autoridad y el fuero que les da un cargo público.

Ciertamente, en todos estos casos se aprecia la misoginia omnipresente en nuestro sistema para hacer justicia, así como la errática conceptualización y materialización del poder público que vulnera y atropella derechos. Lo grave es que son justamente las autoridades quienes deberían de dar ejemplo de probidad.

Las recientes amenazas del autoritarismo y el uso faccioso del fuero son una afrenta contra la democracia, justo hoy que asume el reto de incluir de manera plena a las mujeres.