Pertenecemos a una generación de transición en la que es incuestionable el acceso igualitario a la educación, al ámbito laboral, entre muchos otros: teóricamente no existen documentos donde expresamente se prohíba a las mujeres a ejercer alguna profesión o cargo y, sin embargo, la discriminación laboral contra las mujeres prevalece a todas luces en el espacio laboral, en donde pasamos gran parte de nuestro tiempo.
Las desigualdades entre mujeres y hombres han sido históricas y estructurales, quisiéramos decir que forman parte de la prehistoria, pero es la prevalencia de las brechas salariales en detrimento de las mujeres lo que causa preocupación. No obstante, el derecho a la igualdad salarial está reconocido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo: a trabajo igual, salario igual.
Los datos son contundentes, así lo advierten los estudios presentados en 2017 por CONAPRED: los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al de las mujeres. Estas diferencias salariales se advierten entre iguales sin distinción de los rangos, y por ello, lograr la igualdad es un tema sustancial puesto que impacta en el bienestar de las personas, los hogares y las comunidades.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante enero del 2020 los hombres registran un salario diario asociado a trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mayor que el de las mujeres a nivel nacional: $416.40 frente a $363.50 pesos por día; es decir, una diferencia (brecha) de 14.6 por ciento. El Estado con la brecha más amplia fue Coahuila con 31.1%: $433.40 pesos de salario del sector formal para los hombres, y $330.60 pesos para las mujeres; Veracruz fue el único estado donde la mujer gana más que el hombre: $406.60 pesos al día frente a $401.40 pesos. En lo que respecta a Sinaloa se reporta como el Estado con el salario promedio más bajo para las mujeres (293.11 pesos); esto obliga a cuestionar ¿qué hacemos para cambiar esta realidad?
Estos datos nos exhiben como país, y particularmente como Estado, y es esta grave discriminación e injusticia laborales la que obligó al Legislativo federal aprobar el pasado 10 de marzo una serie de reformas en materia de igualdad salarial y no discriminación, misma que impacta en 13 legislaciones más.
Celebramos parcialmente, porque sabemos que de poco sirven las leyes y tribunales sin el acompañamiento a través de protocolos e instancias de asesoramiento: asimismo, ¿dónde está la conciencia ética y responsabilidad empresarial en este problema? Sabemos que la igualdad debe sustantivarse en todos los sectores y convertirse en un trabajo transversal, por eso la exigencia de herramientas que generen las autoridades locales, los sectores empresariales y la sociedad organizada puede hacer posible no seguir replicando estas injusticias contra las mujeres.
Una consigna: a trabajo igual, salario igual... hasta que se haga costumbre.
