/ viernes 11 de diciembre de 2020

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres en México

México es un país históricamente desgarrado por la desigualdad. Ni la revolución de independencia ni las reformas liberales del siglo XIX resolvieron esta tara de nuestro desarrollo como nación y la revolución de 1910 apenas esbozó soluciones que no tocaron en lo esencial la injusta estructura de distribución de la riqueza nacional entre las clases sociales y las regiones del país. Los llamados gobiernos posrevolucionarios se ocuparon de los “problemas del desarrollo” pero olvidaron deliberadamente la cuestión de la justicia social.

El periodo neoliberal iniciado en los ochenta, lo sabemos, privilegió un modelo económico centrado en el crecimiento sin equidad, apostando a las “bondades y equilibrios naturales del libre mercado”, a la idea del “reparto por goteo”, renunciando a los deberes sociales del Estado mexicano. Lejos de políticas redistributivas que disminuyeran la desigualdad y la pobreza, impusieron políticas de privatización, de contención y castigo salarial, además de otras derivadas del llamado Consenso de Washington.

El resultado de casi cuatro décadas de neoliberalismo ha sido la profundización de la desigualdad y el crecimiento exponencial de la pobreza, demasiado lejos de moderar, como señalaban los “Sentimientos de la Nación” de Morelos, los extremos de la opulencia y de la indigencia. Las brechas de la desigualdad se ampliaron y multiplicaron sus ámbitos.

Las mujeres mexicanas han estado siempre en el corazón de las desigualdades nacionales, de las actuales y de las históricas. Lo mismo en la vida pública que en el hogar, en la política y en el trabajo, la lucha de las mujeres es por derribar muros y eliminar estereotipos, romper techos de cristal y por cerrar brechas de desigualdad de género en diversas esferas y niveles.

En el Senado de la República hemos legislado e impulsado políticas para contribuir a cambiar estas condiciones, a generar mejores oportunidades en materia de igualdad, de paridad en la representación política y en el desempeño de cargos públicos, así como en la creación de normas e instrumentos para abatir la violencia contra las mujeres por razones de género.

Uno de esos esfuerzos es el orientado a abatir la actual brecha de género en materia salarial. Como en muchos otros aspectos de nuestra realidad nacional, los datos son reveladores. Diversos estudios indican que las trabajadoras mexicanas ganan hasta 34% menos que los hombres y, según el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 128 de 144 países en materia de desigualdad salarial entre los géneros.

El criterio de justicia que establece que a trabajo de igual valor corresponde salario igual, no se cumple para un gran porcentaje de mujeres mexicanas. Según el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, Conapred, la brecha salarial es alarmante: con posiciones ocupacionales y escolaridad similares, nos dice, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al de las mujeres.

Hay, además, zonas de nuestra vida laboral en que la justicia se percibe como una referencia remota: en el caso de las trabajadoras domésticas, sector al que históricamente se le ha negado la más elemental justicia laboral, la brecha resulta más abismal pues perciben un sueldo aproximado de mil pesos; mientras que un trabajador doméstico percibe cinco mil en promedio; lo que significa una diferencia salarial del 80%.

De no tomarse medidas concretas para abatir estas abismales diferencias, para cerrar estas brechas desgarradoras, seguiremos reproduciendo hasta el infinito esta condena histórica que pesa sobre las trabajadoras mexicanas. Según un estudio de 2016 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se estima que al ritmo actual la igualdad de género en cuanto a salarios se refiere podría lograrse hasta el año 2133, tardando más de un siglo.

Así como legislamos para asegurar una democracia paritaria, de paridad en todo, los senadores de Morena tenemos el compromiso de lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres cuando se trate de trabajos de igual valor.

Por ello, en esta LXIV Legislatura del Senado de la Republica seguiremos aprobando nuevas leyes y reformas para garantizar que la justicia laboral y salarial llegue para las trabajadoras de México. La 4T cumple.

REDES SOCIALES: @imeldacastromx

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México es un país históricamente desgarrado por la desigualdad. Ni la revolución de independencia ni las reformas liberales del siglo XIX resolvieron esta tara de nuestro desarrollo como nación y la revolución de 1910 apenas esbozó soluciones que no tocaron en lo esencial la injusta estructura de distribución de la riqueza nacional entre las clases sociales y las regiones del país. Los llamados gobiernos posrevolucionarios se ocuparon de los “problemas del desarrollo” pero olvidaron deliberadamente la cuestión de la justicia social.

El periodo neoliberal iniciado en los ochenta, lo sabemos, privilegió un modelo económico centrado en el crecimiento sin equidad, apostando a las “bondades y equilibrios naturales del libre mercado”, a la idea del “reparto por goteo”, renunciando a los deberes sociales del Estado mexicano. Lejos de políticas redistributivas que disminuyeran la desigualdad y la pobreza, impusieron políticas de privatización, de contención y castigo salarial, además de otras derivadas del llamado Consenso de Washington.

El resultado de casi cuatro décadas de neoliberalismo ha sido la profundización de la desigualdad y el crecimiento exponencial de la pobreza, demasiado lejos de moderar, como señalaban los “Sentimientos de la Nación” de Morelos, los extremos de la opulencia y de la indigencia. Las brechas de la desigualdad se ampliaron y multiplicaron sus ámbitos.

Las mujeres mexicanas han estado siempre en el corazón de las desigualdades nacionales, de las actuales y de las históricas. Lo mismo en la vida pública que en el hogar, en la política y en el trabajo, la lucha de las mujeres es por derribar muros y eliminar estereotipos, romper techos de cristal y por cerrar brechas de desigualdad de género en diversas esferas y niveles.

En el Senado de la República hemos legislado e impulsado políticas para contribuir a cambiar estas condiciones, a generar mejores oportunidades en materia de igualdad, de paridad en la representación política y en el desempeño de cargos públicos, así como en la creación de normas e instrumentos para abatir la violencia contra las mujeres por razones de género.

Uno de esos esfuerzos es el orientado a abatir la actual brecha de género en materia salarial. Como en muchos otros aspectos de nuestra realidad nacional, los datos son reveladores. Diversos estudios indican que las trabajadoras mexicanas ganan hasta 34% menos que los hombres y, según el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 128 de 144 países en materia de desigualdad salarial entre los géneros.

El criterio de justicia que establece que a trabajo de igual valor corresponde salario igual, no se cumple para un gran porcentaje de mujeres mexicanas. Según el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, Conapred, la brecha salarial es alarmante: con posiciones ocupacionales y escolaridad similares, nos dice, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al de las mujeres.

Hay, además, zonas de nuestra vida laboral en que la justicia se percibe como una referencia remota: en el caso de las trabajadoras domésticas, sector al que históricamente se le ha negado la más elemental justicia laboral, la brecha resulta más abismal pues perciben un sueldo aproximado de mil pesos; mientras que un trabajador doméstico percibe cinco mil en promedio; lo que significa una diferencia salarial del 80%.

De no tomarse medidas concretas para abatir estas abismales diferencias, para cerrar estas brechas desgarradoras, seguiremos reproduciendo hasta el infinito esta condena histórica que pesa sobre las trabajadoras mexicanas. Según un estudio de 2016 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se estima que al ritmo actual la igualdad de género en cuanto a salarios se refiere podría lograrse hasta el año 2133, tardando más de un siglo.

Así como legislamos para asegurar una democracia paritaria, de paridad en todo, los senadores de Morena tenemos el compromiso de lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres cuando se trate de trabajos de igual valor.

Por ello, en esta LXIV Legislatura del Senado de la Republica seguiremos aprobando nuevas leyes y reformas para garantizar que la justicia laboral y salarial llegue para las trabajadoras de México. La 4T cumple.

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