/ miércoles 24 de noviembre de 2021

¿La auditora se atreverá a acusar a los diputados?

Se imagina usted a la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix llegando a la Fiscalía General del Estado, cargando un titipuchal de expedientes para denunciar entre otros, a alcaldes, diputados del Poder Legislativo y a magistrados del Poder Judicial, por no aclarar bien a bien sus cuentas públicas.

El diputado Adolfo Beltrán en días pasados demandó que el Congreso del estado se aplique en poner a trabajar a la auditora para que ésta a su vez demande ante la Fiscalía a los alcaldes que el propio congreso les reprobó las cuentas públicas del 2019 por una serie de irregularidades que detectaron, pero, no pidió que también a los legisladores ya que como dice el dicho hay que poner las barbas a remojar, porque honestos, honestos los diputados no lo son.

En su exposición aseguró que las denuncias por el desvío de recursos, le corresponde a la Auditora pero que nunca ha presentado una querella ante las autoridades correspondientes, por lo que se atrevió a decir que si en lo subsecuente no lo hace pudieran destituirla.

En el lejano caso que la Auditoria le tomara la palabra, algunos legisladores de acuerdo a sus propios compañeros irían en los expedientes, porque bien dice el dicho que “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”.

Empezando por el propio diputado Beltrán, él al igual que otros, en su tiempo cuando fue diputado en la LIX legislatura se benefició con recursos etiquetados para “gestión social”, decían que era parte del sueldo y para poder comprobar ese dinero, buscaban facturas de todo tipo, no se recuerda cuál era la cantidad, en cada legislatura “la gestión social” fue aumentando, todo, para no pagar impuestos

Nunca quedaba muy claro, cuál era el sueldo real de los diputados, se hablaba de 150 a 180 mil pesos mensuales.

En la Sesenta y Dos Legislatura la gestión social era de 50 mil pesos, los diputados tenían que comprobar esa partida con facturas, pedían acá, acullá, incluso algunas eran de negocios fantasmas. Si la auditora las presenta, cuántos legisladores que están en el congreso u otros que en este momento son funcionarios no sabrían dónde meter la cara.

También el diputado Jesús Ibarra, cuando fue diputado del Verde Ecologista y hoy legislador de Morena, cuestionó el famoso pago que se etiquetó “gestión social” y que tenían que andar buscando cada mes cómo comprobar ese gasto.

Todavía en noviembre y diciembre del 2018, a los diputados de la Sesenta y Tres Legislatura les tocó esos 50 mil pesos, y si la memoria no nos falla el único que los regresó fue Jesús Armando Ramírez del PRI, los de Morena que tanto hablan de honestidad, de corrupción, de transparencia, se quedaron calladitos.

Qué hizo Marco Antonio Zazueta, Pedro Lobo, que se desgarran las vestiduras también acusando de tapadera a la Auditora, incluso han pedido su destitución, pero no dicen que ellos también presentaron facturas para comprobar ese dinero, corrupto es desde el que agarra un peso, hasta 50 mil pesos, y ellos, los tomaron al iniciar la Sesenta y Tres Legislatura.

También está la priista Gloria Himelda, Félix, Victoria Sánchez, Cecilia Covarrubias, entre otras y otros morenistas.

Fue en enero de 2019, cuando la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Graciela Domínguez anunció que se iba a desterrar ésa práctica y que a partir de esa fecha, desaparecía el famoso fondo de gestión social, pero se fijó un sueldo neto de 107 mil pesos mensuales y posteriormente se les designó 20 mil pesos para gestión social.

Cabe aclarar que existe una reglamentación muy clara y transparente para que la gente conozca hacia donde van esos recursos que ahora son adicionales a fin de que el diputado pueda auxiliarse en apoyos y gestión a los ciudadanos, además la ley es muy precisa en el sentido de que dichos recursos que no sean comprobados deberán reintegrarlos.

Sin embargo, muchos diputados pícaros siguen buscando facturas porque no destinan ese recurso para lo que fue designado, hacen gestión social, pero dan sólo dádivas, buscan facturas, las piden a gente que conocen, incluso hasta a sus asistentes, de comida, de ropa ¿y la auditoria que dice, es tapadera de ellos pese a que por callarse la quieren destituir?

Se imagina usted a la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix llegando a la Fiscalía General del Estado, cargando un titipuchal de expedientes para denunciar entre otros, a alcaldes, diputados del Poder Legislativo y a magistrados del Poder Judicial, por no aclarar bien a bien sus cuentas públicas.

El diputado Adolfo Beltrán en días pasados demandó que el Congreso del estado se aplique en poner a trabajar a la auditora para que ésta a su vez demande ante la Fiscalía a los alcaldes que el propio congreso les reprobó las cuentas públicas del 2019 por una serie de irregularidades que detectaron, pero, no pidió que también a los legisladores ya que como dice el dicho hay que poner las barbas a remojar, porque honestos, honestos los diputados no lo son.

En su exposición aseguró que las denuncias por el desvío de recursos, le corresponde a la Auditora pero que nunca ha presentado una querella ante las autoridades correspondientes, por lo que se atrevió a decir que si en lo subsecuente no lo hace pudieran destituirla.

En el lejano caso que la Auditoria le tomara la palabra, algunos legisladores de acuerdo a sus propios compañeros irían en los expedientes, porque bien dice el dicho que “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”.

Empezando por el propio diputado Beltrán, él al igual que otros, en su tiempo cuando fue diputado en la LIX legislatura se benefició con recursos etiquetados para “gestión social”, decían que era parte del sueldo y para poder comprobar ese dinero, buscaban facturas de todo tipo, no se recuerda cuál era la cantidad, en cada legislatura “la gestión social” fue aumentando, todo, para no pagar impuestos

Nunca quedaba muy claro, cuál era el sueldo real de los diputados, se hablaba de 150 a 180 mil pesos mensuales.

En la Sesenta y Dos Legislatura la gestión social era de 50 mil pesos, los diputados tenían que comprobar esa partida con facturas, pedían acá, acullá, incluso algunas eran de negocios fantasmas. Si la auditora las presenta, cuántos legisladores que están en el congreso u otros que en este momento son funcionarios no sabrían dónde meter la cara.

También el diputado Jesús Ibarra, cuando fue diputado del Verde Ecologista y hoy legislador de Morena, cuestionó el famoso pago que se etiquetó “gestión social” y que tenían que andar buscando cada mes cómo comprobar ese gasto.

Todavía en noviembre y diciembre del 2018, a los diputados de la Sesenta y Tres Legislatura les tocó esos 50 mil pesos, y si la memoria no nos falla el único que los regresó fue Jesús Armando Ramírez del PRI, los de Morena que tanto hablan de honestidad, de corrupción, de transparencia, se quedaron calladitos.

Qué hizo Marco Antonio Zazueta, Pedro Lobo, que se desgarran las vestiduras también acusando de tapadera a la Auditora, incluso han pedido su destitución, pero no dicen que ellos también presentaron facturas para comprobar ese dinero, corrupto es desde el que agarra un peso, hasta 50 mil pesos, y ellos, los tomaron al iniciar la Sesenta y Tres Legislatura.

También está la priista Gloria Himelda, Félix, Victoria Sánchez, Cecilia Covarrubias, entre otras y otros morenistas.

Fue en enero de 2019, cuando la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Graciela Domínguez anunció que se iba a desterrar ésa práctica y que a partir de esa fecha, desaparecía el famoso fondo de gestión social, pero se fijó un sueldo neto de 107 mil pesos mensuales y posteriormente se les designó 20 mil pesos para gestión social.

Cabe aclarar que existe una reglamentación muy clara y transparente para que la gente conozca hacia donde van esos recursos que ahora son adicionales a fin de que el diputado pueda auxiliarse en apoyos y gestión a los ciudadanos, además la ley es muy precisa en el sentido de que dichos recursos que no sean comprobados deberán reintegrarlos.

Sin embargo, muchos diputados pícaros siguen buscando facturas porque no destinan ese recurso para lo que fue designado, hacen gestión social, pero dan sólo dádivas, buscan facturas, las piden a gente que conocen, incluso hasta a sus asistentes, de comida, de ropa ¿y la auditoria que dice, es tapadera de ellos pese a que por callarse la quieren destituir?