La palabra amnistía significa la privación del recuerdo, el olvido. Uno de sus objetivos históricos es la recuperación de la tranquilidad y la paz social, después de etapas de recrudecimiento de la violencia.
Uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la amnistía en México fue tras la caída del gobierno imperial y la derrota de Maximiliano de Habsburgo, lo que podría considerarse la culminación de una guerra civil. En esa ocasión, el presidente Benito Juárez decidió otorgar amnistía a los que habían luchado en contra de él. De esta manera, el 13 de octubre de 1870 se concedió una Ley de Amnistía “en favor de los enemigos de la República presos por traición, sedición, conspiración y demás delitos políticos, con excepción de los lugartenientes del imperio y de los jefes de divisiones y cuerpos del Ejército que se pasaron al invasor”.
La amnistía se continuó otorgando en México por diversos motivos. La volvió a retomar Lerdo de Tejada en 1872 y, años más tarde, la utilizaron los presidentes Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Luis Echeverría y José López Portillo, estos dos últimos para liberar a presos o perseguidos políticos, producto de las luchas estudiantiles o luchas sociales de esas épocas.
Un caso contemporáneo en México fue la Ley de Amnistía decretada por Carlos Salinas de Gortari en enero de 1994, con el fin de lograr un diálogo entre el Gobierno y el EZLN. En ese entonces, el presidente envió una iniciativa de amnistía al Congreso, en la que se otorgaba el perdón a todas las personas contra quienes se ejerció acción penal por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia o que tengan relación con ellos en varios municipios de Chiapas.
El escenario actual de violencia en México podría compararse en algunos aspectos con el de una guerra civil, sobre todo, producto de la inercia de una estrategia fallida de presunto combate al narcotráfico, cuya realidad ha sido una sangrienta etapa de casi 300 mil muertos, más de 60 mil desaparecidos; una verdadera “crisis humanitaria”, entre otros saldos característicos, justamente de algo muy similar al resultado que tendría un “conflicto bélico”; de hecho, cuando se ha realizado un ranking internacional México ha aparecido solo por debajo de Siria.
El actual presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su precampaña y campaña presidencial, anunció que, de ganar la Presidencia, impulsaría una Ley de Amnistía como una estrategia de contraste ante la ya mencionada estrategia fallida para combatir el tráfico de drogas.
Desde aquel anuncio de López Obrador hubo voces críticas, pues muchas de ellas no alcanzaron a comprender la intención ni el alcance que puede tener una iniciativa de amnistía, pues no iba encaminada a liberar a grandes capos o a perdonar a delincuentes violentos. La amnistía, en este caso, se entiende como la búsqueda de la justicia para miles de personas que han sido encarceladas injustamente, aquellas de quienes no se tomó en cuenta la situación específica del presunto crimen que cometieron, una alternativa en apego a los derechos humanos.
Así pues, la iniciativa presidencial ha estado discutiéndose en el ámbito legislativo y el 11 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. Esta va encauzada en favor de las personas en contra de quienes se hayan ejercido acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas.
En México existen graves casos de injusticia penal en torno al aborto, así como a la siembra, venta y transportación de estupefacientes por parte de personas en situación de pobreza extrema. Tampoco se debe olvidar que, en nuestro país, hay personas indígenas que han sido encarceladas por no haber contado con la adecuada defensa durante su proceso o aquellos que, por padecer hambre, se vieron en la necesidad de cometer hurto sin violencia.
Una investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicada en 2018, señaló que entre enero de 2007 a diciembre de 2016 existían en México 83 personas en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva por el delito de aborto, sobre todo mujeres que, como muestra el mismo documento, en muchos de estos casos los imputados no llevaron un proceso judicial adecuado, no contaron con abogado defensor o provenían de hogares con violencia doméstica.
De igual manera, diversos reportajes periodísticos documentan un importante número de casos de encarcelamiento de personas indígenas en las que se imputó con falta de pruebas, sin la ayuda de traductor en la defensa y de las que se sospecha racismo o vendettas políticas, y se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el país hay casi 8,500 indígenas que permanecen en prisión, muchos de los cuales no tienen conocimiento de porqué se encuentran en la cárcel.
Recientemente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que de aprobarse la Ley de Amnistía por la Cámara de Senadores hasta 6,200 reclusos podrían obtener su libertad, e indicó que es mentira que vayan a ser liberados 300,000 presos, como algunos críticos del Gobierno han tratado de afirmar. La cifra expuesta por la titular de la Secretaría de Gobernación va mucho más acorde con la realidad, pues la Ley de Amnistía propuesta no pretende liberar a los delincuentes involucrados con la ola de violencia que azota al país desde hace años, sino más bien reparar las fallas de nuestro actual sistema de justicia penal, el cual afecta principalmente a los más vulnerables. Estamos a unas cuantas semanas de que el Senado de la República apruebe la minuta enviada por la Cámara de Diputados y pueda iniciar el proceso de implementación legal y el impulso a leyes estatales de amnistía, donde Sinaloa está llamado a trabajar en ello.
