Son ya casi seis meses desde que el Instituto Sinaloense de las Mujeres se encuentra sin titular.
Desde el 31 de enero de este año, el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado de Sinaloa han protagonizado una batalla política, ahora bajo el argumento de “velar” por nombrar a una titular que cumpla con “los requisitos”, tanto académicos como de lucha social, para esa dirección del gobierno del Estado.
Han complejizado y burocratizado tanto el acuerdo, que se han adjudicado un “logro”: obstruir la atención de los problemas que laceran y cobran a diario vidas de mujeres.
A las mujeres sinaloenses nadie nos da tregua.
Parece escapar de la vista que la violencia que ocurre en el contexto del confinamiento tras la llegada del Covid-19 ha alcanzado cifras alarmantes, pero imperceptibles para las autoridades que han malentendido la razón de ser y la importancia de estos espacios.
Una vez más, a las mujeres nos han invisibilizado con esta simplificación a la que han reducido la agenda pública, que se mantiene centrada, desde la máxima tribuna del Estado y hasta los pronunciamientos del Ejecutivo, en el debate sobre perfiles adecuados.
¿Y las estrategias, presupuestos y acciones? ¿A quién podemos reclamar y exigir?
Esta negligencia persiste a pesar del aumento de la violencia familiar que las ha llevado a pedir ayuda al 911.
Sin embargo, este clamor de auxilio es solamente una cifra estadística, sin que ante ello exista una contención adecuada: las voces que se escucharon a través de las 6,651 llamadas que fueron recibidas de febrero a abril no encuentran resonancia, no hay quien responda, no hay datos sobre la atención en los refugios para las mujeres violentadas en el Estado, no hay seguimiento a los programas y no hay gestión de los recursos.
Con un presupuesto cercenado, sin gestión política, sin el agrupamiento de las mujeres, el ISMUJERES se encuentra inmovilizado e inoperable, mientras los delitos perpetrados contra las mujeres siguen engrosando la cifra delictiva, como se aprecia en los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública: de enero a junio de este año se cometieron en Sinaloa 13 feminicidios, 511 casos de violencia contra las mujeres, 50 abusos sexuales, 17 casos de acoso sexual, 103 violaciones simples, 29 violaciones equiparadas, 2,212 mujeres que sufrieron violencia familiar, 33 casos por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 2, 953 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar y 30 por otros delitos contra la familia, mermando sensiblemente la seguridad e integridad de las mujeres ante la omisión institucional.
Es esta realidad, la que buscamos sea objeto de atención y genuina preocupación. ¿Acaso espera el legislativo la exigencia judicial? ¿El incumplimiento a las normas, a las mujeres y sociedad?
Se equivoca también el gobernador al llamar “ganona” a Araceli Tirado, quien en tanto ha sido nombrada como encargada de despacho. No hay triunfo alguno en ello, ya que el problema no es Araceli Tirado, ni Eva Guerrero, ni las otras 19 mujeres registradas para dirigir el instituto. El problema es la politiquería con la que han secuestrado el proceso.
Un llamado a la conciencia para actuar con sensibilidad, con urgencia política, dando prioridad a una realidad que duele, que indigna, que debe atenderse con carácter inmediato.
