La mayoría de las luchas sociales en nuestro país han sido para beneficiar a los que menos tienen. Precisamente, uno de los logros de la Revolución mexicana fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se reconocen las garantías individuales en materia laboral y de seguridad social. Desde entonces, debido al considerable aumento de la población, al Estado se le ha complicado garantizar el derecho a la seguridad social.
El gobierno ha realizado un gran esfuerzo para atender la salud de la población con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Prospera, los hospitales generales, los centros de salud en comunidades y los dispensarios médicos en sindicaturas. A través de los años, la cobertura en salud ha aumentado. La última política pública en ese sentido fue la creación del Seguro Popular.
La preocupación de las administraciones federales por llevar salud al mayor número de usuarios hizo que se creara este programa al comienzo del milenio. Tras pagar una pequeña inscripción, las familias recibían atención de salud en los institutos de salud del estado.
Hoy, el gobierno actual reformó la Ley General de Salud y creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que sustituye al Seguro Popular. Se trata del sueño de millones de mexicanos: tener un sistema de salud universal con medicamentos gratuitos. No obstante, el INSABI ha tenido muchos problemas al entrar en operación este año. Incorporó a más de 69 millones de personas: a 30 millones que tenía el Seguro Popular que se quedaron sin este servicio el 1 de enero y a 39 millones de personas que carecían de seguridad social.
El artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, así lo señala: “Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social”.
Siempre he sostenido que lo que no se evalúa, se devalúa o, mínimamente, no se puede mejorar. Los problemas por la implementación del INSABI se deben a que previamente no se hizo una evaluación del Sistema de Salud. Ante la solicitud de servicios, el INSABI ha mostrado que carece de un marco normativo claro, de un sistema financiero sólido y de un sustento operativo fuerte: faltan medicamentos, tiene escaso personal médico, su infraestructura y equipamiento es insuficiente y, además, cobran los servicios médicos.
Establecer un sistema universal de salud en todo el país es muy complejo, sobre todo cuando no hay comunicación entre las autoridades y el personal que proporciona los servicios. Debido a la inconformidad, los ciudadanos han protestado y bloqueado calles e instituciones; en el aeropuerto de la Ciudad de México incluso una manifestación de padres de niños enfermos de cáncer —por falta de medicamento— llegó a los golpes con las autoridades de seguridad.
Ante ello, el gobierno federal debe de hacer un alto en el camino y replantear la entrada en vigor del Sistema Universal de Salud para establecer transparentar los recursos económicos para iniciar y sostener este importante proyecto. Es decir, para evitar confusiones y ambigüedades del presupuesto que se designará al INSABI debe aclarar el presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que recibirán los estados, así como transparentar el proceso de afiliación al INSABI y la asignación de medicamentos por unidad médica u hospital.
Hasta ahora, lo único que sabemos es que el INSABI ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel, por lo que los hospitales federales e institutos nacionales que ofrecen servicios de tercer nivel continuarán cobrando cuotas de recuperación. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que los servicios de salud son gratuitos en todos los niveles, pero la realidad lo contradice.
Hace unos días, el presidente afirmó que se garantizará la gratuidad de los servicios de salud en todos los niveles antes de que concluya 2020. No obstante, algunos estudios señalan que para cumplir esta meta se requieren más de 346,000 millones de pesos adicionales a los 112,000 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos para 2020. Incluso, organismos internacionales recomiendan que los países deben destinarle al derecho de atención a la salud el 6.5% del PIB, y actualmente México solo le destina el 2.5%.
El gobierno federal corre un riesgo al centralizar los recursos financieros, humanos, materiales y las unidades de salud, y dejar de lado a los gobernadores. Es fundamental que los gobiernos federal y estatales conjunten esfuerzos para poder brindar a la población el servicio universal de salud; de no hacerlo, se corre el riesgo de que muchos ciudadanos sufran al peregrinar en una clínica u hospital. La centralización tiene muchas posibilidades de no salir adelante.
Debemos asegurarnos que ningún mexicano tenga consecuencias fatales por la falta de algún medicamento o por no ser atendido en un hospital. Debemos apostarle a erradicar la inequidad y las carencias de la población más vulnerable, principalmente las niñas y los niños, así como las personas de la tercera edad que sufren enfermedades crónicas-degenerativas. Bienvenido el Sistema Universal de Salud.
