/ martes 12 de noviembre de 2019

Inseguridad y desarrollo económico

Si bien en los últimos veinte años los mexicanos hemos fortalecido la democracia mediante la alternancia de los partidos políticos, los problemas estructurales no se han resuelto. Uno de ellos es el de la violencia, e incluso existe la percepción social de que ésta se ha incrementado.

La violencia que hoy enfrentamos es un reto social de gran complejidad y rebasa la política social del actual gobierno. Los ciudadanos vivimos con el temor de ser víctimas de un delito, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que los índices de criminalidad van en descenso. No obstante, las estadísticas contradicen al propio mandatario: en el año del 2018 se registraron 35,964 homicidios en el país, según cifras actualizadas del INEGI. La cifra más alta en la historia del país.

A diario las noticias refieren delitos como el robo de combustible, las agresiones a los cuerpos de seguridad como al Ejército y la policía, los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, los desaparecidos, los asesinatos de familias enteras o el sometimiento del gobierno a la delincuencia organizada para liberar a miembros de sus grupos.

Esta difícil situación ha propiciado que la economía nacional se vea seriamente minimizada, lo que se refleja en que las inversiones se contraigan y dejen de realizarse.

Para mí es importante resaltar que no todo lo que está sucediendo es culpa del presidente, sino que ello es consecuencia de las malas políticas de muchos gobiernos emanados de partidos diferentes; sin embargo, culpar al pasado no es lo más adecuado, por lo que el presidente López Obrador debe saber que ya tiene las riendas y es el responsable de lo que pasa y deja de pasar en el país.

Siempre he sostenido que la inseguridad amedrenta a los capitales: los empresarios no van a arriesgar su inversión donde no hay seguridad, pues para establecerse buscan un lugar donde exista un verdadero Estado de derecho. Como es sabido, la inseguridad ahuyenta la inversión; si no hay inversión, no existe crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Todo ello produce más pobreza, más desigualdad social y más violencia.

No quiero parecer pesimista, pero muchos analistas coinciden en señalar que de persistir los recortes presupuestales a los municipios y al campo, puede haber graves repercusiones en el corto plazo. Por eso considero que los diputados, cuando discutan el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en esta semana, tienen todavía una gran oportunidad para generar confianza en los inversionistas.

Sin embargo, uno de los principales problemas del presidente de México es no reconocer que vamos mal y que se debe fortalecer a los municipios, el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. Por lo pronto, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no vemos que se destinen fondos para infraestructura municipal, y sí, en cambio, una disminución en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y un recorte al rubro de los Pueblos Mágicos y Pueblos Mineros; de ahí la preocupación de los alcaldes que se manifestaron en la Ciudad de México.

Los especialistas, de hecho, advierten varios errores en la planeación e instrumentación del presupuesto ejercido este año. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del mes de septiembre existe un subejercicio del gasto neto del sector público de más de 151,000 millones de pesos. Sin duda, esto ha influido en la falta de actividad económica en el país y nos acerca a una recesión.

Según la SHCP, estos subejercicios se dan principalmente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 24 mil 734 millones de pesos; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 15 mil millones; la Secretaría de Gobernación, con 10 mil 868 millones; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 8 mil 892 millones; la Secretaría de Agricultura, con 8 mil 809 millones, y la Secretaría de Salud, con 5 mil 938 millones. Lo anterior es preocupante porque el gasto de las dependencias no ha evolucionado y no permite un ciclo económico que genere crecimiento y empleos; otra situación delicada es que la Ley de Austeridad le permite al presidente usar estos recursos a discreción y sin reglas de operación.

Este artículo no pretende ser un ataque a la política económica y de seguridad del gobierno federal. Siempre he sostenido que si al presidente le va bien, a los mexicanos nos va mejor, y siempre hemos estado dispuestos a ayudar en lo que nos corresponde. Pero también he sido un crítico de lo que se hace mal para poder replantear una nueva política en beneficio de los que menos tienen.

Por tanto, es fundamental que se haga un alto en las políticas nacionales, se analice lo que está pasando y se modifique la estrategia general a partir de tomar en cuenta a todos los actores políticos, sociales y económicos. Sólo así podremos lograr un real Estado de derecho que genere confianza en los inversionistas, haya empleos y crecimiento económico, y esto redunde en una verdadera disminución en la inseguridad de todo el país.

Gracias y que pasen una excelente semana.

Si bien en los últimos veinte años los mexicanos hemos fortalecido la democracia mediante la alternancia de los partidos políticos, los problemas estructurales no se han resuelto. Uno de ellos es el de la violencia, e incluso existe la percepción social de que ésta se ha incrementado.

La violencia que hoy enfrentamos es un reto social de gran complejidad y rebasa la política social del actual gobierno. Los ciudadanos vivimos con el temor de ser víctimas de un delito, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que los índices de criminalidad van en descenso. No obstante, las estadísticas contradicen al propio mandatario: en el año del 2018 se registraron 35,964 homicidios en el país, según cifras actualizadas del INEGI. La cifra más alta en la historia del país.

A diario las noticias refieren delitos como el robo de combustible, las agresiones a los cuerpos de seguridad como al Ejército y la policía, los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, los desaparecidos, los asesinatos de familias enteras o el sometimiento del gobierno a la delincuencia organizada para liberar a miembros de sus grupos.

Esta difícil situación ha propiciado que la economía nacional se vea seriamente minimizada, lo que se refleja en que las inversiones se contraigan y dejen de realizarse.

Para mí es importante resaltar que no todo lo que está sucediendo es culpa del presidente, sino que ello es consecuencia de las malas políticas de muchos gobiernos emanados de partidos diferentes; sin embargo, culpar al pasado no es lo más adecuado, por lo que el presidente López Obrador debe saber que ya tiene las riendas y es el responsable de lo que pasa y deja de pasar en el país.

Siempre he sostenido que la inseguridad amedrenta a los capitales: los empresarios no van a arriesgar su inversión donde no hay seguridad, pues para establecerse buscan un lugar donde exista un verdadero Estado de derecho. Como es sabido, la inseguridad ahuyenta la inversión; si no hay inversión, no existe crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Todo ello produce más pobreza, más desigualdad social y más violencia.

No quiero parecer pesimista, pero muchos analistas coinciden en señalar que de persistir los recortes presupuestales a los municipios y al campo, puede haber graves repercusiones en el corto plazo. Por eso considero que los diputados, cuando discutan el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en esta semana, tienen todavía una gran oportunidad para generar confianza en los inversionistas.

Sin embargo, uno de los principales problemas del presidente de México es no reconocer que vamos mal y que se debe fortalecer a los municipios, el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. Por lo pronto, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no vemos que se destinen fondos para infraestructura municipal, y sí, en cambio, una disminución en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y un recorte al rubro de los Pueblos Mágicos y Pueblos Mineros; de ahí la preocupación de los alcaldes que se manifestaron en la Ciudad de México.

Los especialistas, de hecho, advierten varios errores en la planeación e instrumentación del presupuesto ejercido este año. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del mes de septiembre existe un subejercicio del gasto neto del sector público de más de 151,000 millones de pesos. Sin duda, esto ha influido en la falta de actividad económica en el país y nos acerca a una recesión.

Según la SHCP, estos subejercicios se dan principalmente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 24 mil 734 millones de pesos; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 15 mil millones; la Secretaría de Gobernación, con 10 mil 868 millones; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 8 mil 892 millones; la Secretaría de Agricultura, con 8 mil 809 millones, y la Secretaría de Salud, con 5 mil 938 millones. Lo anterior es preocupante porque el gasto de las dependencias no ha evolucionado y no permite un ciclo económico que genere crecimiento y empleos; otra situación delicada es que la Ley de Austeridad le permite al presidente usar estos recursos a discreción y sin reglas de operación.

Este artículo no pretende ser un ataque a la política económica y de seguridad del gobierno federal. Siempre he sostenido que si al presidente le va bien, a los mexicanos nos va mejor, y siempre hemos estado dispuestos a ayudar en lo que nos corresponde. Pero también he sido un crítico de lo que se hace mal para poder replantear una nueva política en beneficio de los que menos tienen.

Por tanto, es fundamental que se haga un alto en las políticas nacionales, se analice lo que está pasando y se modifique la estrategia general a partir de tomar en cuenta a todos los actores políticos, sociales y económicos. Sólo así podremos lograr un real Estado de derecho que genere confianza en los inversionistas, haya empleos y crecimiento económico, y esto redunde en una verdadera disminución en la inseguridad de todo el país.

Gracias y que pasen una excelente semana.

martes 19 de noviembre de 2019

Microscopio Social

martes 12 de noviembre de 2019

Inseguridad y desarrollo económico

martes 05 de noviembre de 2019

Ley Bonilla: una incongruencia jurídica

martes 29 de octubre de 2019

Financiamiento de los partidos políticos

martes 22 de octubre de 2019

La cardioprotección de los sinaloenses

martes 15 de octubre de 2019

Revocación de mandato

martes 08 de octubre de 2019

Acuerdos en el Congreso del Estado

martes 01 de octubre de 2019

Un esbozo del paquete económico 2020