Quizá sea la crisis de la pandemia COVID-19 el mayor reto de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es indudable que las situaciones límite o extraordinarias, como la que estamos viviendo, son una prueba decisiva, no solo para conocer la calidad del material del que están hechos los líderes políticos, incluyendo por supuesto, los jefes de Estado, sino que pone a prueba también su capacidad para mantenerse en el poder y trascender con éxito todas las etapas de la crisis, sobre todo en las dimensiones sanitaria y económica.
Al inicio de la emergencia, la decisión reactiva de suspender vuelos y cerrar fronteras, que tomaron varios de ellos en sus respectivos países, denota la obnubilación que los atrapó, al no pensar en la alta conectividad del mundo actual y la necesidad de la cooperación e interdependencia entre naciones, lo cual se convierte en una oportunidad, casi la única, para atender eficientemente los requerimientos de las crisis nacionales. Sería fatal cortar de tajo las cadenas de suministro médico y alimentario en medio de la pandemia. Por ello, estos jefes de Estado tuvieron que matizar sus decisiones y regresar a su regulación, dejando atrás el componente impulsivo de dichas decisiones.
En el caso de México, la firmeza y claridad en los objetivos de la transformación social, económica y política en marcha, tiene carta de navegación, pues está quedando claro que el barco no se moverá un ápice del camino trazado. La prueba es que en las primeras semanas de la contingencia algunos líderes opositores pensaron que podían dar el zarpazo y desviar el barco o, incluso, retornarlo a puerto. No se ha podido porque aunque es corto el tramo de estos quince meses de salida, el sistema inmunológico de la tripulación es fuerte y conoce la ruta.
El fortalecimiento del Estado de Bienestar es incipiente, pero el alcance del establecimiento de sus bases es ya relevante. Que la pandemia nos haya encontrado con más de 22 millones de mexicanos recibiendo transferencias sociales, a través de diversos programas públicos, cuando hay más de sesenta millones de pobres, es una buena noticia. De estos hay 8 millones de adultos mayores que ya recibieron 42 millones de pesos para atemperar los efectos de la pandemia en los meses más complicados de abril, mayo y junio. No olvidemos que son ellos población de alto riesgo ante la virulencia del COVID-19. La entrega anticipada de sus apoyos es el mejor blindaje para que se mantengan en casa y con buena salud mental.
Que más de diez millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén recibiendo sus becas educativas en estos momentos y que más de 190 mil pescadores empiecen a recibir, a partir del primero de mayo, una transferencia de siete mil pesos, no son cosa menor para sus familias.
No solo en las zonas marginadas se implementa la nueva política social del gobierno lopezobradorista, como el empleo permanente en zonas rurales a 9,230 sembradores y la promesa de ampliar 200 mil personas en los próximos meses, o los 740 mil jóvenes que reciben por su trabajo de aprendices en las empresas un salario mínimo, sino que, en particular, los productores de agricultura comercial recibirán un precio garantizado de 4,150 pesos por tonelada de maíz. Con esta última medida empezamos a ver la expansión del Estado de Bienestar hacia otras capas poblacionales, es decir, los llamados precios de garantía al maíz, trigo, arroz y leche a más de 100 mil productores minifundistas del centro y sureste del país, se incorpora a cerca de 30 mil productores de maíz de mediana escala de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, por primera vez en este gobierno.
En su Primer Informe Trimestral del año y Plan de Recuperación Económica, el presidente presentó nuevos ejes para fortalecer aún más este nuevo régimen de bienestar social, entre otros, ampliar el programa denominado Tandas del Bienestar, otorgando 450 mil microcréditos adicionales a los 230 mil ya otorgados, dedicando a ello 3,400 millones de pesos, adicionalmente. Junto a ello, se hace el anuncio de otorgar hasta dos millones de créditos personales, de vivienda y a empresas, con un plazo de seis meses sin cobro de intereses.
Otras medidas muy relevantes para abatir los estragos de la pandemia y generar un entorno más amigable para el personal del sector salud del IMSS como el llamado Bono COVID-19 equivalente al 20% de su salario que ya se está entregando; la convocatoria para contratar a 45 mil nuevos trabajadores de especialidades que respaldarán la atención en la fase tres de la pandemia; el convenio con la Asociación de Hospitales Privados de México para contar con la atención en 146 hospitales y 3,157 camas en 27 estados del país. Finalmente, dentro de las medidas para proteger el empleo se ha acordado diferir el pago de cuotas patronales al IMSS hasta por cuatro años.
Descarrilar el barco 4T no es tarea fácil para los piratas del mar; no hay río revuelto para ganancia de pescadores. Puede nublarse el cielo pero no tienen segura la carnada los zopilotes. Los tiempos exigen que los líderes políticos estén a la altura de las circunstancias, tanto los jefes de Estado por su responsabilidad para gestionar la crisis, como los opositores para mostrar la responsabilidad y utilidad para el éxito de dicha gestión estatal. Lo demás es palabrería al viento. Ahora y después de la pandemia la constante debe ser el cambio; estamos obligados a cambiar todos. Cambiemos.
