“Excusándose o no en la pandemia, algunos actores políticos han intensificado sus ataques contra la libertad de expresión y las autoridades electorales y judiciales, y han involucrado indebidamente a las fuerzas armadas en funciones relativas al mantenimiento del orden público”, esto dice el informe El estado de la democracia en las Américas 2021, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), refiriendo que la mitad de los países de América Latina y el Caribe muestran signos de erosión en su democracia, mientras Brasil sigue profundizando su retroceso democrático y las instituciones tradicionales de representación —los partidos políticos y los parlamentos— “se encuentran sumidos en una profunda crisis de legitimidad y de confianza”.
Ese informe parece retratar la situación que se vive en México, con una creciente militarización de las actividades que corresponderían a las fuerzas y órganos civiles, ataques desde el púlpito presidencial a la libertad de expresión, al agredir constantemente a comunicadores, periodistas e intelectuales críticos de su gobierno, así como un ataque sistemático al principal órgano electoral, el INE y al poder judicial en su conjunto, sin hablar del debilitamiento a otras instituciones en donde a través de la reducción de su presupuesto se atenta contra investigadores y eventuales de la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), el INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), y el CIDE. La desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), anunciados en diciembre pasado por la Semarnat, dos brazos técnicos para tomar decisiones importantes de política pública sin los que se queda deliberadamente el gobierno.
Todo esto es posible por la sumisión en que se encuentra buena parte del Congreso, la intimidación que se mantiene hacia el poder judicial y la Corte, los errores e inacción de la oposición política y el inmenso peligro creado, como en los tiempos de la antigüedad clásica romana, donde las reformas militares anteriores a la decisión del general Sila de hacerse con el poder, ligaban la lealtad del ejército a su general más que a Roma, y desestabilizaron permanentemente las estructuras de poder romanas. Fue el precedente para que otros como Julio César alcanzaran el poder político a través de la fuerza y no del Derecho ni la democracia.
En el 88 a.C., la marcha de Sila sobre Roma para tomar el poder, implicó la consolidación y la aceleración del terror, quedando corroborados con el asesinato de rivales políticos como Sulpicio y la declaración de enemigos públicos (hostes), en donde se esconde la legitimación de actos de venganza personal en actos de interés público (véase si no, el paralelismo histórico en los casos de lo que se hace en el vulgar Quién es quién en las mentiras, la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, asesor técnico en el Senado, acusado de homicidio; la arbitraria retención en la cárcel de Rosario Robles; la denuncia penal que se hizo contra algunos miembros del INE y otros casos más). En esa época en Roma, al decir de algunos autores y estudiosos, la declaración de enemigo público solía funcionar por decreto senatorial o por acto legislativo, haciendo que todos aquellos hostes rei publicae (enemigos de la cosa pública) pudieran ser asesinados con total impunidad, sus propiedades eran confiscadas y arrasadas, permitiendo transformar al enemigo político o personal en un enemigo de la República. Por eso, la antigua declaración de hostis hacía tolerable la eliminación de cualquier manera de los adversarios políticos, concibiéndolos como ajenos a la comunidad, enemigos y extraños a la visión y discurso del pensamiento único del poderoso.
Leemos en Tito Livio que doce miembros del Senado fueron declarados hostes, siguiendo de cerca el recuento del abogado e historiador Apiano, en el que se relata que la votación fue claramente amañada. El mismo Plutarco y Cicerón nos muestran hasta qué punto se trató de una violencia focalizada en pocos individuos, pero de elevado carácter simbólico. Cualquier parecido con la vida real es meramente coincidencia.
Pero no siempre los facilitadores del gobierno, los que interesada o desinteresadamente lo aplauden para provocar la tolerancia a la arbitrariedad, la justificación de los abusos o el atropello a los contrapesos, se salen con la suya. En el ataque y asesinato de Sulpicio que comenté al principio, se supo se debió a la traición de su esclavo, quien esperaba ser recompensado por los partidarios de Sila que lo habían cooptado. Lejos estaba su aspiración, cuando sintiendo el aire en su cara, su pago fue que lo arrojaron a él desde la Roca Tarpeya, empinado cerro de la antigua Roma con vistas al Foro romano, junto a la cima sur de la colina Capitolina, que durante la República, se utilizó como lugar de ejecución de asesinos y traidores, que eran lanzados desde ella. El Estado de derecho, la democracia y las instituciones de la República habrán de prevalecer, si los ciudadanos nos hacemos conscientes y participamos activamente de la cosa pública. Es el merecido por los ciudadanos democráticos, el mandar a volar que se debe dar a la autocracia.
