/ martes 26 de mayo de 2020

En Sinaloa, un viacrucis el pago de la luz y el agua


En medio de la tragedia de salud que vivimos los mexicanos, hay también una crisis económica que muchos no podrán superarla. Algunos analistas afirman que el nivel de pobreza se incrementará considerablemente, por lo que los programas sociales que servían para reducirla tendrán que modificarse; asimismo, para poder lograr este objetivo, las autoridades deberán transformar sus políticas públicas, reordenar el gasto y establecer un ambiente de cooperación con aquellos sectores económicos que generan empleo, los cuales serán los más afectados.

Coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que este país tenía que cambiar, ya que no era posible aguantar los índices de corrupción generados por otras administraciones. Sin embargo, no todo lo que se hizo en el pasado se debe destruir, y por eso las autoridades deben dejar muy claro que se actúa dentro de un Estado de derecho, que se están fortaleciendo las instituciones y no mandar mensajes contrarios.

Sirva este preámbulo para recordar las promesas de campaña del presidente de la república; una de ellas es que los servicios públicos que el Estado presta a la población serían más accesibles y menos costosos: sobre todo las tarifas eléctricas y el agua potable. También en febrero de este año, durante sus giras de fines de semana, señaló que, al combatir la corrupción, reducir los sueldos onerosos de los altos funcionarios, habría suficiente presupuesto para reducir las altas tarifas de todos los servicios públicos, lo que después de 18 meses de gobierno, no se ha cumplido.

Estos temas son de suma importancia para Sinaloa, porque existen dos factores que han elevado el consumo de la luz y el agua: las condiciones climáticas que azotan esta región y el aislamiento social debido a la pandemia; esta situación ha ocasionado que muchas familias no tengan para pagar los recibos de ambos servicios.

Los riesgos de inestabilidad social se elevan debido a lo anterior, más si le sumamos el alto número de personas que se quedaron sin trabajo o no pueden llevar el sustento diario. Esto convierte a Sinaloa en una entidad con un panorama incierto.

Desde abril conocemos las estadísticas que las juntas de agua potable han publicado en los medios de comunicación: el consumo del vital líquido se ha elevado hasta 67% en los hogares sinaloenses, y mientras más dure la medida de quedarse en casa, el consumo podría llegar hasta 90% extra por hogar.

Dado que las autoridades federales han recomendado que cada persona se lave las manos o use gel antibacterial cada vez que tenga contacto con la gente, productos que estuvieron fuera de la casa o cuando regrese de realizar sus compras, se cree que cada persona se lava las manos hasta 20 veces al día. Esta actividad se suma a otras tareas propias del hogar como la limpieza, el aseo personal, el lavado de zapatos y de ropa, por lo que la sobrecarga de la red de agua potable es real; además, cada planta de tratamiento también utiliza un alto consumo de electricidad.

Lo mismo ocurre con la energía eléctrica en el hogar. El confinamiento eleva el uso de los aparatos eléctricos y, por ende, el consumo de energía se incrementa; no obstante, en estas fechas, cuando la temperatura llega a más de 40 grados a la sombra, los aparatos de aire acondicionado son muy recurridos, por lo que estamos viendo consumos de hasta 5000 pesos en hogares que normalmente pagaban 500 u 800 pesos.

Como muchos sabemos, en Sinaloa, a partir del 1 de mayo entra el subsidio a la energía eléctrica para hogares, pero este apoyo no se vio reflejado en este mes, pues a la mayoría de los recibos se le aplica el subsidio en junio, lo que ocasiona que miles de hogares estén en peligro de quedarse sin la electricidad, ya que la CFE sigue aplicando cortes de energía como si se tratara de una situación normal y no en un escenario de emergencia.

A la vez, nos preocupan las señales que desde el Ejecutivo federal se están mandando. El 15 de mayo se publicó el decreto donde la Secretaría de Energía dio a conocer las reglas adicionales que le dan más control sobre el sistema eléctrico nacional y la suspensión (aunque después de las presiones dieron marcha atrás) de pruebas de 17 centrales de energía renovable —eólicas y fotovoltaicas—, poniendo en riesgo muchos proyectos de producción de energía limpia.

Estas medidas ponen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la única en el país de producir energía eléctrica; sin embargo, la forma en que lo hace la empresa paraestatal es por medio del uso de carbón y combustóleo, por lo que muchos analistas han pronosticado que el precio de electricidad se incrementará en los próximos meses.

Permítanme, ante ello, hacer un llamado a la sociedad de manifestar su inconformidad sobre las tarifas y los errores de cobro cometidos en los recibos a través de las redes sociales. Asimismo, aprovecho para exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía y directamente la CFE, en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica realice la revisión y evalúe la pertinencia de reclasificar las tarifas eléctricas aplicadas en el Estado de Sinaloa y se considere fijar la Tarifa 1F en los 18 municipios, así como revisar las clasificaciones, los errores y los aumentos estratosféricos en el cobro del consumo de energía, pues el alto consumo se debe a la medida preventiva de quedarnos en casa debido a la pandemia.

Gracias y quédense en casa.


En medio de la tragedia de salud que vivimos los mexicanos, hay también una crisis económica que muchos no podrán superarla. Algunos analistas afirman que el nivel de pobreza se incrementará considerablemente, por lo que los programas sociales que servían para reducirla tendrán que modificarse; asimismo, para poder lograr este objetivo, las autoridades deberán transformar sus políticas públicas, reordenar el gasto y establecer un ambiente de cooperación con aquellos sectores económicos que generan empleo, los cuales serán los más afectados.

Coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que este país tenía que cambiar, ya que no era posible aguantar los índices de corrupción generados por otras administraciones. Sin embargo, no todo lo que se hizo en el pasado se debe destruir, y por eso las autoridades deben dejar muy claro que se actúa dentro de un Estado de derecho, que se están fortaleciendo las instituciones y no mandar mensajes contrarios.

Sirva este preámbulo para recordar las promesas de campaña del presidente de la república; una de ellas es que los servicios públicos que el Estado presta a la población serían más accesibles y menos costosos: sobre todo las tarifas eléctricas y el agua potable. También en febrero de este año, durante sus giras de fines de semana, señaló que, al combatir la corrupción, reducir los sueldos onerosos de los altos funcionarios, habría suficiente presupuesto para reducir las altas tarifas de todos los servicios públicos, lo que después de 18 meses de gobierno, no se ha cumplido.

Estos temas son de suma importancia para Sinaloa, porque existen dos factores que han elevado el consumo de la luz y el agua: las condiciones climáticas que azotan esta región y el aislamiento social debido a la pandemia; esta situación ha ocasionado que muchas familias no tengan para pagar los recibos de ambos servicios.

Los riesgos de inestabilidad social se elevan debido a lo anterior, más si le sumamos el alto número de personas que se quedaron sin trabajo o no pueden llevar el sustento diario. Esto convierte a Sinaloa en una entidad con un panorama incierto.

Desde abril conocemos las estadísticas que las juntas de agua potable han publicado en los medios de comunicación: el consumo del vital líquido se ha elevado hasta 67% en los hogares sinaloenses, y mientras más dure la medida de quedarse en casa, el consumo podría llegar hasta 90% extra por hogar.

Dado que las autoridades federales han recomendado que cada persona se lave las manos o use gel antibacterial cada vez que tenga contacto con la gente, productos que estuvieron fuera de la casa o cuando regrese de realizar sus compras, se cree que cada persona se lava las manos hasta 20 veces al día. Esta actividad se suma a otras tareas propias del hogar como la limpieza, el aseo personal, el lavado de zapatos y de ropa, por lo que la sobrecarga de la red de agua potable es real; además, cada planta de tratamiento también utiliza un alto consumo de electricidad.

Lo mismo ocurre con la energía eléctrica en el hogar. El confinamiento eleva el uso de los aparatos eléctricos y, por ende, el consumo de energía se incrementa; no obstante, en estas fechas, cuando la temperatura llega a más de 40 grados a la sombra, los aparatos de aire acondicionado son muy recurridos, por lo que estamos viendo consumos de hasta 5000 pesos en hogares que normalmente pagaban 500 u 800 pesos.

Como muchos sabemos, en Sinaloa, a partir del 1 de mayo entra el subsidio a la energía eléctrica para hogares, pero este apoyo no se vio reflejado en este mes, pues a la mayoría de los recibos se le aplica el subsidio en junio, lo que ocasiona que miles de hogares estén en peligro de quedarse sin la electricidad, ya que la CFE sigue aplicando cortes de energía como si se tratara de una situación normal y no en un escenario de emergencia.

A la vez, nos preocupan las señales que desde el Ejecutivo federal se están mandando. El 15 de mayo se publicó el decreto donde la Secretaría de Energía dio a conocer las reglas adicionales que le dan más control sobre el sistema eléctrico nacional y la suspensión (aunque después de las presiones dieron marcha atrás) de pruebas de 17 centrales de energía renovable —eólicas y fotovoltaicas—, poniendo en riesgo muchos proyectos de producción de energía limpia.

Estas medidas ponen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la única en el país de producir energía eléctrica; sin embargo, la forma en que lo hace la empresa paraestatal es por medio del uso de carbón y combustóleo, por lo que muchos analistas han pronosticado que el precio de electricidad se incrementará en los próximos meses.

Permítanme, ante ello, hacer un llamado a la sociedad de manifestar su inconformidad sobre las tarifas y los errores de cobro cometidos en los recibos a través de las redes sociales. Asimismo, aprovecho para exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía y directamente la CFE, en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica realice la revisión y evalúe la pertinencia de reclasificar las tarifas eléctricas aplicadas en el Estado de Sinaloa y se considere fijar la Tarifa 1F en los 18 municipios, así como revisar las clasificaciones, los errores y los aumentos estratosféricos en el cobro del consumo de energía, pues el alto consumo se debe a la medida preventiva de quedarnos en casa debido a la pandemia.

Gracias y quédense en casa.