/ miércoles 29 de julio de 2020

En Sinaloa no hay justicia en el 98.6% de los delitos

De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 elaborado por la organización nacional Impunidad Cero, la probabilidad de esclarecimiento de un delito en Sinaloa es de 1.4%, lo que quiere decir que en el 98.6% NO SE RESUELVEN O SANCIONAN las acciones u omisiones de los delitos cometidos en el estado.

De acuerdo a los orígenes del derecho penal en México, la justicia en esta materia nace para la defensa de la sociedad y de su fórmula de organización, en aquél momento resultaba independiente sí reparaba el daño a la víctima o no, lo importante era la aplicación de la sanción por haber cometido la acción u omisión delictiva que afectaba a la sociedad; situación que con el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos esto ha cambiado, no solo es suficiente la sanción, si no también la reparación del daño a la víctima, pero ¿En dónde nos perdimos?

Para todo ello, nuestro sistema penal, ha instalado diversos órganos de investigación, persecución, interpretación y aplicación de la normatividad para la administración de justicia con el objetivo de quién cometa alguno de los supuestos previstos en el Código Penal aplicable sea sancionado por la acción u omisión; ya sea que se lleven a cabo de forma instantánea (homicidios, lesiones, etc.), permanente (el secuestro, portación de armas, etc.) o continuada (feminicidio).

Estos órganos autónomos, que no reciben instrucciones del gobernador o gobernadora, por su naturaleza jurídica, para realizar las investigaciones, en el caso de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado de Sinaloa, les asignó para el ejercicio fiscal de este año $1,583,930,480.00 aproximadamente; sin embargo de acuerdo a lo comentado en el informe de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sinaloa es el segundo estado con mayor incidencia en el robo a institución bancaria, sin dictar UNA SOLA sentencia por este delito, es decir, NO HUBO INVESTIGACIÓN, NI PERSECUCIÓN, NI INTERPRETACIÓN, NI SANCIÓN para quien cometió el delito. ¡A nadie se castigó!

Otro de los datos que ventila este informe es el robo de vehículo, ya que señala que de los 4,231 casos registrados ante la Fiscalía General del Estado en 2019, solamente se dictaron 5 sentencias. Lo que quiere decir, que 4,226 se quedaron probablemente sin la resolución condenatoria de sus casos, ya sea a favor o en contra ¡Carpetazos!

Los delitos contra el patrimonio, según al Código Penal local deberán ser sancionados de acuerdo a las agravantes que la misma normatividad contempla, pero podrán ir desde seis meses y hasta ocho años, dependiendo el supuesto de robo y en el caso de realizarlo en una institución bancaria estas penas aumentan hasta veinte años, de acuerdo a cada supuesto en específico.

Pero ¿cuánto cuesta realmente la eficiencia de estos órganos autónomos? El informe revela que 17,115 vehículos fueron robados en 3 años en Sinaloa, lo que equivale al padrón vehicular de 3 municipios completos de Sinaloa ¡Imagínese!; por eso, es que si Usted cotiza un seguro vehicular para su automóvil con placas de este estado el costo se eleva el 20% frente a otros estados cuyos incidentes delictivos no presentan estos conflictos, como Yucatán o Quintana Roo.

Hasta junio 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registrados que en Sinaloa se han realizado 4,221 incidentes contra el patrimonio de las personas, de los cuáles 1,631 han sido a vehículos automotor, es decir la tendencia continua.

De acuerdo al informe del Consejo, el delito de violencia familiar, superó a los delitos de alto impacto como el robo del vehículo, registrando a 10,178 víctimas que denunciaron este delito, lo que equivale a abarrotar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, aproximadamente. En cuanto al delito de lesiones dolosas, fue el tercero de mayor incidencia en el estado, con un total de 2,388 incidentes registrados.

El Código Penal local establece que tanto el delito de violencia familiar como el delito de lesiones con dolo, alcanzarían PRISIÓN, que en el caso del primer supuesto podrían ser hasta por 6 años o más y tratándose de lesiones con dolo podrá ser hasta por 15 años o más, dependiendo el supuesto ¿Qué está pasando con las investigaciones y juzgadores?

En cuanto a los delitos que de forma instantánea o continuada, de acuerdo al informe del Consejo General se registraron durante el 2019, 1,553 incidentes por feminicidios y homicidios en Sinaloa, donde 7 de cada 10 de estos incidentes registrados se llevaron a cabo con arma de fuego, lo que provoca que este delito se configure como grave por el Código Penal aplicable.

Este informe, destaca que los municipios con las tasas más altas donde ocurren los feminicidios son Angostura, Badiraguato, Mocorito, Elota y el Rosario, cinco municipios que ni siquiera están en Alerta de Género y que punteen estadísticas de feminicidios en 2019, es la desastrosa onda expansiva que provoca la impunidad del 85%, lo que quiere decir que solo se resuelve el 15% de los casos feminicidas en Sinaloa ¡atroz!

Los tres municipios con las tasas más altas en violencia familiar son Angostura, Guasave y Culiacán y conforme al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el municipio de Sinaloa que mayor inversión destina a la prevención de la violencia familiar y de género es El Fuerte. En 2019, se registró al número de emergencia 911, 310 llamadas por violencia familiar, frente a Culiacán que registro 9,487 llamadas.

Hasta el 2019, los estados donde existe mayor probabilidad de esclarecimiento del delito son Baja California, Querétaro y Guanajuato, los que tienen más ministerios públicos habilitados para la población son Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo y quienes destinan mayor presupuesto para la procuración de justicia son Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León ¡Bien por ellos!

Sinaloa, en estos tres rubros se encuentra con 1.4% de probabilidad de esclarecimiento de delito, cuenta con 8.9 ministerios públicos habilitados por cada 100 mil habitantes y en 2019, destinó $302.58 per capita en procuración de justicia, ocupando la posición número 17 a nivel nacional en este último indicador, según Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019.

La voz de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y persecuciones de los delitos debe ser exhaustiva, proporcionar atención a las personas victimas u ofendidos o testigos, registrar cada una de las actuaciones entre otras acciones que contribuyen al esclarecimiento de las acciones u omisiones del delito, para que una vez, que llegue al profesional que estudiará el caso, es decir, al JUEZ o JUEZA, la aplicación de la sanción sea tan clara como la misma norma prevista en los códigos penales.

El 96% de impunidad, es un número que refleja la injusticia después de sumar, restar y dividir los delitos; pero para las personas que esperan justicia es la pérdida de un ser querido, de un patrimonio por el que ha trabajado y se ha esforzado y la violencia familiar es morir de a poco ¡Exijamos justicia, pronta y expedita!

De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 elaborado por la organización nacional Impunidad Cero, la probabilidad de esclarecimiento de un delito en Sinaloa es de 1.4%, lo que quiere decir que en el 98.6% NO SE RESUELVEN O SANCIONAN las acciones u omisiones de los delitos cometidos en el estado.

De acuerdo a los orígenes del derecho penal en México, la justicia en esta materia nace para la defensa de la sociedad y de su fórmula de organización, en aquél momento resultaba independiente sí reparaba el daño a la víctima o no, lo importante era la aplicación de la sanción por haber cometido la acción u omisión delictiva que afectaba a la sociedad; situación que con el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos esto ha cambiado, no solo es suficiente la sanción, si no también la reparación del daño a la víctima, pero ¿En dónde nos perdimos?

Para todo ello, nuestro sistema penal, ha instalado diversos órganos de investigación, persecución, interpretación y aplicación de la normatividad para la administración de justicia con el objetivo de quién cometa alguno de los supuestos previstos en el Código Penal aplicable sea sancionado por la acción u omisión; ya sea que se lleven a cabo de forma instantánea (homicidios, lesiones, etc.), permanente (el secuestro, portación de armas, etc.) o continuada (feminicidio).

Estos órganos autónomos, que no reciben instrucciones del gobernador o gobernadora, por su naturaleza jurídica, para realizar las investigaciones, en el caso de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado de Sinaloa, les asignó para el ejercicio fiscal de este año $1,583,930,480.00 aproximadamente; sin embargo de acuerdo a lo comentado en el informe de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sinaloa es el segundo estado con mayor incidencia en el robo a institución bancaria, sin dictar UNA SOLA sentencia por este delito, es decir, NO HUBO INVESTIGACIÓN, NI PERSECUCIÓN, NI INTERPRETACIÓN, NI SANCIÓN para quien cometió el delito. ¡A nadie se castigó!

Otro de los datos que ventila este informe es el robo de vehículo, ya que señala que de los 4,231 casos registrados ante la Fiscalía General del Estado en 2019, solamente se dictaron 5 sentencias. Lo que quiere decir, que 4,226 se quedaron probablemente sin la resolución condenatoria de sus casos, ya sea a favor o en contra ¡Carpetazos!

Los delitos contra el patrimonio, según al Código Penal local deberán ser sancionados de acuerdo a las agravantes que la misma normatividad contempla, pero podrán ir desde seis meses y hasta ocho años, dependiendo el supuesto de robo y en el caso de realizarlo en una institución bancaria estas penas aumentan hasta veinte años, de acuerdo a cada supuesto en específico.

Pero ¿cuánto cuesta realmente la eficiencia de estos órganos autónomos? El informe revela que 17,115 vehículos fueron robados en 3 años en Sinaloa, lo que equivale al padrón vehicular de 3 municipios completos de Sinaloa ¡Imagínese!; por eso, es que si Usted cotiza un seguro vehicular para su automóvil con placas de este estado el costo se eleva el 20% frente a otros estados cuyos incidentes delictivos no presentan estos conflictos, como Yucatán o Quintana Roo.

Hasta junio 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registrados que en Sinaloa se han realizado 4,221 incidentes contra el patrimonio de las personas, de los cuáles 1,631 han sido a vehículos automotor, es decir la tendencia continua.

De acuerdo al informe del Consejo, el delito de violencia familiar, superó a los delitos de alto impacto como el robo del vehículo, registrando a 10,178 víctimas que denunciaron este delito, lo que equivale a abarrotar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, aproximadamente. En cuanto al delito de lesiones dolosas, fue el tercero de mayor incidencia en el estado, con un total de 2,388 incidentes registrados.

El Código Penal local establece que tanto el delito de violencia familiar como el delito de lesiones con dolo, alcanzarían PRISIÓN, que en el caso del primer supuesto podrían ser hasta por 6 años o más y tratándose de lesiones con dolo podrá ser hasta por 15 años o más, dependiendo el supuesto ¿Qué está pasando con las investigaciones y juzgadores?

En cuanto a los delitos que de forma instantánea o continuada, de acuerdo al informe del Consejo General se registraron durante el 2019, 1,553 incidentes por feminicidios y homicidios en Sinaloa, donde 7 de cada 10 de estos incidentes registrados se llevaron a cabo con arma de fuego, lo que provoca que este delito se configure como grave por el Código Penal aplicable.

Este informe, destaca que los municipios con las tasas más altas donde ocurren los feminicidios son Angostura, Badiraguato, Mocorito, Elota y el Rosario, cinco municipios que ni siquiera están en Alerta de Género y que punteen estadísticas de feminicidios en 2019, es la desastrosa onda expansiva que provoca la impunidad del 85%, lo que quiere decir que solo se resuelve el 15% de los casos feminicidas en Sinaloa ¡atroz!

Los tres municipios con las tasas más altas en violencia familiar son Angostura, Guasave y Culiacán y conforme al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el municipio de Sinaloa que mayor inversión destina a la prevención de la violencia familiar y de género es El Fuerte. En 2019, se registró al número de emergencia 911, 310 llamadas por violencia familiar, frente a Culiacán que registro 9,487 llamadas.

Hasta el 2019, los estados donde existe mayor probabilidad de esclarecimiento del delito son Baja California, Querétaro y Guanajuato, los que tienen más ministerios públicos habilitados para la población son Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo y quienes destinan mayor presupuesto para la procuración de justicia son Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León ¡Bien por ellos!

Sinaloa, en estos tres rubros se encuentra con 1.4% de probabilidad de esclarecimiento de delito, cuenta con 8.9 ministerios públicos habilitados por cada 100 mil habitantes y en 2019, destinó $302.58 per capita en procuración de justicia, ocupando la posición número 17 a nivel nacional en este último indicador, según Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019.

La voz de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y persecuciones de los delitos debe ser exhaustiva, proporcionar atención a las personas victimas u ofendidos o testigos, registrar cada una de las actuaciones entre otras acciones que contribuyen al esclarecimiento de las acciones u omisiones del delito, para que una vez, que llegue al profesional que estudiará el caso, es decir, al JUEZ o JUEZA, la aplicación de la sanción sea tan clara como la misma norma prevista en los códigos penales.

El 96% de impunidad, es un número que refleja la injusticia después de sumar, restar y dividir los delitos; pero para las personas que esperan justicia es la pérdida de un ser querido, de un patrimonio por el que ha trabajado y se ha esforzado y la violencia familiar es morir de a poco ¡Exijamos justicia, pronta y expedita!