Elegir a las y los gobernantes es un derecho de la ciudadanía, informar sobre las candidaturas es obligación de la autoridad electoral y garantizar el libre ejercicio de la profesión de periodismo es una obligación de Estado.
México y Colombia comparten más que dichos populares, costumbres, problemas sociales, culturales y relaciones comerciales con Estados Unidos de América, actualmente los perfiles políticos que se encuentran en la disputa presidencial por el país cafetalero son similares a los contendientes presidenciales de hace algunos años en nuestro país.
El domingo pasado la ciudadanía de Colombia participó en la primera vuelta electoral para elegir a su próximo Presidente, la disputa se encuentra entre Gustavo Francisco Petro Urrego y Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.
Gustavo Petro, es un líder de izquierda que representa a la coalición política Pacto Histórico, es líder fundador del partido político Colombia Humana, fue alcalde de la capital del país en Bogotá hace 7 años y ha sido candidato a la presidencia en dos ocasiones, esta sería la tercera elección donde compite para ser Presidente de Colombia; mientras que Federico Gutiérrez representa a la coalición Equipo por Colombia, movimiento de derecha y centro derecha, y recientemente fue alcalde de Medellín.
Las notas periodísticas apuntan a que Gustavo Petro sea el próximo Presidente de Colombia, veremos que sucede el próximo 19 de junio cuando ocurra la segunda vuelta electoral en ese país.
En México también estamos próximos a vivir una contienda electoral, los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas el próximo 05 de junio elegirán a sus gobernantes, representantes del poder ejecutivo estatal; estas elecciones después de las federales sin duda son las más importantes que viven las entidades federativas, porque quién toma las riendas de la política y desarrollo estatal, precisamente son las y los gobernadores.
Las y los titulares del ejecutivo estatal en cada entidad federativa, tienen una amplia tarea y compromiso con la ciudadanía que los elige, pues no solamente son el vinculo directo con el Presidente de la República, si no también con las problemáticas sociales que atraviesa la población en cada Estado; es por ello que uno de los primeros documentos oficiales que publican al tomar las riendas de los gobiernos es el Plan Estatal de Desarrollo, donde prácticamente dan a conocer el proyecto de gobierno que realizarán durante el periodo.
Es por ello, que la información que recibe la ciudadanía de las y los candidatos es muy importante que se obtenga con certeza y accesibilidad, para ello el Instituto Nacional Electoral (INE) difunde a través del https://candidaturas.ine.mx/ los perfiles de cada uno de las y los postulantes a las gobernaturas y cargos de elección popular de cada entidad federativa.
Este portal permite obtener información sobre las y los candidatos fuera de colores e ideologías, simple y sencillamente con datos de quienes son las y los postulantes; sin embargo, hay algo que vale la pena destacar y es el perfil profesional de las personas candidatas, el 44% de quienes se encuentran registrados en esta contienda ante el INE no ingresaron su grado académico y sólo el 31% de este registro cuenta con una licenciatura, ¿Usted contrataría a alguien sin estudios profesionales para desempeñar una función de Estado?
Siendo el INE el árbitro electoral y además quién monitorea el presupuesto público a los partidos políticos debería tener mejor información de las personas registradas en la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 05 de junio.
En Sinaloa, estamos a unos cuantos días de que se cumplan 100 años que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Constitución Política del Estado de 1922 y que actualmente se encuentra vigente, es por ello que este acontecimiento debe ser por demás importante para la ciudadanía sinaloense, pues este documento nos define como población residente de nuestro Estado y establece las normas jurídicas que vinculan a todas las leyes que emite actualmente el congreso local.
Este documento representa las necesidades sociales, ambientales, administrativas y humanitarias de las y los sinaloenses, pues aún cuando su emisión fue en el año de 1922, los mecanismos para garantizar los derechos que ahí se consagran continúan actualizándose.
Un claro ejemplo de que se continúan actualizando los mecanismos legislativos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado, es la reciente aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, la cuál fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado viernes 27 de mayo.
Esto representa un avance legislativo importante para todas las personas que dedican sus días a transmitir, registrar y difundir información a la sociedad, así como a todas aquellas que han encabezado luchas sociales en defensa de los derechos humanos de la población como son las víctimas de feminicidios, desaparecidos, lgbt, entre otros.
Sin duda esta normatividad propone garantizar el derecho a la seguridad y protección de quienes ejercen la profesión del periodismo, pero también de sus familiares, que en muchas ocasiones se despiden de ellas o ellos por las mañanas, sin la certeza de que los volverán a ver por las noches; porque lamentablemente México se encuentra entre los cinco países más riesgosos del mundo para ejercer esta profesión.
Por lo tanto, a partir de esta semana inicia la cuenta regresiva que expone esta ley en sus artículos transitorios para designar a seis personas consejeras que integrarán el Consejo Consultivo, así como a quién dirigirá el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los puntos resolutivos de este análisis son:
- Es derecho constitucional de la ciudadanía elegir a sus gobernantes, la abstención al voto es la peor decisión en una democracia.
- Protección y seguridad para quienes dedican su vida a informar y luchar por los derechos humanos en el Estado, es derecho vigente en Sinaloa.
