/ viernes 24 de julio de 2020

El uso político de la justicia

El gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación le está quedando a deber, y mucho, a los mexicanos. En más de año y medio de gestión, los resultados de la presente administración federal son escasos y pobres.

Han quedado atrás los días de euforia y optimismo desbordado, por el triunfo electoral y el inicio de un gobierno que despertó grandes expectativas en la ciudadanía, pero que la realidad ha ido gradualmente desinflando. Como siempre ocurre, muchas promesas se hicieron en campaña, pero pocas se han cumplido.

Por donde se vea, los resultados de la 4T son deficitarios. No se ha logrado, ni se logrará, un crecimiento del 4% anual en la economía; no se ha recuperado la paz ni la seguridad pública; vaya, ni con todo el arsenal de programas sociales que se han puesto en operación se ha cumplido el propósito fundamental de la administración federal que es disminuir la desigualdad y la pobreza.

Y la culpa no es solo del COVID-19. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en tono de lamentación señaló: “Tan bien que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia”. Es una afirmación inexacta.

Realmente, las dificultades vienen desde 2019, el primer año del nuevo gobierno. Y el origen de los problemas, en buena medida, tiene que ver con decisiones erráticas, con políticas públicas y programas deficientes.

Es a todas luces evidente, que los males que aquejan al país nos los generó el coronavirus. Solo eso nos faltaba: que se acuse al COVID-19 de ser un agente “neoliberal” y “conservador”, enemigo de la Cuarta Transformación.

Nuestros problemas tienen su origen en las acciones y omisiones del gobierno federal. No hay que olvidar que en 2019 la economía observó una contracción del 0.4% y que ese año también ha sido considerado el más violento en la historia de México, desde que se tienen registros, con 34 mil 582 homicidios dolosos.

La pandemia del coronavirus por supuesto que vino a complicar más las cosas. Los pronósticos de crecimiento de la economía se han derrumbado estrepitosamente. Y no hay la menor duda que el COVID-19 incrementará la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

Si no hay buenas cuentas que dar a los ciudadanos en economía, mejoramiento de la seguridad pública y disminución de la pobreza, ¿qué le queda entonces a la 4T y a su gobierno? Solo una carta: entregar resultados en el combate a la corrupción, que fue la principal bandera que los llevó al poder.

Nadie puede estar en contra del combate decidido y frontal a la corrupción, que a decir de Gabriel Zaid implica el uso privado de las funciones públicas. Lamentablemente, esta ha sido una práctica recurrente y muy perniciosa en la historia antigua y moderna de México.

Ahora bien, para incidir positivamente en el saneamiento de la vida pública, el combate a la corrupción debe darse bajo el respeto estricto y escrupuloso al marco constitucional y legal. El combate a la corrupción debe ser a fondo, sin simulaciones ni criterios selectivos.

El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX en la administración federal anterior, ofrece a la Cuarta Transformación la oportunidad de demostrar un compromiso real y efectivo en el combate a la corrupción.

Desafortunadamente, las primeras señales no son para nada alentadoras. ¿Qué no existe en México una Fiscalía General de la República, con autonomía, responsable de investigar y esclarecer los delitos? ¿Por qué entonces el presidente López Obrador anuncia personalmente que “Lozoya va a hablar” y “ayudará” a esclarecer el “fraude” de la reforma energética? ¿Por qué el ejecutivo federal, revela que el ex director de PEMEX tiene un compromiso con la Fiscalía y anticipa que hará “revelaciones trascendentes y muy fuertes?”. ¿Por qué el presidente de la república asume el papel de ministerio público y asegura que “Lozoya ya empieza a mencionar a políticos y el manejo del dinero?”.

Habría que recordar que Emilio Lozoya decidió apegarse al criterio de oportunidad, previsto en el Código de Procedimientos Penales, bajo la figura de “testigo colaborador”, que se supone aportará información sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre la corrupción y sobornos en PEMEX.

A cambio de dicha “colaboración”, Lozoya estará en condiciones de acceder a importantes beneficios, como un juicio corto, reducción o extinción de penas y libertad anticipada. Estos beneficios, pueden extenderse incluso a sus familiares.

El acuerdo del ex director de PEMEX con el gobierno de la 4T debe ser sustantivo, porque quien ha sido acusado como un gran corrupto ha recibido un trato verdaderamente privilegiado. A más de una semana de haber llegado extraditado a México, Emilio Lozoya todavía no rinde su declaración ministerial, ni pisa un reclusorio, porque fue llevado a un hospital de lujo, por supuestos trastornos de salud, curiosamente no advertidos por las autoridades españolas.

Lo deseable, en este caso, es que el juicio al que deberá someterse el ex director de PEMEX sea absolutamente transparente y apegado a derecho. Sería muy lamentable, que este proceso se subordine a las necesidades políticas del gobierno federal y del presidente de la república.

Desafortunadamente, las cosas no han iniciado bien. Todo parece indicar que en el caso Lozoya veremos un uso político de la justicia. Seremos testigos de una telenovela en varios capítulos, con la “administración” de declaraciones, revelaciones y filtraciones, manipuladas con un fin eminentemente político.

Como diría el clásico, ahora sí que la detención y voluntad de “colaboración” de Emilio Lozoya le ha caído al gobierno de la Cuarta Transformación “como anillo al dedo”, para generar una cortina de humo e intentar desviar la atención del desastre sanitario y económico que está dejando como saldo la pandemia del COVID-19.

La disyuntiva que el tiempo aclarará, es si el caso Lozoya abre la posibilidad de un combate real y a fondo de la corrupción, o si por el contrario todo son fuegos de artificio y la montaña termina pariendo un ratón. Ya veremos si el uso político de la justicia le alcanza al presidente Andrés Manuel López Obrador para minimizar la violencia desbordada e incontrolable y los impactos negativos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, con tanto cierre de empresas, desempleo, crecimiento de la pobreza y el dolor por la pérdida de miles y miles de vidas humanas. Alguien tiene que responder por esta tragedia nacional.

El gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación le está quedando a deber, y mucho, a los mexicanos. En más de año y medio de gestión, los resultados de la presente administración federal son escasos y pobres.

Han quedado atrás los días de euforia y optimismo desbordado, por el triunfo electoral y el inicio de un gobierno que despertó grandes expectativas en la ciudadanía, pero que la realidad ha ido gradualmente desinflando. Como siempre ocurre, muchas promesas se hicieron en campaña, pero pocas se han cumplido.

Por donde se vea, los resultados de la 4T son deficitarios. No se ha logrado, ni se logrará, un crecimiento del 4% anual en la economía; no se ha recuperado la paz ni la seguridad pública; vaya, ni con todo el arsenal de programas sociales que se han puesto en operación se ha cumplido el propósito fundamental de la administración federal que es disminuir la desigualdad y la pobreza.

Y la culpa no es solo del COVID-19. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en tono de lamentación señaló: “Tan bien que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia”. Es una afirmación inexacta.

Realmente, las dificultades vienen desde 2019, el primer año del nuevo gobierno. Y el origen de los problemas, en buena medida, tiene que ver con decisiones erráticas, con políticas públicas y programas deficientes.

Es a todas luces evidente, que los males que aquejan al país nos los generó el coronavirus. Solo eso nos faltaba: que se acuse al COVID-19 de ser un agente “neoliberal” y “conservador”, enemigo de la Cuarta Transformación.

Nuestros problemas tienen su origen en las acciones y omisiones del gobierno federal. No hay que olvidar que en 2019 la economía observó una contracción del 0.4% y que ese año también ha sido considerado el más violento en la historia de México, desde que se tienen registros, con 34 mil 582 homicidios dolosos.

La pandemia del coronavirus por supuesto que vino a complicar más las cosas. Los pronósticos de crecimiento de la economía se han derrumbado estrepitosamente. Y no hay la menor duda que el COVID-19 incrementará la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

Si no hay buenas cuentas que dar a los ciudadanos en economía, mejoramiento de la seguridad pública y disminución de la pobreza, ¿qué le queda entonces a la 4T y a su gobierno? Solo una carta: entregar resultados en el combate a la corrupción, que fue la principal bandera que los llevó al poder.

Nadie puede estar en contra del combate decidido y frontal a la corrupción, que a decir de Gabriel Zaid implica el uso privado de las funciones públicas. Lamentablemente, esta ha sido una práctica recurrente y muy perniciosa en la historia antigua y moderna de México.

Ahora bien, para incidir positivamente en el saneamiento de la vida pública, el combate a la corrupción debe darse bajo el respeto estricto y escrupuloso al marco constitucional y legal. El combate a la corrupción debe ser a fondo, sin simulaciones ni criterios selectivos.

El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX en la administración federal anterior, ofrece a la Cuarta Transformación la oportunidad de demostrar un compromiso real y efectivo en el combate a la corrupción.

Desafortunadamente, las primeras señales no son para nada alentadoras. ¿Qué no existe en México una Fiscalía General de la República, con autonomía, responsable de investigar y esclarecer los delitos? ¿Por qué entonces el presidente López Obrador anuncia personalmente que “Lozoya va a hablar” y “ayudará” a esclarecer el “fraude” de la reforma energética? ¿Por qué el ejecutivo federal, revela que el ex director de PEMEX tiene un compromiso con la Fiscalía y anticipa que hará “revelaciones trascendentes y muy fuertes?”. ¿Por qué el presidente de la república asume el papel de ministerio público y asegura que “Lozoya ya empieza a mencionar a políticos y el manejo del dinero?”.

Habría que recordar que Emilio Lozoya decidió apegarse al criterio de oportunidad, previsto en el Código de Procedimientos Penales, bajo la figura de “testigo colaborador”, que se supone aportará información sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre la corrupción y sobornos en PEMEX.

A cambio de dicha “colaboración”, Lozoya estará en condiciones de acceder a importantes beneficios, como un juicio corto, reducción o extinción de penas y libertad anticipada. Estos beneficios, pueden extenderse incluso a sus familiares.

El acuerdo del ex director de PEMEX con el gobierno de la 4T debe ser sustantivo, porque quien ha sido acusado como un gran corrupto ha recibido un trato verdaderamente privilegiado. A más de una semana de haber llegado extraditado a México, Emilio Lozoya todavía no rinde su declaración ministerial, ni pisa un reclusorio, porque fue llevado a un hospital de lujo, por supuestos trastornos de salud, curiosamente no advertidos por las autoridades españolas.

Lo deseable, en este caso, es que el juicio al que deberá someterse el ex director de PEMEX sea absolutamente transparente y apegado a derecho. Sería muy lamentable, que este proceso se subordine a las necesidades políticas del gobierno federal y del presidente de la república.

Desafortunadamente, las cosas no han iniciado bien. Todo parece indicar que en el caso Lozoya veremos un uso político de la justicia. Seremos testigos de una telenovela en varios capítulos, con la “administración” de declaraciones, revelaciones y filtraciones, manipuladas con un fin eminentemente político.

Como diría el clásico, ahora sí que la detención y voluntad de “colaboración” de Emilio Lozoya le ha caído al gobierno de la Cuarta Transformación “como anillo al dedo”, para generar una cortina de humo e intentar desviar la atención del desastre sanitario y económico que está dejando como saldo la pandemia del COVID-19.

La disyuntiva que el tiempo aclarará, es si el caso Lozoya abre la posibilidad de un combate real y a fondo de la corrupción, o si por el contrario todo son fuegos de artificio y la montaña termina pariendo un ratón. Ya veremos si el uso político de la justicia le alcanza al presidente Andrés Manuel López Obrador para minimizar la violencia desbordada e incontrolable y los impactos negativos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, con tanto cierre de empresas, desempleo, crecimiento de la pobreza y el dolor por la pérdida de miles y miles de vidas humanas. Alguien tiene que responder por esta tragedia nacional.