La importancia de los sistemas de justicia locales no se reduce solamente a la tarea –de por sí difícil– de solucionar los conflictos legales de la ciudadanía. Quizá no tenemos consciencia suficiente de ello, pero existe abundantísima evidencia sobre cómo los sistemas de justicia juegan asimismo un papel primordial en el crecimiento económico que tanto requiere nuestro país.
En este momento, el lector podrá ya advertirlo: un entorno de extorsión, violencia e inseguridad ahuyenta las inversiones, eleva costos económicos y pone en peligro la integridad física y el patrimonio de las personas. Ante los elevados índices de criminalidad, podría deducirse –atinadamente– que el principal problema del sistema de justicia se encuentra en la procuración de justicia (con las fiscalías y sus ministerios públicos que persiguen delitos). Es verdad que los niveles de impunidad son monumentales (alrededor del 94% de los delitos no son denunciados ni investigados) y es verdad, también, que las fiscalías están repletas de problemas estructurales. Sin embargo, ello no debe conducirnos a pensar que el problema de la justicia mexicana se encuentra solamente en la procuración y no en la impartición de justicia.
Como prueba, pongamos nuestra mirada en los sistemas de impartición de justicia estatales y veamos los desafíos que también tiene México en ese frente. En primer lugar, no restrinjamos las cifras a la materia penal. El desbordado ámbito penal es, en realidad,pequeño si lo comparamos con los asuntos de otras materias del fuero local. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 del INEGI, en los estados el total se elevó, en 2018, a 2,126,936 asuntos, de los cuales la materia penal solamente ocupa el 7.6%, el civil29.7%, el familiar 38.4%, el mercantil 22.6% y otras 1.5%, exceptuándose todos los asuntos laborales ycontenciosos administrativos. Es decir, las causas penales son una porción relativamente reducida respecto del resto de materias.
Además, el total de causas federales, en 2018, ascendió, en cambio, a 1,031,292 casos (de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2019) contra los más de 2 millones del fuero local ya mencionados. Ello nos muestra que los asuntos del fuero localson muy superiores a los del fuero federal. Visto así, un mar de problemasen los poderes judiciales comienza a vislumbrarse.
En suma, no todos los desafíos de la justicia mexicana se limitan a la persecución de delitos, es decir, a las fiscalías. Se extiende también a los tribunales federales y, en especial, a los locales. Si excluimos la materia penal, veremos que hay un sinfín de conflictos de naturaleza civil y mercantil que afectan las vidas y los bolsillos de los ciudadanos, los cuales son ventilados precisamente en los poderes judiciales locales. La protección de nuestra propiedad ante un tribunal, el reclamo de un pago pendiente, la defensa de nuestro negocio o nuestras inversiones, ante el atropello de nuestros derechos, la modificación caprichosa de los términos legalesde un contratoo su incumplimiento, así como la celeridad o la lentitud con que se resuelven dichas disputas tienen, en suma, consecuencias millonarias. Dicho de otro modo, la fortaleza o debilidad del Estado de derecho tiene un impacto tanto en las pequeñas como en las grandes sumas de dinero de los ciudadanos (sean o no comerciantes) y, por lo tanto, en el desempeño económico de nuestro país.
Para ello, el recurso humano con que cuentan los poderes judiciales estatales resulta crucial. De conformidad con datos del INEGI, Sinaloa cuenta con 5 jueces por cada 100 mil habitantes. En cambio, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, en Croacia hay hasta 45. Lo másinteresante es que Croacia es también el país con el índice más bajode impunidad, lo cual nos permite establecer una correlación entrela impunidad, la capacidad de atención y el recurso humano disponible para su seguimiento.
Otro ámbito clave para el desarrollo del recurso humano de los poderes judiciales locales, en beneficio de la ciudadanía, es la instauración de un verdadero servicio profesional de la carrera judicial. Me refiero –como sucede en otros países– al establecimiento de exámenes de oposición abiertos al público para el ingreso a la institución, así como exámenes de oposición para cualquier ascenso laboral una vez que se ha ingresado. Es verdad que se crearon los Consejos de la Judicatura estatales, los cuales administran la carrera judicial de cada entidad federativa, pero yo hablo de convocatorias laborales publicadas en un mes concreto, cada año, en que recién egresados de las escuelas de derecho y abogados experimentados puedan competir por una plaza, revisar concursos anteriores, verificar sus resultados e interponer recursos en caso de inconformidad. Es decir, debemos comenzar a imaginar una burocracia de primer mundo –los mexicanos la merecen– en el que todo puesto de trabajo (salvo ciertas excepciones) se obtengan mediante concursos de oposición. Si uno hace clic en “Convocatorias para ocupar cargos jurisdiccionales” del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, la página no conduce literalmente a ningún lado.
Es bien sabido que en los poderes judiciales locales está ausente esa clase de rigor en la designación de plazas. Julio Ríos, investigador del CIDE, mostró en un estudio revelador–con evidencia incontrovertible y con la anuencia de la institución– algo que era un secreto a voces: las enormes dimensiones del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.De hecho, las reformas emprendidas recientemente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia van encaminadas a crear una auténtica carrera judicial, combatir el nepotismo, el acoso sexual y la corrupción.
Otro aspecto importante es que cada poder judicial local haga públicas todas sus sentencias (obviamentecon la debida protección de datos personales). Ello no solo abona a la transparencia propia de una sociedad democrática, sino que también posibilita la vigilancia de los ciudadanos respecto de la labor que realizan sus jueces. La página web del Poder Judicial del Estado de Sinaloa hace públicas solo una parte minúscula de sus sentencias (en especial, la de sus salas). La ONG denominada “Equis” considera que ningún poder judicial estatal cumple con los estándares de máxima publicidad que contempla la ley. El Poder Judicial del Estado de Durango es el único que publica todas las sentencias que dicta. Este escenario provocó que apenas el 29 de julio del 2020 los legisladores federales aprobaran una reforma a la Ley General de Transparencia para obligar a los poderes judiciales a hacer públicas todas sus sentencias.
Los datos del INEGI y las investigaciones que generan las ONG’s proporcionan una infinidad de información valiosísima sobre los poderes judiciales locales que, lamentablemente, no es posible agotar en este espacio. Solo diré esto último a propósito de las herramientas tecnológicas: diversas organizaciones han señalado que únicamente Coahuila y Nuevo León cuentan con todos y cada uno de los siguientes mecanismos digitales: recepción y trámite de demandas, recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones, celebración de audiencias, tribunal electrónico, firma digital para servicios en línea y publicidad de audiencias penales en tiempo real.
Es probable que algún abogado me diga que prefiere trabajar a la antiguay con trapiches, y que no tiene ningún interés en usar herramientas nuevas. Sin embargo, me permitiré decir que cada minuto y cada segundo ahorrado significa dinero y eleva la productividad que tanto requiere México. ¿Quiere usted ejemplos del impacto que la tecnología genera en nuestra vida diaria? Piense usted tan solo en cada transferencia bancaria que un patrón hace a sus empleados (en lugar de formarse durante horas en los bancos), en cada programa informático de contabilidad, en cada computadora que utilizamos, en cada contrato celebrado por internet y cada en cada autentificación legal y digital que millones realizan cada día. Sin duda, los mexicanos merecen mejores instituciones de justicia: los ciudadanos ganarían confianza. Y, con ello, también ganarían las propias instituciones.
