/ martes 10 de mayo de 2022

El nuevo Plan Estatal de Desarrollo para Sinaloa

Sin duda, uno de los pendientes legislativos de lo que van a constituir las bases constitucionales de la Cuarta Transformación es el que se refiere a la planeación. Reformar el artículo 26 de la Constitución para fortalecer la planeación democrática, con una perspectiva de corto (un año), mediano (sexenio respectivo) y largo plazo (20 o 30 años), es la gran tarea.

Dicha propuesta debe incluir que el proceso de la elaboración, diseño, aprobación y ejecución del presupuesto esté vinculado a la planeación, lo mismo que la evaluación y rendición de cuentas, entrelazados, como una cadena. En este orden: planeación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas; hasta debería incluirse que los objetivos y metas no cumplidos se incorporen al proceso de entrega, recepción para que la siguiente administración los retome. Ello sería, auténticamente, gobernar para el largo plazo, con responsabilidad de Estado.

La consulta no debe agotarse en el diseño, elaboración y presentación del Plan de Desarrollo. Los diferentes sectores de la sociedad deben ser incorporados al seguimiento y evaluación del mismo, de manera permanente. Eso significa atender el criterio constitucional de una planeación democrática y deliberativa, sobre todo ahora que México camina, con éxito, hacia la democracia participativa.

La adecuación de la administración pública a la planeación y no a la inversa, debe considerar el hecho de que ningún órgano, dependencia o área debe quedar excluida del cumplimiento de programas, acciones, metas u objetivos de dicho plan. Ello incluye, a través de convenios o acuerdos, a los órganos autónomos, descentralizados, desconcentrados o paraestatales, en el marco del respeto a las autonomías. También a las universidades e instituciones diversas que se encuentren en el territorio comprendido.

Bajo estas premisas de la necesaria reforma constitucional, deriva una nueva Ley de Planeación para el país, pues fue en 1930 cuando tuvimos la primera, y hasta 1983 la “nueva” que es la que nos rige actualmente, con siete reformas en la historia, siendo en 2018 la más reciente. Las transformaciones que han sufrido el mundo y México no han sido consideradas en la planeación del Estado mexicano, en casi 40 años. Nomás en este breve análisis cronológico queda claro el tamaño del compromiso que tiene la mayoría legislativa en materia de planeación democrática.

En lo que respecta a Sinaloa, la Ley de Planeación es de 1987, y solo ha tenido tres reformas en la última década: en 2013, 2015 y 2017. Se ha presentado ante el Congreso del Estado una nueva ley, que se ha trabajado por las organizaciones del sector productivo desde hace casi diez años. Buen punto de partida, sin duda.

En este marco, debemos analizar el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, presentado hace dos semanas por el gobernador Rubén Rocha Moya. Porque es necesario que la ciudadanía se apropie de este documento que contiene las formas, contenidos y tiempos para realizar las aspiraciones y anhelos, no solo de los más de 600 000 ciudadanos que votaron por su proyecto, sino de todos y cada uno de los sinaloenses.

En la nueva etapa democratizadora que vivimos, la práctica de guardar en los archivos el PED o que solo sea de consulta académica, sería inaceptable. El documento debe convertirse en la brújula del gobierno y la sociedad. Será necesaria la coadyuvancia, para el logro de los objetivos, de todas las dependencias y órganos de la administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias.

Como se puede observar en su lectura y análisis, en el PED 2022-2027 encontramos un diagnóstico del estado que guarda Sinaloa, en lo social, económico, cultural y político, poniendo como prioridad el combate a la pobreza y la desigualdad. En los tres ejes estratégicos (bienestar social sostenible, desarrollo económico y gobierno democrático, promotor de la paz, seguridad, ética y eficiencia) encontramos programas, metas, acciones y objetivos para contribuir, desde Sinaloa, a la construcción del estado de bienestar.

La definición de las cuatro características del tipo de gobierno que se oferta a los sinaloenses, como democracia, inclusión, austeridad y eficacia, son compromisos que se asumen frente a retos como la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en el combate a todas las violencias contra las mujeres y más específicamente, contra la violencia extrema que es el feminicidio.

Así como el compromiso de observar y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, reduciendo los impactos de los efectos del cambio climático, como las sequías, heladas y huracanes; proponerse atender los problemas estructurales del sector primario sobre todo de la agricultura, ganadería y la pesca y acuacultura, recuperando su rentabilidad, lo que conlleva a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la industrialización de dicho sector agropecuario, no es cosa menor; no digamos la perspectiva del desarrollo urbano, que incluye el fortalecimiento de la infraestructura y movilidad de nuestro sistema de ciudades, especialmente, de las de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; la diversificación de la industria turística recuperando el sistema de pueblos mágicos y señoriales, así como el desarrollo del turismo deportivo, entre otros ejes del plan presentado, obliga a la realización de un esfuerzo de elaboración de precriterios presupuestales, incluyendo los recursos federales y municipales.

No porque haya una vinculación legal, sino por razones de eficacia y ética gubernamentales. La organización presupuestal y de gasto antes del plan es una y después del plan debe ser otra, pues ya hay compromisos institucionales, no solo de campaña.

En suma, los retos aquí comentados involucran los planos legislativo y ejecutivo. A nivel constitucional, es viable una reforma pactada con la oposición, en esta y otras materias, para darle un mayor orden a la organización del Estado mexicano. No olvidemos que estamos en las fechas en que se cumple un año que no se aprueban reformas constitucionales. Las reformas secundarias serían de mayor facilidad.

Finalmente, vale la pena que Sinaloa sea ejemplo nacional en la planeación democrática, tanto en su diseño, elaboración, reorientación presupuestal y seguimiento y rendición de cuentas. Tenemos todo para ello: gobierno, legisladores y pueblo organizado.

Sin duda, uno de los pendientes legislativos de lo que van a constituir las bases constitucionales de la Cuarta Transformación es el que se refiere a la planeación. Reformar el artículo 26 de la Constitución para fortalecer la planeación democrática, con una perspectiva de corto (un año), mediano (sexenio respectivo) y largo plazo (20 o 30 años), es la gran tarea.

Dicha propuesta debe incluir que el proceso de la elaboración, diseño, aprobación y ejecución del presupuesto esté vinculado a la planeación, lo mismo que la evaluación y rendición de cuentas, entrelazados, como una cadena. En este orden: planeación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas; hasta debería incluirse que los objetivos y metas no cumplidos se incorporen al proceso de entrega, recepción para que la siguiente administración los retome. Ello sería, auténticamente, gobernar para el largo plazo, con responsabilidad de Estado.

La consulta no debe agotarse en el diseño, elaboración y presentación del Plan de Desarrollo. Los diferentes sectores de la sociedad deben ser incorporados al seguimiento y evaluación del mismo, de manera permanente. Eso significa atender el criterio constitucional de una planeación democrática y deliberativa, sobre todo ahora que México camina, con éxito, hacia la democracia participativa.

La adecuación de la administración pública a la planeación y no a la inversa, debe considerar el hecho de que ningún órgano, dependencia o área debe quedar excluida del cumplimiento de programas, acciones, metas u objetivos de dicho plan. Ello incluye, a través de convenios o acuerdos, a los órganos autónomos, descentralizados, desconcentrados o paraestatales, en el marco del respeto a las autonomías. También a las universidades e instituciones diversas que se encuentren en el territorio comprendido.

Bajo estas premisas de la necesaria reforma constitucional, deriva una nueva Ley de Planeación para el país, pues fue en 1930 cuando tuvimos la primera, y hasta 1983 la “nueva” que es la que nos rige actualmente, con siete reformas en la historia, siendo en 2018 la más reciente. Las transformaciones que han sufrido el mundo y México no han sido consideradas en la planeación del Estado mexicano, en casi 40 años. Nomás en este breve análisis cronológico queda claro el tamaño del compromiso que tiene la mayoría legislativa en materia de planeación democrática.

En lo que respecta a Sinaloa, la Ley de Planeación es de 1987, y solo ha tenido tres reformas en la última década: en 2013, 2015 y 2017. Se ha presentado ante el Congreso del Estado una nueva ley, que se ha trabajado por las organizaciones del sector productivo desde hace casi diez años. Buen punto de partida, sin duda.

En este marco, debemos analizar el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, presentado hace dos semanas por el gobernador Rubén Rocha Moya. Porque es necesario que la ciudadanía se apropie de este documento que contiene las formas, contenidos y tiempos para realizar las aspiraciones y anhelos, no solo de los más de 600 000 ciudadanos que votaron por su proyecto, sino de todos y cada uno de los sinaloenses.

En la nueva etapa democratizadora que vivimos, la práctica de guardar en los archivos el PED o que solo sea de consulta académica, sería inaceptable. El documento debe convertirse en la brújula del gobierno y la sociedad. Será necesaria la coadyuvancia, para el logro de los objetivos, de todas las dependencias y órganos de la administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias.

Como se puede observar en su lectura y análisis, en el PED 2022-2027 encontramos un diagnóstico del estado que guarda Sinaloa, en lo social, económico, cultural y político, poniendo como prioridad el combate a la pobreza y la desigualdad. En los tres ejes estratégicos (bienestar social sostenible, desarrollo económico y gobierno democrático, promotor de la paz, seguridad, ética y eficiencia) encontramos programas, metas, acciones y objetivos para contribuir, desde Sinaloa, a la construcción del estado de bienestar.

La definición de las cuatro características del tipo de gobierno que se oferta a los sinaloenses, como democracia, inclusión, austeridad y eficacia, son compromisos que se asumen frente a retos como la perspectiva de género en todas las políticas públicas, especialmente en el combate a todas las violencias contra las mujeres y más específicamente, contra la violencia extrema que es el feminicidio.

Así como el compromiso de observar y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, reduciendo los impactos de los efectos del cambio climático, como las sequías, heladas y huracanes; proponerse atender los problemas estructurales del sector primario sobre todo de la agricultura, ganadería y la pesca y acuacultura, recuperando su rentabilidad, lo que conlleva a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la industrialización de dicho sector agropecuario, no es cosa menor; no digamos la perspectiva del desarrollo urbano, que incluye el fortalecimiento de la infraestructura y movilidad de nuestro sistema de ciudades, especialmente, de las de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; la diversificación de la industria turística recuperando el sistema de pueblos mágicos y señoriales, así como el desarrollo del turismo deportivo, entre otros ejes del plan presentado, obliga a la realización de un esfuerzo de elaboración de precriterios presupuestales, incluyendo los recursos federales y municipales.

No porque haya una vinculación legal, sino por razones de eficacia y ética gubernamentales. La organización presupuestal y de gasto antes del plan es una y después del plan debe ser otra, pues ya hay compromisos institucionales, no solo de campaña.

En suma, los retos aquí comentados involucran los planos legislativo y ejecutivo. A nivel constitucional, es viable una reforma pactada con la oposición, en esta y otras materias, para darle un mayor orden a la organización del Estado mexicano. No olvidemos que estamos en las fechas en que se cumple un año que no se aprueban reformas constitucionales. Las reformas secundarias serían de mayor facilidad.

Finalmente, vale la pena que Sinaloa sea ejemplo nacional en la planeación democrática, tanto en su diseño, elaboración, reorientación presupuestal y seguimiento y rendición de cuentas. Tenemos todo para ello: gobierno, legisladores y pueblo organizado.