/ martes 23 de junio de 2020

El CONAPRED, un logro social


Después de los sucesos del 68 y principios de la década de los setenta en nuestro país, muchos luchadores sociales se integraron a distintas instituciones políticas, principalmente de la izquierda mexicana, para seguir su lucha por la igualdad, la inclusión social, la no discriminación, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y otras demandas, buscando proteger, sobre todo, a las clases más vulnerables del país.

Muchas de estas demandas empezaron a verse concretadas a finales del siglo XX y principios del XXI: la estructura tradicional del Estado se transformó y las reformas realizadas a nuestra Constitución Política vinieron a renovar la administración pública federal. De esta manera, se crearon organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados. Dichas modificaciones se reflejaron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que obligó a los funcionarios a hacer su labor más profesional, imparcial y con respeto a los derechos humanos.

Para darnos una idea, los órganos autónomos son instituciones independientes y apartidistas, con atribuciones claves para el desarrollo de nuestra nación: los organismos desconcentrados están jerárquicamente subordinados y son dependientes presupuestalmente de alguna entidad pública; los organismos descentralizados, en cambio, son entidades públicas independientes que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Uno de los personajes centrales, impulsor de estas reformas, luchador social de izquierda, político, diputado federal dos veces y candidato a la presidencia de la República en el año 2000, fue Gilberto Rincón Gallardo. Él, además, fue el primero en denunciar, en una de las campañas políticas, la discriminación que vivían millones de mexicanos. Por eso, muchos ciudadanos lo reconocemos como el “padre” de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación aprobada en el año 2003. Fue, también, presidente fundador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual nace como organismo descentralizado (goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas), de la Secretaria de Gobernación.

Según la página del CONAPRED, dicha institución tiene como objetivos “[…] promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad”; por eso, recibe y resuelve las quejas presentadas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones; además, “desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.”

Es un hecho que el problema de la discriminación sigue presente en nuestra sociedad, y es un tema vigente en las discusiones académicas, de políticas públicas o de organizaciones no gubernamentales. Muchas de estas discusiones y análisis se enfocan, a veces, en una problemática específica, como la de las luchas de las comunidades LGBT, las personas con capacidades diferentes, comunidades indígenas, entre otras agrupaciones. La virtud del CONAPRED es que atiende todas estas problemáticas en una sola institución que trabaja para lograr una sociedad igualitaria en sus derechos humanos.

Por lo anterior, considero que este es uno de los organismos fundamentales en la lucha contra la discriminación, tanto en el ámbito privado como en el público, y que cumple una función esencial en la aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además, detecta nuevas problemáticas sociales no previstas en la Ley –como pueden ser las derivadas de las Tecnologías de Información y Comunicación- y otras que surgen por el desempleo, la pobreza extrema o por emergencias sanitarias como la que estamos viviendo.

A pesar de que el CONAPRED cuenta con facultades de autoridad que le permiten resolver los conflictos derivados de las prácticas discriminatorias, esta no actúa sola, involucra también a las instituciones públicas como el Poder Judicial, quien posee atribuciones específicas para reparar la violación a garantías individuales mediante el juicio de amparo; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual interviene en esos casos de discriminación para efectos de formular recomendaciones; las fiscalías, cuando la discriminación es considerada un delito penal o en su caso, los tribunales civiles para la reparación del daño.

Desde que me adentré en el quehacer político, siempre he trabajado para que no exista discriminación y la igualdad sea una práctica diaria: siendo legislador presenté iniciativas para evitar el bullying en las escuelas; para que las mujeres tuvieran la mismas oportunidades en los cargos públicos, no sólo en candidaturas sino en los puestos administrativos de los tres niveles de gobierno; que todas las personas tuvieran acceso a la salud; que todos los niños tuvieran el derecho a la educación e incorporé a personas con capacidades diferentes como mis colaboradores, entre otras muchas gestiones.

Actualmente, las turbulencias políticas ocasionada por la pandemia y la crisis económica han tenido como consecuencia buscar solucionar la falta de recursos financieros con la eliminación de organismos autónomos, descentralizados o desconcentrados, ignorando las luchas de los movimientos sociales que antecedieron para lograr que estas instituciones como el CONAPRED existan.

La sola insinuación de desaparecer dichos organismos que son una conquista y un avance democrático para nuestra nación, es un acto de discriminación para el pueblo mexicano.


Después de los sucesos del 68 y principios de la década de los setenta en nuestro país, muchos luchadores sociales se integraron a distintas instituciones políticas, principalmente de la izquierda mexicana, para seguir su lucha por la igualdad, la inclusión social, la no discriminación, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y otras demandas, buscando proteger, sobre todo, a las clases más vulnerables del país.

Muchas de estas demandas empezaron a verse concretadas a finales del siglo XX y principios del XXI: la estructura tradicional del Estado se transformó y las reformas realizadas a nuestra Constitución Política vinieron a renovar la administración pública federal. De esta manera, se crearon organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados. Dichas modificaciones se reflejaron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que obligó a los funcionarios a hacer su labor más profesional, imparcial y con respeto a los derechos humanos.

Para darnos una idea, los órganos autónomos son instituciones independientes y apartidistas, con atribuciones claves para el desarrollo de nuestra nación: los organismos desconcentrados están jerárquicamente subordinados y son dependientes presupuestalmente de alguna entidad pública; los organismos descentralizados, en cambio, son entidades públicas independientes que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Uno de los personajes centrales, impulsor de estas reformas, luchador social de izquierda, político, diputado federal dos veces y candidato a la presidencia de la República en el año 2000, fue Gilberto Rincón Gallardo. Él, además, fue el primero en denunciar, en una de las campañas políticas, la discriminación que vivían millones de mexicanos. Por eso, muchos ciudadanos lo reconocemos como el “padre” de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación aprobada en el año 2003. Fue, también, presidente fundador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual nace como organismo descentralizado (goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas), de la Secretaria de Gobernación.

Según la página del CONAPRED, dicha institución tiene como objetivos “[…] promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad”; por eso, recibe y resuelve las quejas presentadas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones; además, “desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.”

Es un hecho que el problema de la discriminación sigue presente en nuestra sociedad, y es un tema vigente en las discusiones académicas, de políticas públicas o de organizaciones no gubernamentales. Muchas de estas discusiones y análisis se enfocan, a veces, en una problemática específica, como la de las luchas de las comunidades LGBT, las personas con capacidades diferentes, comunidades indígenas, entre otras agrupaciones. La virtud del CONAPRED es que atiende todas estas problemáticas en una sola institución que trabaja para lograr una sociedad igualitaria en sus derechos humanos.

Por lo anterior, considero que este es uno de los organismos fundamentales en la lucha contra la discriminación, tanto en el ámbito privado como en el público, y que cumple una función esencial en la aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además, detecta nuevas problemáticas sociales no previstas en la Ley –como pueden ser las derivadas de las Tecnologías de Información y Comunicación- y otras que surgen por el desempleo, la pobreza extrema o por emergencias sanitarias como la que estamos viviendo.

A pesar de que el CONAPRED cuenta con facultades de autoridad que le permiten resolver los conflictos derivados de las prácticas discriminatorias, esta no actúa sola, involucra también a las instituciones públicas como el Poder Judicial, quien posee atribuciones específicas para reparar la violación a garantías individuales mediante el juicio de amparo; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual interviene en esos casos de discriminación para efectos de formular recomendaciones; las fiscalías, cuando la discriminación es considerada un delito penal o en su caso, los tribunales civiles para la reparación del daño.

Desde que me adentré en el quehacer político, siempre he trabajado para que no exista discriminación y la igualdad sea una práctica diaria: siendo legislador presenté iniciativas para evitar el bullying en las escuelas; para que las mujeres tuvieran la mismas oportunidades en los cargos públicos, no sólo en candidaturas sino en los puestos administrativos de los tres niveles de gobierno; que todas las personas tuvieran acceso a la salud; que todos los niños tuvieran el derecho a la educación e incorporé a personas con capacidades diferentes como mis colaboradores, entre otras muchas gestiones.

Actualmente, las turbulencias políticas ocasionada por la pandemia y la crisis económica han tenido como consecuencia buscar solucionar la falta de recursos financieros con la eliminación de organismos autónomos, descentralizados o desconcentrados, ignorando las luchas de los movimientos sociales que antecedieron para lograr que estas instituciones como el CONAPRED existan.

La sola insinuación de desaparecer dichos organismos que son una conquista y un avance democrático para nuestra nación, es un acto de discriminación para el pueblo mexicano.