El 5 de agosto del presente año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emitió los resultados sobre las estimaciones de pobreza multidimensional en el ámbito nacional y estatal de 2018 y 2020.
Recordemos que en la Ley General de Desarrollo Social, en el capítulo VI, se puntualiza la definición y medición de pobreza en nuestro país. Dicho capítulo contiene el artículo 36, que contempla los nueve indicadores que estructuran esta medición, y en su última modificación, ocurrida en 2018, toma en cuenta tres grandes grupos. El primero de ellos se basa en los derechos sociales, lo cual representa el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la seguridad social, los servicios básicos de vivienda y una alimentación nutritiva y de calidad, como también la calidad y espacios de una vivienda digna.
Otro grupo corresponde al bienestar económico, que está basado en el ingreso corriente per cápita, evaluado a través del ingreso inferior a la línea de pobreza y pobreza extrema. El tercer grupo es el relacionado con el ámbito territorial, tomando en cuenta los últimos dos indicadores, el grado de cohesión y accesibilidad a la carretera pavimentada.
Por otro lado, el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los estudios deben realizarse con una periodicidad mínima de cada dos años por entidad federativa y cada cinco años por municipio. Todo lo anterior tiene como finalidad realizar los cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en el análisis de los resultados obtenidos por cada evaluación de la pobreza multidimensional en nuestro país.
En México, por fortuna, contamos con una base jurídica modificada a lo largo del tiempo, que nos permite visualizar nuestra realidad nacional, de cada estado y municipio. Analicemos los datos publicados la semana pasada.
El entorno de población en situación de pobreza en el nivel nacional en 2018 representó el 41.9% (51.9 millones de mexicanos) y en 2020 se reporta un 43.9% (55.7 millones de mexicanos), lo que representa una diferencia de dos puntos porcentuales. Desglosando la situación de pobreza en moderada y extrema, observamos el siguiente patrón: el 34.9% y el 7% en 2018, respectivamente, y para 2020, un crecimiento en ambas, para la pobreza moderada del 35.4% y de la extrema en 8.5%.
Dentro del reporte, el CONEVAL menciona una reducción en el porcentaje de población en situación de pobreza en 13 estados de la república; los tres primeros son: Nayarit, con una reducción de 5.3 puntos porcentuales, mientras que Colima y Zacatecas con 3.7 y 3.5, respectivamente.
Los datos sobre Sinaloa requieren de un análisis detallado. La situación de pobreza, definida por el mismo consejo como “al menos una carencia social e ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingreso representada por el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes”, en 2018 representa en nuestra entidad el 31%, es decir, 928,000 ciudadanos, en contraste con 2020, con el 28.1%, lo que equivale a 853,900 sinaloenses.
La situación de pobreza extrema en Sinaloa presenta un aumento, pues tan sólo en 2018 existían 65,600 sinaloenses en esta condición, pero en 2020 se reporta el 2.4%, representado por 73,900 ciudadanos. Aunque en esta nueva medición por entidad no considera la pobreza moderada, me llama la atención que la diferencia de población entre 2018 y 2020 en pobreza extrema es un aumento de 8,300 ciudadanos, los cuales hipotéticamente pasaron de un estatus de pobreza moderada a pobreza extrema.
Otro de los aspectos importantes a mencionar en relación con este análisis es el indicador de carencia al acceso a los servicios de salud. Notemos la tendencia de incremento nacional, puesto que existe una diferencia de 12 puntos porcentuales: en 2018 la población que carecía de este derecho representaba el 16.2%, mientras que para el 2020 hasta en un 28.2%.
Sinaloa no se queda atrás en esta tendencia. En 2018, el 13.2% de la población no contaba con acceso a los servicios de salud y en el año 2020 empeoró la carencia, afectando a 595,400 sinaloenses, lo que significa el 19.6%, de los 3,026,943 que habitamos Sinaloa, según el INEGI. ¿Esto es coincidente con la alta tasa de letalidad por la covid-19 en Sinaloa? Estos datos son el soporte para las reiteradas declaraciones en relación con la alta mortalidad en la clase media baja a consecuencia de esta nueva enfermedad.
Finalmente, coincido con la frase del CONEVAL: “Lo que se mide se puede mejorar”. Pero agregaría que todo mejora con un plan estratégico y no con la acción mediática. Necesitamos actuar. Para Sinaloa esto es un gran reto.
