En la historia de la transición democrática mexicana, un cambio fundamental se registra en los años de 1989 y 1990 del siglo pasado, cuando se reforma la Constitución y se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandató la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), como una organismo público permanente y con un servicio civil de carrera, responsable de organizar los comicios federales.
En sus primeros años de vida el IFE no contó con autonomía plena, ya que su presidente era el secretario de gobernación. Sin embargo, como parte de su Consejo General, además de los representantes de los partidos y del poder legislativo, se incorporaron 6 Consejeros Magistrados, nominados por el presidente de la república y elegidos por la cámara de diputados.
Para 1994 se acuerda una nueva reforma electoral que crea la figura de Consejeros Ciudadanos, propuestos ahora por los grupos parlamentarios en la cámara de diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
Lo importante de esta reforma, es que los representantes de los partidos conservaron solo el derecho a voz, pero sin voto, en el Consejo General del IFE. De esa manera, los Consejeros Ciudadanos contaron por primera vez con mayoría y se convirtieron en el núcleo determinante en las resoluciones del órgano superior de conducción del IFE.
En 1996 se aprueba otra reforma a la Constitución y se expide un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que afirma la autonomía plena del IFE. Con estas modificaciones, el secretario de gobernación deja de fungir como presidente del Consejo General del IFE y se excluye toda participación del gobierno en la organización de los comicios. De igual forma, se quitó el voto a los representantes de los partidos y del poder legislativo, con lo cual las decisiones quedaron solo en manos de los Consejeros Ciudadanos.
Las leyes e instituciones que se fueron perfeccionando durante la transición a la democracia, llevaron finalmente a la ciudadanización de los organismos encargados de organizar las elecciones. Con ello, se ganó en imparcialidad y equidad en la competencia, así como en transparencia y confianza en los resultados.
Sin estas normas y reglas del juego, sin un IFE plenamente ciudadanizado, difícilmente se hubiera reconocido en 1997 el triunfo de la izquierda en el jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, así como la primera alternancia del año 2000 en la presidencia de la república, la reiteración de la victoria panista en los comicios del 2006 y, aunque se resista a reconocerlo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
En 2014 se expide una nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que transforma al IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), con el mismo carácter de organismo público autónomo.
Después de este breve recuento, podemos decir que el INE es uno de los mayores logros de nuestra transición a la democracia. Es también, uno de los mejores ejemplos de construcción institucional exitosa, en el México contemporáneo. Y es importante subrayar, que la izquierda contribuyó de manera decisiva a edificar y perfeccionar esta institución clave para la democracia mexicana.
Por la calidad en el desempeño de su tarea fundamental, que es organizar elecciones con imparcialidad y certeza en sus resultados, el IFE primero y el INE después han merecido incluso el reconocimiento internacional. Esto parece que no ha significado nada para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que en su infrenable vocación de destrucción institucional ha iniciado toda una embestida contra el INE, que puede poner en riesgo a nuestra incipiente democracia.
El primer llamado de alerta, lo vimos con la imposición de John Ackerman como miembro del Comité Técnico de Evaluación, que se encargará de integrar las listas para elegir a cuatro nuevos Consejeros Electorales que estarán en funciones en el período 2020-2029.
Ackerman es un reconocido intelectual “orgánico” de la 4T. Además, es integrante del Instituto de Formación Política de Morena y esposo de la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval. La designación de John Ackerman como parte del Comité Técnico de Evaluación, es sin duda un signo muy preocupante para el futuro del INE, ya que introduce un evidente sesgo partidista en una decisión que debe ser totalmente imparcial.
Pero la embestida no paró ahí. El propio presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el INE, porque dice que es “el organismo más caro del mundo para organizar elecciones” y “nunca ha garantizado elecciones libres y limpias en el país”.
Ante ello, el presidente de la república ha dicho que será “guardián de las elecciones para evitar fraudes”. López Obrador olvida que como titular del poder ejecutivo federal no tiene facultades constitucionales, ni legales, en materia electoral. En México los comicios ya tienen guardianes, que son los partidos que compiten, las autoridades electorales y los ciudadanos que participan en la organización de las elecciones.
Esta declaración del presidente de la república, además de impertinente es grave, porque significa una injerencia indebida e ilegal en el proceso electoral. Resulta muy preocupante que, de cara a los comicios del 2021, el gobierno de la Cuarta Trasformación busque socavar la credibilidad del INE y comience a generar un ambiente de desconfianza, invocando la vieja narrativa del fraude electoral.
Ya sabemos que la vocación de la 4T es conquistar y colonizar todos los espacios públicos. En ese sentido, Denise Dresser advierte el intento de querer “morenizar” el INE, lo que significaría un verdadero regreso al “viejo régimen”, que Andrés Manuel López Obrador denosta todos los días, pero que está empeñado en reconstruir.
El presidente de la república y Morena van por el control del INE, para tener en sus manos la organización de los comicios y buscar restaurar el sistema de partido hegemónico. Esto sería fatal para nuestra democracia, que como condición básica requiere la presencia de un árbitro electoral autónomo, imparcial y ciudadanizado.
