A inicios de la década de 2010, treinta mujeres eran asesinadas por año en Sinaloa; mientras avanza el 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubicó a nuestra entidad como el cuarto lugar nacional en presuntos delitos de feminicidio, y con un promedio de un homicidio doloso contra una mujer al día, a lo que se suma el tener cinco municipios con más delitos de feminicidio.
Detrás de las estadísticas de la violencia feminicida hay personas, familias, envueltas en circunstancias, actos y acciones que deseamos con todas nuestras fuerzas erradicar, siendo lo que más nos lastima socialmente lo que esto repercute en el estado de vulnerabilidad y violencia a la que quedan expuestos las y los hijos menores de edad.
Desde el año 2015 la información contenida en los registros administrativos de la Secretaría de Salud nos presentaba datos alarmantes: un registro de 7,188 egresos hospitalarios por lesiones en personas de 0 a 17 años: los municipios de Cosalá (53.56%), Choix (44.09%), Elota (44.61%) y Mazatlán (40.73%) son los que presentaron el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes lesionados con respecto al total de personas lesionadas registradas.
Otro indicador de violencia es cuando niñas, niños y adolescentes son víctimas de un delito, por lo que de acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en el 2017 fueron víctimas 2,048 (10.52%), y conforme a los resultados de la Encuesta Infantil y Juvenil 2015, en Sinaloa el 18.7% de las y los adolescentes de 14 a 17 años de edad afirmaron sufrir o haber sufrido algún tipo de violencia: verbal (74.3%), física (50.9%), psicológica (32.3%) y sexual (15.1%).
En Sinaloa, derivado del narcotráfico, hemos perdido la capacidad de asombro debido al elevado número de víctimas de homicidios dolosos, donde los varones alcanzan un porcentaje mucho mayor respecto a las mujeres, y es por eso que el reto más importante es diferenciarlo de la violencia de género, ya que mujeres, niñas y adolescentes se encuentran expuestas a esta violencia sin depender de ello su situación de entorno profesional, laboral, civil, entre otros: es su condición de mujer la que genera el riesgo, aún ante la expectativa del cambio social de igualdad.
Y si para nosotros/as resulta incompresible aún esta modalidad de la violencia, imagina lo complejo que ha sido para las hijas e hijos de las víctimas. ¿cómo aseguramos que hemos podido atenderles de manera integral ante el debate y la negación de algunas personas, y las resistencias de las autoridades? Por ello, el aumento de voces para la demanda de protocolos y registros de las víctimas de este lastre social que es el feminicidio han empezado a tener eco ante la reciente entrada en vigor del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio el pasado 4 de agosto.
Este protocolo define y reconoce la condición de orfandad a quienes “por causa del feminicidio (u otro homicidio analizado jurisdiccionalmente con perspectiva de género) de sus madres o cuidadoras, quedan en desamparo y vulnerabilidad, independientemente que no haya sufrido la pérdida del padre y aun cuando se encuentren bajo la tutela y/o custodia de algún integrante de su familia de origen, extensa o ampliada”, y tiene como objetivo unificar los criterios de actuación para garantizar los servicios de protección para las víctimas.
Esperamos la contundencia de su aplicación especialmente en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán, Ahome, El Fuerte, Escuinapa, Elota, Guasave y Sinaloa, por ser donde mayor número de mujeres son asesinadas… Mientras esta realidad no cambie, la violencia nos deja un tufo permanente de dolor y de miedo.
