La política prohibicionista de la cannabis se implementó en diversos países a lo largo del siglo XX, por considerarla una sustancia adictiva. Dicha prohibición incluyó su siembra, posesión, venta y consumo.
Frente al fracaso de las medidas prohibicionistas, desde hace más de dos décadas crece la tendencia a la legalización del uso de esta sustancia. Los países que han avanzado son Uruguay, Perú, Canadá y Estados Unidos en América; España y Holanda en Europa, entre otros. Desde 2017, México ha dado los primeros pasos y en los próximos meses habremos de avanzar sustancialmente en este proceso de regulación.
Gracias al progreso de las investigaciones científicas en la medicina, se ha reforzado la tendencia a la regulación. Estas investigaciones han probado que la cannabis puede contener propiedades útiles para los pacientes del cáncer, debido a su potencial, no solo contra las náuseas, el cansancio y la falta de apetito que genera la aplicación de la quimioterapia, sino por la probable capacidad para disminuir y matar ciertas células cancerígenas.
También con las propiedades medicinales de la cannabis se están tratando enfermedades como la epilepsia y otras que generan dolor crónico, como una alternativa a los opioides que hoy son prescritos para ciertos casos, convirtiéndose en mucho más peligrosos para la salud y la vida.
Otro ámbito de la industria que puede resultar beneficiado es la generación de energías limpias y los textiles, ya que a través del etanol del cáñamo se pueden producir combustibles baratos, sobre todo gasolinas; también del cáñamo hilados y cuerdas en el caso de los textiles.
En la industria de alimentos, por su contenido proteico sobre todo en repostería, se abren también posibilidades, como ya se hace en otras partes del mundo.
La legalización de la cannabis tendrá un impacto positivo en la recaudación fiscal, pues las transacciones que actualmente se realizan en el mercado negro pasarían a la formalidad, lo que podría generar una recaudación de hasta dieciocho mil millones de pesos anuales en el caso mexicano. Es importante que se imponga un nivel impositivo adecuado para las empresas que se dediquen a la producción y venta de cannabis, pues en países como Holanda se ha visto que cuando se imponen altas tasas de impuestos para uso recreativo, resurgen mercados negros. Tampoco la tasa impositiva puede ser tan baja que incentive excesivamente el consumo. Por otro lado, hay también la posibilidad de ahorrar los recursos que se destinan hoy a la persecución y administración de justicia relacionados con la producción, venta y uso del producto.
En este proceso regulatorio debemos evitar que los grupos y empresas trasnacionales de la industria cannábica que ya tienen experiencia como las de bebidas alcohólicas, el tabaco y los fármacos, lleguen y se apropien del mercado exclusivamente: romper esa tendencia monopólica es el reto en el caso mexicano. Por ello es de vital importancia la creación de un órgano regulador (Instituto Nacional) para que sea el estado el que mantenga el control sobre el otorgamiento de licencias para la siembra, el comercio y la nueva industria cannábica.
En la época de la cuarta transformación sería una incongruencia dejar de lado a los productores primarios, las cooperativas sociales y las pequeñas y mediana empresas. Es la hora de hacerle justicia a los perseguidos históricamente, que es el campesinado de las diversas regiones de sembradores que han enriquecido a grandes delincuentes y empresarios de los diversos eslabones de la cadena productiva, actualmente, en el ilícito mercado que han construido.
El estado de Sinaloa por cierto, a reserva de la realización de estudios multidisciplinarios, puede ofrecer oportunidades para la producción social de la cannabis, aprovechando las condiciones climáticas y la experiencia en el cultivo. Como dijimos anteriormente, es la hora de la justicia y el desarrollo para los pueblos productores empobrecidos y criminalizados.
