Quien tiene la autoridad constitucional del ejercicio del gobierno es responsable y tiene la atribución de dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado y de ejercer –con preeminencia respecto de los demás poderes y órganos del Estado-, en el caso de los sistemas presidencialistas- el poder político, sobre una sociedad. Dicho de manera sencilla, gobernar es resolver los problemas del ciudadano mediante la acción gubernamental. Si no se resuelven los problemas, se gobierna, sí, con autoridad (legítimamente), pero se gobierna mal. Si además se gobierna despóticamente, con conocimiento del daño colectivo que causa la acción del gobierno, habrá que preguntarse no solo sobre las verdaderas intenciones del gobernante, sino también sobre la legitimidad de su autoridad.
Es bastante complejo gobernar. Sin embargo, el presidente ha dicho que “no tiene mucha ciencia gobernar”, sugiriendo que presidir, formar y ejercer el poder político del gobierno es relativamente fácil, pero nada dice sobre los criterios objetivos de ejercer un buen gobierno. No es pacífico el concepto de buen gobierno en la doctrina y hay muchas posturas al respecto, pero un criterio aproximado y sencillo lo podemos encontrar en nuestro texto constitucional, ley suprema que nos rige a todos. Si relacionamos esto con el estado actual de la administración pública, los problemas que como país enfrentamos y aquellos que no han sido resueltos o que han sido agravados o peor, que han sido generados imprudentemente, nos podemos dar una idea acerca de si tenemos a la fecha un buen gobierno o uno que no lo es.
Tomemos como ejemplo el artículo 25 constitucional, que establece la garantía del Estado del desarrollo nacional mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo, la promoción de la inversión impulsando a las empresas del sector social y privado a la productividad y sustentabilidad, alentando y protegiendo la actividad económica de los particulares. Pues bien, de acuerdo con las estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica del INEGI, nos encontramos con que hay una contracción anual anticipada del IGAE, que pasa de (-) 4.2% en diciembre de 2020, a (-) 4.4 % en enero de 2021, con caída económica de 8.5%, caída en inversión entre 2018 y 2019 equivalente a poco más de 400 mil millones de pesos (mmp), previéndose una cantidad similar para 2020 (¡800 mmp en los siguientes dos años! en inversiones pospuestas o canceladas), 10 millones de nuevos pobres y 12 millones sin ingresos, más de 400 mil muertos por COVID (estimado no oficial), más de 30 mil homicidios violentos anuales e insuficiencia de vacunas.
El artículo 134 constitucional, dice que los recursos económicos de que disponga la Federación se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Vemos entonces que de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2019 hecha por la Auditoría Superior de la Federación, que entregó a la Cámara de Diputados 871 informes individuales completados con 1,358 auditorías practicadas, se desprende que solo en el primer año de gobierno, las instituciones públicas federales ejercieron de manera irregular 44 mil 364 mmp, el gobierno desapareció (apropiándose) fideicomisos públicos con costo de 68 mmp. Daño a las finanzas públicas al pagar -para que no se construyera-, más de 200 mmp el aeropuerto (el de Texcoco). Con la iniciativa de ley preferente en materia energética mandada por el gobierno al legislativo, además que resulta inconstitucional porque frena la competencia y la certidumbre jurídica de los inversionistas, se expondrá a sanciones económicas –vía el T-MEC-, lluvia de amparos por indemnizaciones, se cancelan las subastas del mercado eléctrico (el gobierno quiere que toda la energía que produce CFE se compre primero, aún cuando haya oferta de energía más barata para el consumidor), se potencia el uso de energías caras y altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo en vez de las más baratas como las energías solar y eólica. La CFE va a gastar este año 400 mp y 500 millones de dólares es lo que tiene para nuevos proyectos, cuando México necesita gastar cada año 5 mil millones de dólares para atender la nueva demanda eléctrica del país, año con año, recursos que sin la participación de las inversiones privadas CFE no tiene.
Cuál es el balance, ¿buen gobierno o mal gobierno?
