/ martes 6 de octubre de 2020

Autoridad sorda ante reclamo ciudadano

Autoridad sorda ante reclamo social

Sinaloa es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de peticiones o propuestas a la autoridad municipal por cada 100,000 habitantes, sin embargo, el 11% de las autoridades municipales no contaba con espacios de participación y/o consulta ciudadana hasta el 2018.

A nivel nacional, las peticiones que con mayor frecuencia se recibieron a las administraciones públicas municipales fueron: tránsito, seguridad pública, servicios públicos, obras públicas, desarrollo social, educación y salud.

Sinaloa, hasta 2019 registró a través de llamadas al teléfono de emergencia (911) 23,010 llamadas por violencia familiar y ocupaba el noveno lugar con mayor frecuencia de disparos en la vía pública.

En materia educativa, se registró que el 85% de las escuelas públicas de nivel básico en Sinaloa no tenían, hasta 2019, integrado un Consejo Escolar de Participación Social que permitiera a padres de familia, docentes y directivos tomar decisiones para mejorar el entorno educativo.

En Sinaloa, hasta el 2019, el 65% de la población accedió a algún servicio cultural (artes plásticas, cine, danza, festival, literatura, museo, música, patrimonio, teatro) de acuerdo con el Instituto Sinaloense de la Cultura ¿Usted acudió?

La participación social, permite a la ciudadanía activar su derecho de audiencia, para que, a través de sus peticiones y propuestas a las autoridades federales, estatales y municipales, la población en las comunidades urbanas y rurales acceda a los derechos humanos (educación, salud, seguridad, cultura, medio ambiente entre otros) de una forma organizada, transparente y ágil. Este se encuentra previsto en el artículo 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ejemplo: ¿Usted cree que alguien solicitó colocar “morrines” en las bancas de Culiacán? O ¿El logo Puro Sinaloa por todas partes?

El acceso al derecho a la educación previsto en el artículo 3° Constitucional establece que es obligación del Estado impartirla y garantizarla y que esta debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esto permite, la participación de docentes, directivos y padres de familia a través de la integración de Consejos Escolares de Participación Social, que desde su creación en 2014 a través de los Lineamientos vigentes y actualmente a través de la Ley General de Educación, estos deben integrarse por 15 personas, entre ellos padres de familia que tengan hijas e hijos inscritos en la escuela, director y docentes, con el fin de manifestar opiniones y propuestas pedagógicas, así como la atención a necesidades de infraestructura.

Asimismo, el acceso al derecho a la cultura previsto en el artículo 4° Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales, para lo cuál el Estado establecerá los mecanismos para su libre acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Ambos derechos constitucionales, son reconocidos como derechos humanos de la población mundial, lo que quiere decir que les pertenecen a las personas por el solo hecho de ser tal, y que les permite su máxima realización material y espiritual, con responsabilidad para su propia comunidad.

Es por ello, que la propia corte suprema del país ha determinado que para garantizar la efectividad del derecho a la educación deben ocurrir una serie obligaciones impuestas tanto al Estado como a las asociaciones civiles y particulares, en la promoción, respeto y garantía, ya sea en su carácter de sujetos obligados (Estado/Asociación Civil) o titulares de derecho (particulares) de acuerdo con la relación jurídica de la que se esté hablando.

Por ejemplo: la comunidad educativa, actualmente tanto padres de familia, alumnado y docencia, instalaron aulas virtuales en casa ¿recibieron todos ellos apoyo económico para realizar esto?... en la mayoría de los casos la respuesta será: NO. Sin embargo, lo están haciendo desde el mes de marzo, aun cuando los indicadores nos dicen que, de 34 millones de hogares en México, solamente 18.3 millones de hogares dispone de una conexión fija o móvil a internet; además el docente que imparte la materia recibe un salario promedio de $266 pesos, los cuáles debe de invertirlos en internet, computadora, energía eléctrica y en el caso de los estados con clima cálido como Sinaloa, aire acondicionado.

Del 15% de los Consejos Escolares de Participación Social que hay en Sinaloa ¿Cuántos han ofrecido apoyo a los docentes que están impartiendo clases virtuales a sus hijas e hijos?, o bien Cuál ha sido la estrategia de los padres de familia para solicitar al gobierno equipo de cómputo, subsidio de internet, energía eléctrica, o bien compartir internet entre la comunidad educativa cercana para acceder a la educación a distancia.

Lo mismo ocurre con el acceso a la cultura, que sólo a través de los que tienen acceso a internet han podido participar y disfrutar de este derecho por medios digitales actualmente.

Sinaloa, ocupa el cuarto y sexto lugar a nivel nacional donde ocurren más secuestros y extorsiones, respectivamente. La deserción escolar se pronosticaba en esta pandemia en un 20% respecto al ciclo 2018-2019 y hace más de 4 años se encuentra en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Con todo y esto la ciudadanía y las organizaciones civiles proponen programas que a nivel nacional e internacional impactan, como ha sido el trabajo virtual mostrado en fechas recientes por Proeduca Sinaloa quienes fueron reconocidos dentro de los 10 mejores proyectos de emprendimiento social por Ashoka (Red Mundial de Emprendedores Sociales) presentando su programa de “ACEPS” y Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa con actividades virtuales culturales con alianzas nacionales (Fundación AXA México y Fundación BBVA México), ejerciendo así su derecho de participación social y contribuyendo al acceso a la educación y cultura de la población.

La población sinaloense ¡quiere, exige y propone! a diferencia de otros Estados, los indicadores señalan que NO estamos dormidos, los que se encuentran escondidos son quienes nos deben respuestas ¡Busquémoslas!

CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/abg.henderson https://twitter.com/abg_henderson

Autoridad sorda ante reclamo social

Sinaloa es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de peticiones o propuestas a la autoridad municipal por cada 100,000 habitantes, sin embargo, el 11% de las autoridades municipales no contaba con espacios de participación y/o consulta ciudadana hasta el 2018.

A nivel nacional, las peticiones que con mayor frecuencia se recibieron a las administraciones públicas municipales fueron: tránsito, seguridad pública, servicios públicos, obras públicas, desarrollo social, educación y salud.

Sinaloa, hasta 2019 registró a través de llamadas al teléfono de emergencia (911) 23,010 llamadas por violencia familiar y ocupaba el noveno lugar con mayor frecuencia de disparos en la vía pública.

En materia educativa, se registró que el 85% de las escuelas públicas de nivel básico en Sinaloa no tenían, hasta 2019, integrado un Consejo Escolar de Participación Social que permitiera a padres de familia, docentes y directivos tomar decisiones para mejorar el entorno educativo.

En Sinaloa, hasta el 2019, el 65% de la población accedió a algún servicio cultural (artes plásticas, cine, danza, festival, literatura, museo, música, patrimonio, teatro) de acuerdo con el Instituto Sinaloense de la Cultura ¿Usted acudió?

La participación social, permite a la ciudadanía activar su derecho de audiencia, para que, a través de sus peticiones y propuestas a las autoridades federales, estatales y municipales, la población en las comunidades urbanas y rurales acceda a los derechos humanos (educación, salud, seguridad, cultura, medio ambiente entre otros) de una forma organizada, transparente y ágil. Este se encuentra previsto en el artículo 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ejemplo: ¿Usted cree que alguien solicitó colocar “morrines” en las bancas de Culiacán? O ¿El logo Puro Sinaloa por todas partes?

El acceso al derecho a la educación previsto en el artículo 3° Constitucional establece que es obligación del Estado impartirla y garantizarla y que esta debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esto permite, la participación de docentes, directivos y padres de familia a través de la integración de Consejos Escolares de Participación Social, que desde su creación en 2014 a través de los Lineamientos vigentes y actualmente a través de la Ley General de Educación, estos deben integrarse por 15 personas, entre ellos padres de familia que tengan hijas e hijos inscritos en la escuela, director y docentes, con el fin de manifestar opiniones y propuestas pedagógicas, así como la atención a necesidades de infraestructura.

Asimismo, el acceso al derecho a la cultura previsto en el artículo 4° Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales, para lo cuál el Estado establecerá los mecanismos para su libre acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Ambos derechos constitucionales, son reconocidos como derechos humanos de la población mundial, lo que quiere decir que les pertenecen a las personas por el solo hecho de ser tal, y que les permite su máxima realización material y espiritual, con responsabilidad para su propia comunidad.

Es por ello, que la propia corte suprema del país ha determinado que para garantizar la efectividad del derecho a la educación deben ocurrir una serie obligaciones impuestas tanto al Estado como a las asociaciones civiles y particulares, en la promoción, respeto y garantía, ya sea en su carácter de sujetos obligados (Estado/Asociación Civil) o titulares de derecho (particulares) de acuerdo con la relación jurídica de la que se esté hablando.

Por ejemplo: la comunidad educativa, actualmente tanto padres de familia, alumnado y docencia, instalaron aulas virtuales en casa ¿recibieron todos ellos apoyo económico para realizar esto?... en la mayoría de los casos la respuesta será: NO. Sin embargo, lo están haciendo desde el mes de marzo, aun cuando los indicadores nos dicen que, de 34 millones de hogares en México, solamente 18.3 millones de hogares dispone de una conexión fija o móvil a internet; además el docente que imparte la materia recibe un salario promedio de $266 pesos, los cuáles debe de invertirlos en internet, computadora, energía eléctrica y en el caso de los estados con clima cálido como Sinaloa, aire acondicionado.

Del 15% de los Consejos Escolares de Participación Social que hay en Sinaloa ¿Cuántos han ofrecido apoyo a los docentes que están impartiendo clases virtuales a sus hijas e hijos?, o bien Cuál ha sido la estrategia de los padres de familia para solicitar al gobierno equipo de cómputo, subsidio de internet, energía eléctrica, o bien compartir internet entre la comunidad educativa cercana para acceder a la educación a distancia.

Lo mismo ocurre con el acceso a la cultura, que sólo a través de los que tienen acceso a internet han podido participar y disfrutar de este derecho por medios digitales actualmente.

Sinaloa, ocupa el cuarto y sexto lugar a nivel nacional donde ocurren más secuestros y extorsiones, respectivamente. La deserción escolar se pronosticaba en esta pandemia en un 20% respecto al ciclo 2018-2019 y hace más de 4 años se encuentra en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Con todo y esto la ciudadanía y las organizaciones civiles proponen programas que a nivel nacional e internacional impactan, como ha sido el trabajo virtual mostrado en fechas recientes por Proeduca Sinaloa quienes fueron reconocidos dentro de los 10 mejores proyectos de emprendimiento social por Ashoka (Red Mundial de Emprendedores Sociales) presentando su programa de “ACEPS” y Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa con actividades virtuales culturales con alianzas nacionales (Fundación AXA México y Fundación BBVA México), ejerciendo así su derecho de participación social y contribuyendo al acceso a la educación y cultura de la población.

La población sinaloense ¡quiere, exige y propone! a diferencia de otros Estados, los indicadores señalan que NO estamos dormidos, los que se encuentran escondidos son quienes nos deben respuestas ¡Busquémoslas!

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