En los últimos días el gobierno federal ha emprendido dos determinaciones que han acaparado el debate político en los medios de comunicación y en los espacios formales de toma de decisiones, como las dos cámaras del Congreso de la Unión: la firma del Acuerdo para la Reactivación Económica, firmado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la conferencia del lunes 5 de octubre, y la iniciativa parlamentaria para eliminar 109 fideicomisos de apoyo a diversos temas y asuntos nacionales.
En el primer caso, desde hace varios meses Carlos Salazar, presidente del citado organismo empresarial, venía impulsando este acercamiento con el objetivo de hacer sinergia con los proyectos de desarrollo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus palabras, “para una reactivación económica con equidad, se requiere reforzar la atención a los sectores de la población más desfavorecidos y un ambiente de negocios propicio para la inversión donde impere la certeza, con reglas claras y estables y bajo la conducción de un Estado de derecho fuerte y eficaz”.
Sin duda, se trata de una acción positiva que aporta a la necesidad de reactivar nuestra economía, la cual decrecerá este año un 10%. Es una alianza IP-Gobierno que nos recuerda en algo aquellos eventos impulsados por el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe a finales de los años ochenta, conocidos como los Pactos de Solidaridad Económica.
En el caso actual son 39 proyectos en los ramos de comunicaciones y transportes, energía, turismo, agua potable, saneamiento y medio ambiente, con una inversión total de 297,344 millones de pesos; por cierto, una cantidad menor si la comparamos con el poco recordado Acuerdo Nacional de Infraestructura firmado el 26 de noviembre, que era por 859,000 millones de pesos, más del doble, y distribuidos en 147 proyectos.
Al final de su exposición, Carlos Salazar señaló: “Trabajaremos en conjunto para lograr el objetivo de una inversión, de manera continua, de 25% del PIB, basado en las ventajas competitivas del país, activando un gran número de proyectos adicionales a los que ya están en marcha, con fuerte participación privada, con base en su rentabilidad social y económica.” Una meta bastante ambiciosa si tomamos en cuenta que ni en los años previos a la pandemia llegamos a ese anhelado porcentaje, pues el 22% del PIB ha sido el monto máximo de la inversión en México, de los cuales 19% lo aporta la IP y 3% la inversión pública del gobierno.
Enhorabuena por este segundo acuerdo de coordinación de esfuerzos con el sector privado. La inversión y el consumo son los principales factores que dinamizan la economía; esperemos que rápido otros sectores como el turismo, las exportaciones y la construcción, vuelvan a los niveles previos a la pandemia y se recupere el millón de empleos formales que hemos perdido.
En lo que respecta a la eliminación de los 109 fideicomisos aprobada por los diputados y que ahora le corresponde al Senado ratificar, es una medida que debería tener matices y partir de un diagnóstico muy serio de su viabildiad y sus resultados. Es totalmente equivocado decir que a posteriori se van a explicar las supuestas suciedades que se escondían bajo esta figura jurídica.
Me parece que la académica Verónica Baz ha expuesto con mucha claridad las razones por las que se ha utilizado ampliamente este instrumento administrativo: “Un fideicomiso es una herramienta que resuelve muchos problemas. El dinero puede ser destinado para ciertos fines de manera programada, no se necesita estar sujeto al ciclo de gasto del Gobierno, permite proyectos multianuales y con una visión de mediano y largo plazo, lo cual es muy útil sobre todo con proyectos de infraestructura, investigación, educación, salud y cultura. También garantiza que ciertas políticas públicas permanezcan, independientemente del gobierno en turno” (Reforma, 9 de octubre de 2020).
De hecho, la proliferación de fideicomisos se ha debido precisamente a la exigencia de muchos grupos vulnerables para que el apoyo gubernamental se institucionalice y no esté sujeto a los vaivenes sexenales y, peor, a los humores del gobernante en turno. No es exagerado decir que en la constitución de cada fideicomiso existe una historia de lucha para que el Estado le reconozca prioridad a una causa social.
Es cuestión de leer algunos de sus títulos para reconocer su relevancia pública: Para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; Fondo de Desastres Naturales (Fonden); Para el Deporte de Alto Rendimiento; De Inversión y Estímulos al Cine; Fondo de Ciencia y Tecnología; Fondo Metropolitano; Fondo de Apoyo a ex Trabajadores Migrantes, etcétera.
No podemos hacer tabla rasa con los fideicomisos bajo la premisa genérica de que son opacos y un nido de corrupción. Hay que evaluar el resultado de cada uno y mantener los que sí funcionan. Y existen las condiciones para ello, pues hace años que dejaron de estar protegidos por el secreto fiduciario, tienen la calidad de sujetos obligados en las leyes de transparencia, son auditados por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, rinden informes periódicos a la Secretaría de Hacienda y son dirigidos por un comité técnico, no por una burocracia asalariada.
Hay que recordar que el mismo presidente de la república creó un fideicomiso con el objetivo de lograr la rehabilitación del Centro Histórico cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, contando con la participación del sector privado en la figura del presidente del grupo Carso, el empresario Carlos Slim Helú. En conclusión, bien por el esfuerzo para reactivar la inversión, pero ojalá se recapacite en la eliminación de los fideicomisos.
Culiacán Sinaloa, a 12 de octubre del 2020.
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