/ lunes 3 de mayo de 2021

Apoyar el campo e ir contra la corrupción, es prioridad en la 4T

Sinaloa es un estado privilegiado por la gran diversidad de sus recursos naturales y la enorme capacidad productiva de su gente, lo que bien podría colocarlo como uno de los estados más ricos del país, pero las distorsiones en el ejercicio de gobierno en los últimos años, que ha priorizado en la ganancia económica de una élite empresarial por encima de las necesidades sociales, bajo una lógica pragmática de mercado impregnada por la corrupción y la impunidad, han propiciado el debilitamiento de los sectores productivos y la concentración de la riqueza en unos pocos.

Sabemos que la generación de riqueza no hace a un estado rico si ésta no se ve reflejada en mejores niveles de vida y de bienestar de las mayorías, por lo que es necesario pasar de la lógica del mercado a un sistema de desarrollo económico incluyente, con equidad y justicia social, que atienda el mercado pero también el desarrollo humano; que aliente una mayor generación de riqueza pero con efectivos esquemas distribución, donde les vaya bien a todos, a empresarios, agricultores y comerciantes, pero también, y de manera prioritaria, a ejidatarios, comuneros, pequeños comerciantes, pescadores cooperativistas, pequeños y medianos empresarios, entre otros.

Esta es la idea de aplicación de la 4T en Sinaloa y para lograrlo es fundamental combatir a la corrupción y la impunidad en el gobierno estatal, reorientar del gasto público para incentivar la producción y fortalecer los sistemas de salud, educación, servicios públicos y seguridad. En esta perspectiva es prioridad la atención a los que menos tienen y una política incluyente para la incorporación a la administración estatal, de las mujeres y los jóvenes, y una vinculación estrecha y directa con todos los sectores sociales para asesorar las decisiones y las acciones del nuevo gobierno.

Desmantelamiento del campo

Uno de los primeros efectos del neoliberalismo económico en México, a principios de la década de los 90s, fue el desmantelamiento del campo. Altos funcionarios gubernamentales y sus amigos hicieron jugosos negocios con la importación de granos transgénicos y de baja calidad, inundando el mercado nacional para tumbar los precios de las cosechas de los campesinos mexicanos y haciendo inviable que volvieran a sembrar. Miles terminaron vendiendo sus parcelas para emigrar a los Estados Unidos en busca de empleo y mejores niveles de vida y de bienestar, perdiendo su identidad como productores. Otros pasaron a las filas de la pobreza extrema y otros cientos de miles padecen aun los efectos de un sistema que favorece más a proveedores transnacionales, importadores e intermediarios, que a los propios productores, mientras que estos amplían hoy las listas de los nuevos millonarios de México.

Con 800 mil hectáreas de riego, Sinaloa es el principal productor de alimentos del país. Produce casi 6 millones de toneladas de maíz blanco, papa, garbanzo, frijol, ajonjolí, maíz amarillo y hortalizas, lo que debería colocarlo como uno de los estados más ricos de México, sin embargo, miles de los que producen esos alimentos viven hoy en la pobreza y, algunos, en la pobreza extrema. La riqueza que se genera en el campo sinaloense no se ve reflejada en el bolsillo ni en la mesa de las familias de los miles de ejidatarios, pequeños productores y comuneros que la producen. Esto es el resultado de un sistema inequitativo de producción y comercialización, y de un gobierno de privilegiados, que permite concentrar la ganancia en unos pocos, pues hay sobradas evidencias de que, en el gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, hay quienes usan los puestos para hacer negocios al margen de la ley, con el conocimiento y la complacencia de la autoridad estatal. Por ello, uno de los principales ejes de la implementación de la 4T en Sinaloa, será el combate a la corrupción y la impunidad en el gobierno.

Sistema integral de apoyo al campo

Hay que decir, por otra parte, que la mayoría de los productores agrícolas no necesitan que el gobierno les de dinero para que puedan vivir mejor, sino que se les ayude a desarrollar su potencial productivo mediante un sistema eficiente y equitativo de producción y comercialización, que le permita aumentar la cantidad y calidad de su producción y obtener mayores ingresos de la venta de sus productos. Un sistema que garantice créditos oportunos, suficientes y baratos; más calidad y menor costo en los insumos. Un sistema estatal de comercialización para fijar precios piso; industrialización de la producción primaria, más inversión en infraestructura y tecnología en la red hidráulica para enfrentar la sequía. Un sistema integral de apoyos que, incluso, prohíba la importación de productos como el maíz transgénico.

Sabemos que poner en marcha un sistema integral de apoyo a la producción requiere hacer una inversión económica muy importante, pero sobre todo, requiere voluntad de parte del gobierno estatal y un verdadero compromiso con los productores, pues dinero hay, pero se gasta en frivolidades. El gobierno estatal tiene recursos fiscales por cerca de 3 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios que no tienen clave presupuestal y que se gastan de manera discrecional en áreas no prioritarias, como en promover la imagen del gobernador, por lo que es necesario reorientar el gasto hacia áreas prioritarias y asignar una clave presupuestal a esos recursos, para que los apoyos no estén sujetos a la voluntad o a la conveniencia del gobernador.

Fondo inicial con inversión estatal

Para poner en marcha este sistema de apoyo a la producción, hay que crear un fondo inicial con inversión estatal y gestionar más recursos del gobierno federal, pues los recursos estatales no serían suficientes, y para asegurar que este sistema genere beneficios para todos, es necesario que los propios productores, agricultores, ejidatarios, comuneros, se conviertan en los asesores del gobierno, que propongan, operen y vigilen el funcionamiento de este sistema, pues no se trata sólo de generar más riqueza, sino de que ésta se vea reflejada en los niveles de vida y de bienestar de los productores sinaloenses.

Lo mismo hay que hacer con otros sectores productivos, como la ganadería y la pesca, la apicultura y muchas otras actividades que tienen un enorme potencial productivo, pero la mayoría de quienes la ejercen viven en la pobreza, porque sus potenciales ingresos se diluyen en el pago de insumos, servicios y comercialización. Resulta incongruente, por ejemplo, que Sinaloa, con 650 kilómetros de litoral, 12 bahías, 15 esteros, 12 presas, más de 220 mil hectáreas de lagunas litorales y el 25% de las cooperativas pesqueras del país, la mayoría de los pescadores vivan en la pobreza y el gobierno estatal no tenga una clave presupuestal para el apoyo a la pesca, por lo que asignar una clave presupuestal de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca es ya un compromiso de la 4T que se aterrizará en Sinaloa con el triunfo de la alianza PAS-Morena el 6 de junio.

Sinaloa es un estado privilegiado por la gran diversidad de sus recursos naturales y la enorme capacidad productiva de su gente, lo que bien podría colocarlo como uno de los estados más ricos del país, pero las distorsiones en el ejercicio de gobierno en los últimos años, que ha priorizado en la ganancia económica de una élite empresarial por encima de las necesidades sociales, bajo una lógica pragmática de mercado impregnada por la corrupción y la impunidad, han propiciado el debilitamiento de los sectores productivos y la concentración de la riqueza en unos pocos.

Sabemos que la generación de riqueza no hace a un estado rico si ésta no se ve reflejada en mejores niveles de vida y de bienestar de las mayorías, por lo que es necesario pasar de la lógica del mercado a un sistema de desarrollo económico incluyente, con equidad y justicia social, que atienda el mercado pero también el desarrollo humano; que aliente una mayor generación de riqueza pero con efectivos esquemas distribución, donde les vaya bien a todos, a empresarios, agricultores y comerciantes, pero también, y de manera prioritaria, a ejidatarios, comuneros, pequeños comerciantes, pescadores cooperativistas, pequeños y medianos empresarios, entre otros.

Esta es la idea de aplicación de la 4T en Sinaloa y para lograrlo es fundamental combatir a la corrupción y la impunidad en el gobierno estatal, reorientar del gasto público para incentivar la producción y fortalecer los sistemas de salud, educación, servicios públicos y seguridad. En esta perspectiva es prioridad la atención a los que menos tienen y una política incluyente para la incorporación a la administración estatal, de las mujeres y los jóvenes, y una vinculación estrecha y directa con todos los sectores sociales para asesorar las decisiones y las acciones del nuevo gobierno.

Desmantelamiento del campo

Uno de los primeros efectos del neoliberalismo económico en México, a principios de la década de los 90s, fue el desmantelamiento del campo. Altos funcionarios gubernamentales y sus amigos hicieron jugosos negocios con la importación de granos transgénicos y de baja calidad, inundando el mercado nacional para tumbar los precios de las cosechas de los campesinos mexicanos y haciendo inviable que volvieran a sembrar. Miles terminaron vendiendo sus parcelas para emigrar a los Estados Unidos en busca de empleo y mejores niveles de vida y de bienestar, perdiendo su identidad como productores. Otros pasaron a las filas de la pobreza extrema y otros cientos de miles padecen aun los efectos de un sistema que favorece más a proveedores transnacionales, importadores e intermediarios, que a los propios productores, mientras que estos amplían hoy las listas de los nuevos millonarios de México.

Con 800 mil hectáreas de riego, Sinaloa es el principal productor de alimentos del país. Produce casi 6 millones de toneladas de maíz blanco, papa, garbanzo, frijol, ajonjolí, maíz amarillo y hortalizas, lo que debería colocarlo como uno de los estados más ricos de México, sin embargo, miles de los que producen esos alimentos viven hoy en la pobreza y, algunos, en la pobreza extrema. La riqueza que se genera en el campo sinaloense no se ve reflejada en el bolsillo ni en la mesa de las familias de los miles de ejidatarios, pequeños productores y comuneros que la producen. Esto es el resultado de un sistema inequitativo de producción y comercialización, y de un gobierno de privilegiados, que permite concentrar la ganancia en unos pocos, pues hay sobradas evidencias de que, en el gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, hay quienes usan los puestos para hacer negocios al margen de la ley, con el conocimiento y la complacencia de la autoridad estatal. Por ello, uno de los principales ejes de la implementación de la 4T en Sinaloa, será el combate a la corrupción y la impunidad en el gobierno.

Sistema integral de apoyo al campo

Hay que decir, por otra parte, que la mayoría de los productores agrícolas no necesitan que el gobierno les de dinero para que puedan vivir mejor, sino que se les ayude a desarrollar su potencial productivo mediante un sistema eficiente y equitativo de producción y comercialización, que le permita aumentar la cantidad y calidad de su producción y obtener mayores ingresos de la venta de sus productos. Un sistema que garantice créditos oportunos, suficientes y baratos; más calidad y menor costo en los insumos. Un sistema estatal de comercialización para fijar precios piso; industrialización de la producción primaria, más inversión en infraestructura y tecnología en la red hidráulica para enfrentar la sequía. Un sistema integral de apoyos que, incluso, prohíba la importación de productos como el maíz transgénico.

Sabemos que poner en marcha un sistema integral de apoyo a la producción requiere hacer una inversión económica muy importante, pero sobre todo, requiere voluntad de parte del gobierno estatal y un verdadero compromiso con los productores, pues dinero hay, pero se gasta en frivolidades. El gobierno estatal tiene recursos fiscales por cerca de 3 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios que no tienen clave presupuestal y que se gastan de manera discrecional en áreas no prioritarias, como en promover la imagen del gobernador, por lo que es necesario reorientar el gasto hacia áreas prioritarias y asignar una clave presupuestal a esos recursos, para que los apoyos no estén sujetos a la voluntad o a la conveniencia del gobernador.

Fondo inicial con inversión estatal

Para poner en marcha este sistema de apoyo a la producción, hay que crear un fondo inicial con inversión estatal y gestionar más recursos del gobierno federal, pues los recursos estatales no serían suficientes, y para asegurar que este sistema genere beneficios para todos, es necesario que los propios productores, agricultores, ejidatarios, comuneros, se conviertan en los asesores del gobierno, que propongan, operen y vigilen el funcionamiento de este sistema, pues no se trata sólo de generar más riqueza, sino de que ésta se vea reflejada en los niveles de vida y de bienestar de los productores sinaloenses.

Lo mismo hay que hacer con otros sectores productivos, como la ganadería y la pesca, la apicultura y muchas otras actividades que tienen un enorme potencial productivo, pero la mayoría de quienes la ejercen viven en la pobreza, porque sus potenciales ingresos se diluyen en el pago de insumos, servicios y comercialización. Resulta incongruente, por ejemplo, que Sinaloa, con 650 kilómetros de litoral, 12 bahías, 15 esteros, 12 presas, más de 220 mil hectáreas de lagunas litorales y el 25% de las cooperativas pesqueras del país, la mayoría de los pescadores vivan en la pobreza y el gobierno estatal no tenga una clave presupuestal para el apoyo a la pesca, por lo que asignar una clave presupuestal de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca es ya un compromiso de la 4T que se aterrizará en Sinaloa con el triunfo de la alianza PAS-Morena el 6 de junio.